Los niños entraron en guerra

Chilapa. Foto: José Luis de la Cruz Chilapa. Foto: José Luis de la Cruz

El 27 de enero de 2019 guardias comunitarios de La Montaña Baja guerrerense mataron a varios pistoleros de la banda Los Ardillos, que habían intentado tomar el poblado de Rincón de Chautla. Los dirigentes comunitarios denunciaron que los gobiernos federal y estatal no actuaron contra los agresores y exhibieron un video en el que se ve a decenas de niños adiestrándose con palos para defenderse. Después de la matanza de 10 indígenas de Chilapa el viernes 17, los líderes campesinos insisten en su denuncia y –en una región donde aparentemente la única ley es la de la venganza– difundieron otro video, pero esta vez los niños empuñan fusiles.

Alcozacán, Gro (Proceso).- Desde hace un año las guardias comunitarias de poblaciones indígenas están abiertamente confrontadas con el grupo delictivo Los Ardillos en la región de La Montaña Baja, zona de Guerrero donde parece imperar la Ley del Talión. El conflicto ya provocó, extraoficialmente, casi un centenar de muertes, el desplazamiento de cientos de pobladores y un número indeterminado de desapariciones.

Ante la indiferencia de los gobiernos estatal y federal, niños huérfanos comienzan a implicarse en la guerra de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la mencionada banda criminal.

La matanza de 10 campesinos el viernes 17, en la parte serrana del municipio de Chilapa, exhibió el desinterés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en resolver el problema, que se agudizó hace un año.

A decir del coordinador de la guardia comunitaria, David Sánchez Luna, hasta el momento 26 miembros de su organización han sido asesinados (16 el año pasado y los 10 del viernes 17) y dos más están desaparecidos, además de las decenas de habitantes obligados a refugiarse en otras comunidades, como Rincón de Chautla.

Pese a que han denunciado estos hechos ante las autoridades ministeriales, ninguno ha sido esclarecido, dice el líder comunitario. 

Además de no proceder contra los criminales, recuerda Sánchez Luna, la autoridad giró órdenes de aprehensión contra miembros de la CRAC-PF por el enfrentamiento del 27 de enero de 2019, cuando los guardias comunitarios emboscaron al menos a 300 pistoleros de Los Ardillos que intentaron tomar Rincón de Chautla. 

El saldo oficial de esa refriega es de 17 muertos, pero los pobladores consultados por el reportero afirman que son 60, todos de la banda criminal, por lo que ésta desató la actual escalada de agresiones contra la CRAC-PF. 

Por ese motivo Sánchez Luna atribuye la indolencia federal y estatal a una supuesta protección a Los Ardillos, que dirige Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega. Los pobladores le atribuyen a la misma organización delictiva numerosos asesinatos de indígenas en Chilapa y Hueycantenango.

Tras la matanza de los 10 campesinos, entre quienes se encontraban algunos integrantes del grupo Sensación Musical, guardias comunitarios y pobladores bloquearon del viernes 17 al viernes 24 la carretera que conecta los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa, a fin de exigir justicia. 

Los músicos asesinados y calcinados en las inmediaciones de Mezcalcingo, cuando regresaban del poblado de Tlayelpa, donde habían actuado, procedían de Alcozacán. Ocho mujeres quedaron viudas y 22 menores huérfanos. 

Días después los dirigentes de la CRAC-PF presentaron a 19 menores de entre seis y 15 años –la mayoría huérfanos de esta guerra– armados y dispuestos a integrarse a la guardia comunitaria, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador el desmantelamiento de Los Ardillos.

El grupo criminal desde el año pasado tiene sitiadas las 16 comunidades donde hay presencia de la guardia comunitaria para impedir la entrada de víveres y el desplazamiento de personas hacia las cabeceras municipales de Chilapa y Hueycantenango.

La exhibición de niños adiestrándose en el manejo de armas y la difusión de la masacre de los músicos molestó al gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tres días después del crimen reclamó a los medios por publicar noticias que “generan un escándalo mediático” y afectan la imagen de la entidad. También condenó el uso de menores en organizaciones armadas.

Llamados desoídos

Esta fue la segunda ocasión que la CRAC-PF presenta niños armados como milicianos para enviar un mensaje a sus adversarios y exigir la intervención del gobierno.

En mayo de 2019, después de que fueran acribillados en Chilapa los promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, los dirigentes de la guardia comunitaria de Rincón de Chautla difundieron un video en el que un grupo de niños realiza ejercicios militares con “armas” de madera. En la grabación advierten a las bandas de Los Rojos y Los Ardillos que por cada comunitario asesinado matarían a 10 sicarios.

Días después se difundió otro video donde aparecieron mujeres indígenas portando rifles de bajo calibre, que se asumieron como madres de los menores del video, desplazadas de Paraíso de Tepila, y quienes permanecen refugiadas desde diciembre pasado en Rincón de Chautla.

Ellas le reprocharon al gobierno de Astudillo que se haya limitado a entregar algunas ayudas a los desplazados en vez de resolver los problemas de marginación y pobreza en la que viven los pueblos originarios.

En dicho video la comandanta Rosaura, de la CRAC-PF en Paraíso de Tepila, advirtió que además de aquellos menores, las mujeres de 17 comunidades de Chilapa y Hueycantenango se entrenaban ya para confrontar a Los Ardillos, porque los cabecillas de éstos, afincados en el poblado de Tlanicuililco, municipio de Quechultenango, amenazaron con “exterminar” a los indígenas nahuas de la región.

En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió en un comunicado a los gobiernos estatal y federal “salvaguardar la seguridad y los derechos de los niños” en la zona.

A su vez, el 16 de mayo del año pasado el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Christian Skoog, afirmó en Acapulco que la violencia y la pobreza llevan a unos niños de la entidad a dejar las aulas para buscar a sus familiares en fosas clandestinas, otros son reclutados por el narco y algunos más se convierten en policías comunitarios para enfrentar a la delincuencia.

Por ello, Skoog urgió a trabajar en la prevención de los delitos y promover la permanencia de los niños y adolescentes en las escuelas de nivel básico. No obstante, ninguna autoridad intervino y los homicidios atribuidos a Los Ardillos continuaron. 

Días después, el 24 de mayo, el comandante regional Bartolo Morales Hilario y el policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote, originarios de Xicotlán, Chilapa, fueron privados de su libertad. Los ejecutaron y desmembraron. 

En junio siguiente, un grupo armado asesinó a Eugenio Máximo Hilario, comandante regional de la guardia comunitaria en Hueycantenango, cabecera del municipio indígena de José Joaquín de Herrera.

Por esa razón, en julio de 2019 miembros de organizaciones del Consejo Nacional Indígena y afines al EZLN impulsaron una campaña global para denunciar el asesinato de integrantes del Cipog-EZ y el terrorismo de “narcoparamilitares” en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, donde hay 20 comunidades sitiadas en las que corre peligro la vida de hombres, mujeres y niños.

Nueva promesa

Casi un año después de estos hechos violentos, la CRAC-PF volvió a exhibir a los niños armados, pero esta vez con fusiles reales. Lo hicieron después de otra masacre y para insistir en la urgencia de detener a los líderes de Los Ardillos y garantizar la seguridad en Chilapa y Hueycantenango.

Los líderes de la organización campesina recordaron la semana pasada que desde agosto de 2019 entregaron al gobierno federal un pliego petitorio en el que demandan la creación de un nuevo municipio con poblados de Chilapa y Hueycantenango, así como recursos para que opere ahí la guardia comunitaria.

Ante la presión de la CRAC-PF, el pasado miércoles 22 el fiscal estatal, Jorge de los Santos Barrila, señaló a Los Ardillos como responsables de la muerte de los 10 campesinos y músicos de Chilapa. Astudillo visitó el bloqueo carretero en Alcozacán el viernes 24, una semana después de la tragedia. Ahí se comprometió a castigar a los culpables del crimen, pero no dijo nada sobre los 16 asesinatos del año pasado.

La CRAC-PF decidió retirar el bloqueo, pero advirtió que intensificará su movilización si el gobierno del estado no soluciona la narcoviolencia. 

Este reportaje se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso

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