La SCJN analiza discriminación contra dos mujeres transgénero en Reforma 222

La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Benjamín Flores La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo para determinar si la asignación de baños públicos, divididos para “hombres” y “mujeres”, es un acto discriminatorio.

Ello, luego de que integrantes de la organización Equis Justicia para las Mujeres se manifestaron en instalaciones del máximo tribunal para exigir “votar la atracción de un caso de discriminación que se cometió en Reforma 222, cuando se solicitó una identificación a dos mujeres trans para ingresar a los sanitarios”.

El asunto deriva de un juicio en el que Jessica Marjane Durán y su acompañante, Alessa Méndez Flores, reclamaron una indemnización por daño moral, debido a que en 2015 fueron hostigadas por elementos de seguridad que les impidieron entrar al baño de mujeres de la plaza comercial.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, adscrito a la primera sala, determinó ejercer la facultad de atracción 622/2019, para resolver si dicho acto violó el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación.

“Al conocer de este asunto, existe la posibilidad de determinar si la asignación de un género a los baños dentro de establecimientos abiertos al público en general (como ‘baño de mujeres’ o ‘baño de hombres’) es –o no– una distinción que se justifique en términos del derecho humano a la igualdad y no discriminación”, puntualizó la SCJN.

Añadió: “También existe la posibilidad de que el asunto defina si el Estado mexicano tiene la obligación de implementar la construcción y/o modificación de los baños dentro de establecimientos abiertos al público en general para que sean neutros, y de responderse afirmativamente permitiría perfilar las bases constitucionales mínimas que debe prever la regulación respectiva”.

La primera sala manifestó que, al resolver el amparo, el Estado podrá contar con nuevas herramientas más allá del artículo 1 de la Constitución, con el que las autoridades pueden enfrentarse a la solución de conflictos en los que se encuentren involucradas personas de la comunidad LGBTI+.

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