López Casarín rechazó cargo en la SRE para no presentar su declaración patrimonial

El empresario Javier Joaquín López Casarín fue moderador en una ponencia de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules el pasado jueves 9 de enero. Foto: Twitter @m_ebrard El empresario Javier Joaquín López Casarín fue moderador en una ponencia de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules el pasado jueves 9 de enero. Foto: Twitter @m_ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El empresario Javier Joaquín López Casarín, cuyo poder fáctico en la cancillería fue documentado por Proceso en su edición 2254, sí figuró en la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e incluso se le giraron tres cheques, que luego canceló.

Un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicado este sábado señala que el empresario aparecía hasta el viernes en los registros de exfuncionarios de la SRE y que se le pagaron dos quincenas y media, aunque luego se arrepintió de aceptar el cargo y solicitó cancelar los documentos de cobro.

Según dijo el mismo empresario a MCCI, se arrepintió debido a que tenía que presentar su declaración patrimonial porque “tuve un incidente de seguridad hace muchos años”.

Sin embargo, su negativa a trabajar en la Cancillería ahonda el misterio sobre el papel que el empresario tiene en la cancillería, pues sin ser diplomático ni funcionario público tuvo interlocución en el más alto nivel del gobierno del presidente Donald Trump.

Proceso también documentó en su edición 2254 que López Casarín fue considerado un enviado del canciller Marcelo Ebrard para las negociaciones en las que el gobierno de Trump impuso el polémico programa Quédate en México, con el que los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos deben esperar la resolución en nuestro país.

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Además, una carta en poder de este semanario reveló que la entonces titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kirstjen Nielsen, consideraba a Javier López Casarín “jefe de asesores del secretario Marcelo Ebrard”.

“Querido Javier –escribió la encargada de aplicar la política antimigrante de Donald Trump–, quería agradecerle por su liderazgo y hospitalidad durante el periodo de transición entre la administración pasada y la administración de López Obrador y, ahora que están en el gobierno, por su cercana cooperación con nosotros en un rango de temas de importancia mutua”, escribió Nielsen al empresario.

En esa edición se incluyen las declaraciones del vocero de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, quien dijo a Proceso que Ebrard ofreció a López Casarín el cargo de director general eventual, pero que terminó rechazándolo “por motivos personales”.

Aunque el vocero admitió la cercanía con Ebrard y que “facilitó” encuentros con el gobierno de Trump durante el periodo de transición, insistió en que el empresario ha sido “sobredimiensionado” en los medios, pues nunca tomó “ninguna decisión” ni participó en las reuniones sobre migración.

Sin embargo, Velasco no explicó al reportero Mathieu Tourliere por qué Nielsen identificó López Casarín como “jefe de asesores” de Ebrard.

Proceso también confirmó la información de la periodista Martha Anaya, sobre que Ebrard encargó a López Casarín que buscara un local en Washington para instalar una especie de “oficina paralela” a la Embajada de México en Estados Unidos, a cargo de Martha Bárcena Coqui. La molestia de la diplomática tiró el plan del canciller.

Incluso, el empresario recibió un pasaporte diplomático en el que se le identifica como “director general en la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Con ese documento, López Casarín viajó a Nueva York el 18 de enero de 2019 para participar en la compra de 571 pipas para distribuir combustible, en plena ofensiva del gobierno federal contra el robo de hidrocarburos.

A pesar de la polémica, todavía el jueves 9, López Casarín fungió como moderador en una ponencia de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules.

Contratos millonarios

En su reportaje, Proceso registró también López Casarín acumuló una fortuna al amparo del sector público.

Entre 2011 y 2019, su empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, SA de CV, obtuvo contratos para distribuir tarjetas destinadas a repartir dinero de programas sociales en Oaxaca y Baja California.

Tan sólo en Oaxaca, López Casarín obtuvo ganancias por más de 120 millones de pesos entre 2012 y 2014.

En el caso de Baja California, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid otorgó a su empresa varios contratos entre 2014 y 2019, mediante adjudicación directa.

La empresa de López Casarín fue la encargada de repartir tarjetas para la dispersión de apoyos educativos, de salud y desarrollo social.

El gobierno panista gastó más de 360 millones de pesos en este servicio.

El reportaje de Proceso recuerda que, en Sinaloa, la empresa de López Casarín fue inhabilitada por siete años el pasado 10 de diciembre, pues se detectó que entregó un millón 500 mil licencias de conducir de mala calidad.

Además, López Casarín dirige la empresa Focim Construye, SA de CV, entre cuyos clientes estuvo Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Desarrollo Social.

En Morelos, Focim obtuvo un contrato por 39 millones de pesos en consorcio con Desarrolladora Cava, propiedad del senador panista Ismael García Cabeza de Vaca y su hermano José, ambos hermanos del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

 

Su paso por Topo Chico

Javier Joaquín López Casarín fue detenido el 28 de julio de 2016 y pasó una noche en el penal de Topo Chico tras ser acusado de fraude en perjuicio de maestros de la Sección 50 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De acuerdo con las denuncias, el SNTE descontaba cada quincena entre 1.2 y 1.5 millones de pesos a los maestros por concepto de un seguro de vida que contrató el líder sindical, Guadalupe Castillo García, a la empresa de López Casarín, Soluciones y Programas Integrales SPI.

En diciembre de 2015, los maestros se dieron cuenta que el seguro no existía e interpusieron una demanda colectiva.

Castillo García fue detenido el 7 de julio de 2016 y López Casarín unos días después, pero ambos pudieron seguir su proceso en libertad.

En entrevista con Proceso, el profesor Reynaldo González, exsecretario de Desarrollo Tecnológico y Comunicación de la Sección 30, reveló que, de las 18 mil denuncias iniciales, las autoridades sólo reconocieron a 4 mil 700 y la Fiscalía sólo judicializó una.

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