Obstrucción para acceder a los archivos históricos

La sede del Archivo General de la Nación. Foto: Octavio Gómez La sede del Archivo General de la Nación. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La solicitud del Archivo General de la Nación (AGN) al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el pasado 16 de enero, para que declare de interés público los fondos de las extintas direcciones Federal de Seguridad (DFS) y General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que conformaron el tristemente célebre Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), parecía de apertura.

Sin embargo, ha encendido las alarmas ante la posibilidad de que, con el supuesto fin de proteger datos personales, termine siendo una medida política para proteger a ciertos personajes que tuvieron participación en la represión o violación de los derechos humanos en el pasado.

Para un conjunto de más de 190 investigadores, ciudadanos y estudiantes, la solicitud representa por lo menos “una contradicción”, pues el acceso a la documentación que resguardan esos fondos ya está garantizado en la Ley General de Archivos (LGA), y no tiene sentido que el INAI, dirigido por Marco Palafox Schmid, sea ahora un filtro para determinar si permite o no la consulta, en qué momentos y con qué condiciones.

En conferencia de prensa en la Dirección General de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los historiadores Magdalena Pérez, coordinadora del Seminario de Movimientos Sociales e Historia del Tiempo Presente en dicha dependencia, Elisa Servín y César Valdez, dieron a conocer un pronunciamiento en el cual demandan el libre acceso a los expedientes y las cajas del AGN que los contienen, particularmente de los fondos mencionados.

El documento es suscrito por investigadores de diversos institutos y centros de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la University of Oxford, la Arizona State University, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mora, la Universidad Veracruzana, el Institute of Latin American Studies de la University of London, y el Haverford College.

Entre los firmantes pueden mencionarse a Sergio Aguayo, Eugenia Meyer, Enrique Condés Lara, Jacinto Rodríguez Munguía, Elsie Rockwell, Edna Ovalle Rodríguez, Óscar Tamez Rodríguez, Linda Atach Zaga, Joel Ortega Erreguerena, Pablo Pozzi, Ricardo Pérez Montfort, Andre Joseph Meyer Barth Jean, Andrew Paxman, Javier Sanchiz, Martín Bonfil Olivera, Ana García Bergua, Olivia Gall y Antonio Lazcano Araujo.

Y es una respuesta al comunicado del AGN en el cual, a decir de los investigadores, se traslada la responsabilidad de la apertura de los fondos al INAI, el cual “ha fallado en favor de los usuarios a quienes el AGN les ha negado la consulta de los expedientes”. Remarcan que deslindarse de su obligación de garantizar la “consulta abierta y sin restricciones”, es una interpretación sesgada de la ley de archivos vigente, por parte del AGN.

La ley faculta al INAI para autorizar la consulta de documentos de interés público “que se encuentren en archivos de concentración y de trámite, pero no en los históricos”, que son ya de acceso público, por lo cual no pueden clasificarse como reservados o confidenciales. Pedir al INAI dar el acceso, además de innecesario, puede interpretarse “como una maniobra para eludir las responsabilidades del AGN como rector de las políticas archivísticas nacionales”.

AGN no se retracta

Describen cómo, desde marzo de 2019, se han transformado las condiciones para consultar los archivos en el AGN, cuando deberían poder ser vistos sin restricciones, particularmente los relacionados con las violaciones a los derechos humanos. Y señalan que se retiraron más de tres mil versiones “que habían sido elaboradas entre 2005 y diciembre de 2018 para su revisión”, ahora sólo se tiene acceso a 455 versiones públicas, aunque muchas de ellas han sido parcialmente mutiladas. Y otros problemas que han enfrentado recientemente.

A través del documento y con diferentes puntos, exhortan a que se publique la convocatoria para la instalación del Consejo Técnico y Científico Archivístico que prevé la ley, y en el cual deben participar especialistas, no sólo en archivonomía, sino en historia y derechos humanos.

La petición de los investigadores está dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero el director general del AGN Carlos Enrique Ruiz Abreu, y el presidente del INAI Francisco Javier Acuña Llamas. Se ha subido a la plataforma change.org, en busca de apoyo. Hasta el cierre de este texto llevaba 1270 firmas.

Se exhibe un documento dirigido al director Federal de Seguridad, en el cual se informa sobre la vigilancia que se impondrá al “guerrillero” Lucio Cabañas Barrientos, que muestra las mutilaciones referidas pues con marcador negro se omiten algunos datos.

Este 22 de enero el AGN respondió a la demanda mediante un comunicado, pero “lamentablemente se sostiene en su postura interpretativa de la ley… en la cual basa su argumento para mantener las políticas restrictivas para la consulta”, reiteran los investigadores.

El comunicado asegura que el AGN no se deslinda de su responsabilidad de garantizar la consulta integral de sus fondos, pero insiste en que es el INAI “la única autoridad competente para autorizar” la consulta de documentos con valores históricos que posean datos personales sensibles. Antes, cita cuáles:  ideología política, creencias religiosas o morales, identidad sexo-genérica, así como “otros que ponen en riesgo la integridad física de las personas que se mencionan”.

Dice que la ley, en su artículo 36, señala que los archivos históricos no pueden ser clasificados como información reservada o documental, pero también establece que aquellos que contengan datos personales sensibles deberán permanecer por un plazo de 70 años en archivos de concentración, “y su consulta será de manera restringida”.

Así que, aunque se quiera arrojar luz sobre momentos de la historia contemporánea del país, como la llamada Guerra Sucia, la consulta de los archivos quedará al criterio del INAI.

Por ello rematan en su documento los investigadores:

“El acceso irrestricto a los archivos gubernamentales del pasado reciente es de crucial importancia en un país donde se pretende abrir un camino hacia la reconciliación y la paz. Los memoriales, los reconocimientos y los actos de perdón corren el riesgo de quedarse en el simbolismo y convertirse en demagogia si no van acompañados de una gestión pública de los archivos históricos libre de censura, que facilite los procesos de investigación para ampliar el conocimiento histórico y la memoria, pero sobre todo que incentive y acompañe los procesos de justicia”.

 

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