INAI ordena revelar expediente sobre abusos en la Casa Hogar Esperanza

Sesión en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Foto: Tomada de Twitter Sesión en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Foto: Tomada de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX), dar a conocer una versión pública del expediente abierto en contra de la Casa Hogar Esperanza.

El video de la cesión de los integrantes del INAI, difundido el miércoles 15, se expone el criterio de la comisionada Josefina Román Vergara para llegar a esta resolución:

“Conocer el expediente sobre los hechos ocurridos en Casa Hogar Esperanza, permitirá sensibilizar a las autoridades involucradas con el único objetivo de garantizar el acceso a la  justicia, la verdad y la reparación al daño”.

Agrega:

“Concluimos que las 37 personas con discapacidad que la habitaron sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos que, para efectos del derecho de acceso a la información pública, deben ser calificadas como graves”.

El 16 de noviembre de 2018, el INAI ya había emitido la misma resolución ante presuntas violaciones a derechos humanos de 37 personas con discapacidad, incluidos menores de edad, que se encontraban albergadas la Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales, e instruyó al organismo capitalino, dar a conocer la versión pública del expediente relacionado con el caso.

En esa ocasión, ante el pleno, el comisionado Carlos Bonnin Erales indicó que, de acuerdo con información pública, las personas que habitaron el inmueble habrían sido víctimas de graves abusos en contra de sus derechos humanos.

Y que este caso evidenciaba el carácter instrumental del derecho de acceso a la información, como vía para la justicia, la verdad, la reparación del daño y la no repetición de los actos que lastiman a la población más vulnerable.

Además, consideró que la información solicitada  “se constituye como un elemento útil para visibilizar los temas, posicionarlos en la agenda y debate público, para así consolidar consensos e innovación en las dinámicas sociales y las políticas públicas relacionadas con la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad psicosocial y mental.

Anteriormente, la entonces CDHDF indicó que el expediente se encontraba en trámite, por lo que había sido reservado por un plazo de tres años, a partir del 23 de noviembre de 2017.

Para no entregar la información solicitada por un particular, argumentó que su divulgación podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

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