Luego de 10 meses sin gobierno y dos elecciones generales en un año, Pedro Sánchez logró la presidencia de España por sólo dos votos de diferencia en el Congreso de los Diputados –167 a favor, 165 en contra y 18 abstenciones–, gracias a una “coalición progresista”. Ese resultado desató la furia de los partidos de derecha que le recriminan al mandatario apoyarse en “comunistas” y “terroristas” para lograrlo. MADRID (Proceso).– España estrenó la semana pasada su primer gobierno de coalición basado en el pacto entre el socialista Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el dirigente de Unidas Podemos –surgido del espíritu de regeneración política del movimiento de los indignados– que irrumpió hace cinco años. No obstante, esta autodenominada “coalición progresista” enfrenta enormes retos por la debilidad de sus apoyos, de los cuales quizá los de mayor calado sean alejar el conflicto catalán de la vía judicial para encararlo a través del diálogo, la discusión política y el acuerdo, así como sacar adelante unos nuevos presupuestos. Enfrente tiene a un exaltado bloque de la derecha y de la ultraderecha, formada por el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (C’s), que ya anunció que no darán tregua al nuevo gobierno, al que buscan desbarrancar, a pesar de ser un Ejecutivo legítimo y con todo el respaldo constitucional. Sánchez revalidó así su mandato al que llegó luego de sacar avante la moción de censura contra Mariano Rajoy por los escándalos de corrupción que aquejan al PP, pero esa fragilidad de los apoyos de su gobierno no garantiza la estabilidad tras el largo periodo de parálisis que ha marcado la vida política española. La “coalición progresista” suma no sólo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a Unidas Podemos, sino a otras fuerzas políticas minoritarias que le dieron los 167 votos para alcanzar la mayoría simple. A esta suma ayudó la abstención acordada con los 18 diputados del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya y los vascos de EH Bildu. Sólo dos votos por encima de los 165 de una extraña coalición de partidos que votaron en contra. En esa singular amalgama estuvieron además del bloque de la derecha, otras fuerzas como Junts per Cat, el partido a favor de la independencia de Cataluña, y otras formaciones regionalistas. Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, adelantó en su columna del 31 de diciembre pasado lo que llamó “lawfare contra el nuevo gobierno”, la guerra jurídica contra el nuevo Ejecutivo, teniendo como arma los tribunales. Consiste, explicó, en “judicializar la vida política para paralizar al gobierno. Es un intento de ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas”. Muy similar a la conspiración judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, explicó, “la ambición programática del nuevo gobierno es directamente proporcional a la virulencia de los enemigos declarados en su contra”. Los planes de gobierno van a tener enfrente una “coalición de poderes económicos, políticos y mediáticos que están hoy muy incómodos ante estas nuevas reformas”. Las invectivas de la derecha En su intervención en la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, el líder del PP, Pablo Casado, utilizando su tono más radical, no sólo llamó a Sánchez “felón”, “sociópata”, “presidente fake” –por apoyarse en “comunistas” y “terroristas” para lograr la presidencia–, sino que auguró que ese será “su epitafio político”. También expresó que si Sánchez no actúa contra el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra –inhabilitado por la Junta Electoral Central– y “aplica de inmediato el artículo (constitucional) 155”, para intervenir nuevamente la administración catalana, lo llevará ante los tribunales. “Si no lo hace podría incurrir en prevaricación. En ese caso actuaremos contra usted con la misma firmeza que hemos hecho contra Torra”, advirtió. En una entrevista de radio posterior a la investidura, Casado insistió en que van a “evitar la radicalidad de izquierdas” y “reagrupar a los constitucionalistas para que este gobierno dure lo menos posible y haga el menor daño a los españoles”. Y añadió: “Vamos a hacer una oposición firme y eficaz en el Congreso, en cualquier sector y en la calle ante un gobierno que es malo para España”. Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha Vox, tachó la investidura de Pedro Sánchez de “fraudulenta” y al proceso para elegirlo presidente como “absolutamente ilegítimo”. El de Sánchez, añadió, será un gobierno “bolivariano”, “antiespañol”, que llegó a “acuerdos infames” para provocar la “voladura del régimen constitucional”. Y anunció que Vox será el “dique de contención” contra el gobierno: “Frenaremos, con todas las herramientas legales, judiciales y cívicas, su plan liberticida, y lo haremos en esta Cámara, en los tribunales y en las calles”. Su primera acción es una concentración este domingo 12 ante los ayuntamientos de “toda España”, afirmó Abascal. Sánchez le pidió a la derecha abandonar el “berrinche” y reconocer el resultado de las elecciones que le dieron el triunfo al PSOE. “Es la única opción de gobierno posible después de cinco elecciones generales. O coalición progresista o más bloqueo. Si una mayoría respalda esta investidura, el bloqueo se romperá”. Apeló a que la “coalición progresista es el mejor antídoto frente a la coalición del apocalipsis”, y les anunció que con su gobierno “no se va a romper España, no se va a romper la Constitución; aquí lo que se va a romper es el bloqueo a la mayoría progresista elegida democráticamente”. Y les dijo que “a la derecha no le duele España, le duele no gobernar España”, y por eso “comprendo su frustración. Lo han intentado todo, pero han fracasado. Han tensionado la situación para ver si por algún lado aparecía una oportunidad. No lo han conseguido, gobernará una coalición progresista”. Polarización y coacciones El tono crispado del bloque de la derecha para impedir la investidura de Pedro Sánchez se tradujo en coacciones y agresiones contra algunos diputados para orillarlos a modificar su voto para dinamitar la formación del gobierno. La líder de C’s, Inés Arrimadas, animaba a los diputados socialistas al transfuguismo aprovechando la votación tan cerrada, para bloquear la investidura. Este hecho recordó el llamado “tamayazo” de 2003, cuando dos diputados socialistas, que luego se beneficiaron de una trama inmobiliaria, se abstuvieran en la votación de investidura del socialista Rafael Simancas como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, provocando la repetición de elecciones, tras las que Esperanza Aguirre, del PP, se convirtió en presidenta. Asimismo, Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, partido de nueva formación, recibió miles de correos presionándolo para que frustrara con su voto la investidura. La noche previa a la votación, el Ministerio de Interior tuvo que ponerle escolta y llevarlo a dormir a un sitio sin revelar, por motivos de seguridad. A la campaña de acoso contra Guitarte se unió la asociación HazteOír, identificada como la cara pública de la organización secreta de El Yunque en España. Su líder Ignacio Arsuaga mantiene una estrecha amistad con el dirigente Santiago Abascal y con la diputada madrileña Rocío Monasterio. En un comunicado, la agrupación destaca las declaraciones de Arsuaga: “De su voto depende que España se desangre capitaneada por un traidor sin escrúpulos y una banda de delincuentes, o que el constitucionalismo tenga una oportunidad de tomar las riendas”. Adriana Lastra, la portavoz socialista en el Congreso, anunció por Twitter que acudirán a los tribunales por la campaña de amenazas y coacciones contra sus diputados, entre ellos la exministra Beatriz Corredor, José Luis Aceves, Pere Joan Pons y Zaida Cantera, entre otros. El diario El Mundo, con una línea editorial muy afín a la derecha, publicó un editorial el martes 7, día de la investidura, en el que dice a los diputados del PSOE que su voto es “personal e indelegable”, y recuerda que otros legisladores ya han votado en contra de lo pactado por el Comité Federal del partido, sin que pasara nada. “Si hoy algunos de los 120 diputados del PSOE decidieran votar en conciencia, es probable que Pedro Sánchez no fuese tan indulgente con ellos”, señaló el editorial. Jaime Berenguer, diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, posteó un tuit en el que señala: “No reconozco legitimidad alguna a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. No me siento atado por la ley o legalidad alguna con él. Quien es elegido con el apoyo de los enemigos de España merece todo mi desprecio y mi total, completa y absoluta oposición en todo tiempo y lugar”. Más beligerante fue el eurodiputado de la formación ultraderechista Hermann Tertsch al aludir a la intervención de las fuerzas armadas para interrumpir la investidura de Pedro Sánchez. “En estos días parece que todos los cómplices de (José Luis Rodríguez) Zapatero, desde el etarra (Arnaldo) Otegi a los comunistas (Pablo) Iglesias y (Alberto) Garzón, se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8 para que las fuerzas armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación”, escribió días después de regresar de Bolivia, donde se reunió con miembros del gobierno interino de Jeanine Áñez, para luego atacar a los líderes de Unidas Podemos (Proceso 2253). El plan de gobierno Las líneas maestras del documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, tienen un enfoque de corte social, pero al líder de Vox, Santiago Abascal, no le hizo falta leerlo. Dijo que producirá un daño “a la convivencia y al orden constitucional”. Sin embargo, al conflicto catalán buscan darle un cauce de resolución político más que por la vía judicial, sobre todo en momentos que la justicia española ha sufrido varios reveses por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoció la inmunidad como diputado de Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación. El documento propone actualizar el Estado autonómico y “abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual” de bloqueo y polarización con esa comunidad autónoma. Otra de las medidas estrella es derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral que aprobó una mayoría solitaria del PP, que afectó duramente al trabajador para proteger a la empresa durante la crisis. Proponen revalorizar las pensiones conforme al índice de precios del consumidor; elevar el salario mínimo hasta 60% del salario medio de España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas. En un comunicado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales advirtió que las medidas de carácter económico y laboral del pacto tendrán un impacto perjudicial para el crecimiento económico del país, y que modificar la reforma laboral no generará confianza en un contexto de desaceleración económica e impactará “de forma muy negativa” a la creación de empleo, “alejando el emprendimiento y las inversiones empresariales”. Pablo Casado, del PP, consideró que era un acuerdo “letal” para la economía, con una “subida masiva de impuestos y gasto que destruirá el empleo”. Es “una agenda ideológica sectaria que nos devuelve a los peores años de Zapatero. Lideraremos una oposición firme para evitarlo”, escribió en su cuenta de Twitter. A su vez, Arrimadas calificó el plan de gobierno como un “salvoconducto hacia el deterioro económico, el debilitamiento del Estado y la generación de más desigualdades”. Asimismo, el pacto PSOE-Unidas Podemos propone que la materia de religión en la educación pública no influya más en la calificación para el acceso a la universidad o la obtención de becas, como sucede en la actualidad, lo que ya generó la reacción de la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente Ricardo Blázquez hizo un llamamiento a “estar muy alerta” y a “orar por España” ante un gobierno PSOE-Unidas Podemos. “Ciertamente, por la situación actual, a mí me produce mucha perplejidad y un horizonte muy incierto. Yo pido al Señor que acierte en la formación del gobierno y después en la gobernación diaria del gobierno ya constituido”, dijo Blázquez en una entrevista en la web de su diócesis de Valladolid. El de la educación no es el único tema que preocupa a la Iglesia española, sino la revisión a las inmatriculaciones de bienes, un gran negocio para la Iglesia, que oscila en 30 mil propiedades, de acuerdo a una investigación del diario El País publicada el 13 de agosto pasado. Esta práctica, basada en una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, permitió a la Iglesia inscribir como propio cualquier bien sin documentación, simplemente con la firma de un obispo. Y en el gobierno de José María Aznar amplió y legalizó esa práctica, que derivó en casos tan polémicos, como que la Iglesia católica inmatriculó la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros. En relación a las políticas de género, el nuevo gobierno propone una amplia batería de medidas para la igualdad de oportunidades, políticas feministas y una “lucha decidida” contra la violencia machista, que en 2019 registró 55 asesinatos de mujeres en España. Asimismo anuncia que impulsará una ley contra el cambio climático y la transición energética, para que en 2050 el 100% de la generación eléctrica sea renovable; legislar para legalizar la eutanasia que no logró salir en el pasado, a pesar de haber una mayoría de acuerdo con esta medida; declarar el 31 de octubre como día de recuerdo para las víctimas del franquismo y el 8 de mayo para recordar a los exiliados. Incluye también el plan de devolver a sus anteriores propietarios los bienes expropiados durante la dictadura y la “recuperación inmediata” del Pazo de Meirás (a Coruña, Galicia) para el Estado, un castillo señorial que le fue regalado al dictador Francisco Franco hace 80 años. Este reportaje se publicó el 12 de enero de 2020 en la edición 2254 de la revista Proceso