Reformas planteadas por FGR dejan a la población “en un estado de vulnerabilidad”: Asilegal

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Foto: J. Raúl Pérez El fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cuestionamientos a las reformas al sistema de justicia penal propuestas por la Fiscalía General de la República (FGR) continuaron este jueves y se enfocaron en los efectos sobre el sistema penitenciario.

De acuerdo con el análisis de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), las iniciativas del fiscal Alejandro Gertz Manero reflejan “retrocesos graves”, dejando sin efecto los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, mientras que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se introduce el “trabajo forzado” y se convierte a las personas privadas de libertad en objetos de estudio, además de que se “busca perpetuar el encarcelamiento masivo”.

Asilegal consideró que el paquete de reformas entregadas al Senado de la República va en contra de lineamientos recientemente planteados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que urgió a México a “seguir en el camino de eliminar el arraigo del sistema de justicia”, lo que no fue tomado en cuenta en la iniciativa, y más bien plantea el arraigo como “una nueva herramienta de abuso de derechos humanos, pues ya no se restringirá únicamente al crimen organizado, sino que aplicará como medida cautelar para cualquier otro tipo de delito”.

Es “alarmante” que el fiscal Alejandro Gertz Manero haga semejante propuesta, no sólo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también en la reforma constitucional al artículo 16.

“Lo que más preocupa, puntualmente, es la gravísima intención de dar un retroceso en materia de derechos humanos, dejar sin utilidad o sin efecto los tratados internacionales que se han ratificado por nuestro país”, dejando a la población en general “en un estado de vulnerabilidad acrecentado ante los atropellos sistemáticos del aparato de justicia y las autoridades que lo componen”, alertó Asilegal.

En cuanto a las reformas a la actual Ley Nacional de Ejecución Penal, que al menos buscaba dejar “atrás las políticas punitivas y de encarcelamiento masivo”, la organización civil destacó que las personas sujetas a privación de la libertad serán sometidas a “test de personalidad y peligrosidad”, que ya había sido superado al no tener cabida en un modelo de reinserción social, como el que actualmente existe.

Destacó que la reforma respectiva incluye en sus conceptos la “industria penitenciaria”, que obligaría a las personas privadas de libertad a “que adquieran hábito del trabajo” como mecanismo de tratamiento.

Con la propuesta, abundó, las personas privadas de libertad “quedan reducidas estrictamente a mano de obra, cuya aportación y valor único a la sociedad es solamente correspondiente a los frutos económicos de su trabajo, el cual además sería forzado”.

También consideró preocupante la supresión de facultades de los jueces de ejecución, “que son vitales para la debida garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y se trasladan a la autoridad penitenciara, quitando el control judicial efectivo de los actos que se realicen al interior de los centros penitenciarios”.

La propuesta de Gertz Manero establece que los jueces de ejecución ya no participen “en la determinación de los traslados voluntarios, dejando únicamente a la discrecionalidad de las autoridades penitenciarias la movilidad de los centros; por otro lado, a la autoridad penitenciaria se le dan facultades muy amplias para determinar si una persona es peligrosa o que exista un riesgo, sin un judicial de por medio”.

Según Asilegal, es “alarmante” que se pongan obstáculos para acceder a beneficios preliberacionales y a medidas no privativas de libertad, extendiendo de 70 a 75% el porcentaje necesario de la pena para poder tramitar una libertad anticipada, “abonando a una política criminal que busca perpetuar el encarcelamiento masivo”.

Al calificar de positivas las propuestas de delimitar el campo de actuación de las autoridades en materia de reinserción social, entre ellas la creación de servicios postpenitenciarios, la organización exhortó al Congreso de la Unión a que “se comprometa a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de derechos humanos, pero sobre todo que se abstenga de llevar al país por un camino de retrocesos que terminan por afectar profundamente los derechos que ya estaban reconocidos”.

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