En dos días, el gobierno de México deporta a Honduras a 679 migrantes

Guardia Nacional. Operativo migratorio. Foto: AP / Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sólo dos días –entre ayer y hoy– el gobierno mexicano deportó a Honduras a 679 integrantes de la caravana migrante que pretendía atravesar México para pedir asilo en Estados Unidos y fue detenida por agentes de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) en polémicos operativos.

Además, en las últimas 24 horas los uniformados mexicanos realizaron redadas en ciudades y zonas rurales de Chiapas y Tabasco, donde arrestaron a más de 2 mil 100 personas que fueron trasladadas a centros de detención migratoria, donde la mayoría terminan deportados.

A la par, agentes del INM impidieron a activistas el acceso al centro de detención Siglo XXI de Tapachula –la cárcel migratoria más grande de Latinoamérica, que sufrió crisis de hacinamiento a lo largo del año pasado–, y este miércoles el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova anunció que el Instituto le revocó la autorización para monitorear la situación en dicho centro.

En un boletín, el INM indicó que en la estación migratoria de El Ceibo, en Tabasco, las autoridades instalaron carpas para procesar las deportaciones y amontonar hasta 2 mil personas “en estancias divididas para familias, varones, niñas, niños y adolescentes, y cuenta con 10 regaderas (cinco para mujeres y cinco para hombres), 40 baños móviles (30 para hombres y 10 para mujeres), agua potable, contenedores para basura y servicio médico”.

A raíz del acuerdo migratorio que el gobierno mexicano pactó con su par estadunidense, el pasado 7 de junio, la Cancillería –dirigida por Marcelo Ebrard Casaubón– asumió el control de la política migratoria; al frente del INM, el académico Tonatiuh Guillén López fue sustituido por Francisco Garduño Yáñez, y en las delegaciones estatales de esta dependencia fueron colocados militares.

La actuación de la Guardia Nacional para impedir el paso a los migrantes fue celebrada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y funcionarios del gobierno estadunidense de Donald Trump, pero severamente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien calificó el operativo de “salvaje agresión”.

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