La CNDH exige a gobiernos federal y estatal “salvaguardar los derechos” de menores en Guerrero

Niños armados de Chilapa, Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi una semana de hacerse público el reclutamiento de niños por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reaccionó con un exhorto a autoridades federales y estatales para que tomen “las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos” de los menores.

El organismo dio a conocer que envió comunicaciones oficiales a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a nivel estatal al gobierno de Héctor Astudillo, a la Fiscalía General de Justicia, a la Procuraduría de Protección y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero, donde solicita su intervención “en el ámbito de sus respectivas competencias” para proteger a los menores involucrados, “evitando su participación armada en los grupos de autodefensa”.

De igual manera, sugirió a las dependencias que tomen medidas para “informar y sensibilizar a los líderes comunitarios, las familias y la población en general, sobre su responsabilidad como garantes de los derechos de las personas menores de edad y sobre los daños irreparables que podría generar su involucramiento en conflictos armados”.

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La CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, pidió a las autoridades la elaboración de un diagnóstico y un “plan de restitución de derechos integral” individualizado, “atendiendo a su interés superior y sus circunstancias sociales y culturales, focalizando acciones para su recuperación física y psicológica y su reintegración social, considerando su contexto social y cultural”.

Tras recordar que en 2019 se hizo pública la integración de menores en un grupo de autodefensa en Chilapa, Guerrero, el organismo retomó algunas de las conclusiones del “Informe Especial de la CNDH sobre Niñas, Niños y Adolescentes víctimas del Crimen Organizado”, publicado durante la gestión de Luis Raúl González Pérez, en el que “se evidencia que Guerrero es la entidad federativa con más alto riesgo para personas menores de edad por la violencia asociada con grupos delincuenciales, cuyas consecuencias se traducen en el incumplimiento y negación de su derechos a la vida, integridad, a la salud, educación, a una vida libre de violencia, a vivir en familia, entre otros”.

La presencia de menores en grupos de autodefensa o de policías comunitarias, abundo, “confirma la urgente necesidad de trabajar para materializar las políticas, programas y acciones de gobierno dirigidas a la niñez y adolescencia a nivel municipal, comunitario y familiar”, a fin de prevenir que menores de 18 años sean víctimas de violaciones a derechos humanos.

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