Fonatur no ha sido notificado de suspensión contra el Tren Maya

La consulta sobre el Tren Maya de diciembre pasado. Foto: Alejandro Saldívar Consulta Tren Maya. Foto: Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano afirmó hoy que no fue notificado de la suspensión que un juez de Campeche otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) contra el Tren Maya, por los incumplimientos del proceso de consulta indígena con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un breve comunicado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –que impulsa el megaproyecto en la administración de Andrés Manuel López Obrador– aseveró que “no ha sido notificado de suspensión alguna”, derivada de la demanda de amparo 12/2020 promovida ante el Juzgado Primero de Distrito de Campeche.

Hoy, las comunidades y organizaciones que conforman el CRIPX aseveraron que dicho juzgado le concedió una suspensión provisional “para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”.

En su demanda de amparo, las comunidades argumentaron que el proceso de consulta que llevó a cabo el Fonatur –junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)– durante la primera quincena de diciembre no cumplía con los requisitos de la OIT, entre ellos que dicha consulta debe tener el carácter de “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

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En enero pasado, Proceso reveló que organizaciones de la sociedad civil preparaban una serie de amparos para anular los resultados de la consulta, debido a los evidentes incumplimientos con los tratados internacionales, de los que México es firmante.

De hecho, el 20 de diciembre la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) enumeró en un informe las razones por las cuales el proceso “no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”; en su demanda de amparo, el CRIPX incluyó este informe.

Respecto al carácter “previo”, la ONUDH señaló que la convocatoria del gobierno planteó el objetivo de establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación del Tren Maya y la distribución de beneficios, lo cual, según el organismo, “podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”.

En materia de información, recalcó que el Fonatur solamente dio a conocer los “posibles beneficios” del proyecto, sin mencionar “los impactos negativos que pudiera ocasionar”, y deploró que “la ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.

Por otra parte, observó que, en las asambleas, “las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.

Y finalmente, subrayó que la consulta no fue culturalmente adecuada, dado que el gobierno federal definió “unilateralmente” a sus interlocutores –las autoridades ejidales, principalmente–, dio un periodo de tiempo “demasiado corto” para deliberar y no proporcionó traducciones “adecuadas”.

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