Sin avances, investigación sobre 17 desaparecidos en Ixtaczoquitlán en 2019: familiares

En Ixtaczoquitlán, una cabecera enclavada en las montañas de Veracruz 17 personas desaparecieron en 2019. Foto: Sara Landa En Ixtaczoquitlán, una cabecera enclavada en las montañas de Veracruz 17 personas han desaparecido en lo que va del año. Foto: Sara Landa

XALAPA, Ver. (apro).- A tres meses de la desaparición forzada de siete comerciantes originarios de Ciudad Mendoza, a manos de la policía municipal de Ixtaczoquitlán, no hay avances en la investigación, se quejan familiares de las víctimas. Y lo mismo ocurre con otros 10 desaparecidos en 2019.

Ricardo, de 20 años, Jorge (45), Joel (43), Humberto (32), Daniel (26), Jorge Obet (41) y Luisa Carreras, de 30 años, salieron el pasado 26 de octubre de Ciudad Mendoza rumbo a Córdoba, para comprar mercancía, pero fueron detenidos por elementos de seguridad, con el argumento de que la ropa que vendían era ilícita.

En el caso de los hermanos Joel y José Reyes, sus parientes exigen que la fiscal general del estado, Verónica Hernández, deje de obstaculizar las diligencias de búsqueda, y que el gobernador Cuitláhuac García los reciba para comentarle de “viva voz” sobre las diversas irregularidades en la indagatoria.

Esa es la misma exigencia de familiares de Ciro Álvarez Cantor, Fernando José Trejo Aguilar y Martín Flores Medina, quienes días antes –el 8 de octubre– también fueron “levantados” por la policía de Ixtaczoquitlán.

Los familiares de los desaparecidos recriminan que desde la oficina central de la Fiscalía General del estado (FGE) decidieron “quitarles” a la fiscal investigadora regional Zona Centro, Martha Lidia Pérez Gumersindo, la única que –aseguran– había logrado una orden de cateo y las aprehensiones de los policías municipales con las claves ‘El Bam Bam’ y ‘El Chino’.

Vía telefónica, parientes de los comerciantes José y Joel Reyes aseguran que la encargada de la Unidad de Desaparecidos en la Fiscalía de Córdoba, Fabiola Melo, es cómplice del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Afirman que ella dio “el pitazo” al director de Seguridad Pública municipal de Ixtaczoquitlán, Octavio Alejandro Pérez, hoy prófugo de la justicia, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida en los primeros días de noviembre de 2019.

A través de WhatsApp, familiares de los desaparecidos hicieron llegar una nota al reportero donde exigen la aparición con vida de sus seres queridos.

“Queremos que se investigue al presidente de Ixtaczoquitlán, Miguel Ángel Castelan Crivelli –compadre del diputado federal panista Carlos Valenzuela–. Exigimos que se haga la pronta detención de Alejandro Pérez, pues el comandante debe de saber el paradero de nuestros familiares. Queremos que nos reciba el gobernador Cuitláhuac García para hacerle ver las múltiples inconsistencias e irregularidades en la búsqueda”, reclaman.

–El gobernador declaró (el lunes) que ya se había reunido con familiares de los 17 desaparecidos, ¿sí los recibió? –se les preguntó vía telefónica.

–Eso es mentira. No nos ha dado la cara, la fiscal tampoco. El único que nos ha recibido es el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Tú mismo viste cómo nos dejó plantados la vez pasada en el hotel Fiesta Inn en Orizaba.

Aunque la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas había prometido una brigada de búsqueda en los primeros siete días de enero, la familia Reyes ve con desesperación que ya pasaron otros 22 días de ausencia de sus familiares, y las tropelías y simulaciones continúan en la Fiscalía.

“Al día de hoy no entendemos por qué a la fiscal Martha Lidia Gumersindo, que sí estaba avanzando en el caso, que sí había diligencias, que sí había detenidos, se le retiró de las carpetas de investigación en Córdoba y la trasladaron a Xalapa (…) Aquí estaba dando resultados. Desde la capital, a más de 75 kilómetros, ¿qué resultados puede dar? Lo que se requiere es investigación de campo”, afirman.

También vía telefónica, familiares de los desaparecidos el 26 y el 8 de octubre de 2019 reprochan que la Comisionada Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumuto, y la Comisionada Estatal de Búsqueda, Lorena Cerón Chagoya –quien antes era empresaria de banquetes de bodas y bautizos– sólo tengan un papel de membrete.

“Ambas, Namiko y Chagoya, sólo han estado de adorno. No vemos apoyo alguno”, se quejan.

Hay avances: Cuitláhuac García

Entrevistado en la Sala de Banderas del palacio de gobierno, Cuitláhuac García aseguró que “hay avances importantes” en la búsqueda de los 17 desaparecidos de Ixtaczoquitlán, a quienes –hizo énfasis– todavía se les busca en vida.

“Gracias a la nueva fiscal se detuvo a los responsables. Se actuó de inmediato, tenemos bajo supervisión a ese cuerpo policial. No quiero decir más porque están avanzadas las investigaciones. Yo ya me reuní con algunas familias”, dijo.

García Jiménez no quiso hablar de la relación de la policía municipal de Ixtaczoquitlán con el CJNG y las pugnas con la organización delincuencial de Los Zetas, célula criminal que históricamente había recibido apoyo de agentes municipales de Orizaba, Nogales, Río Blanco y otras localidades vecinas.

“No voy a profundizar en eso. No quisiera yo revictimizar, para nosotros estos desaparecidos son víctimas de desaparición forzada”, recalcó.

El viacrucis de la familia Carrera inició en los últimos días de octubre, cuando el teléfono de la casa de Luisa Carrera Valdez repiqueteó con fuerza el 30 de octubre. Su mamá tomó la llamada y con palabras altisonantes le dijeron: “Sí quiere volver a ver con vida a su hija tiene que depositarnos un millón de pesos”.

La mamá de la joven desaparecida entró en shock y no pudo sostener el teléfono en la mano. La llamada fue tomada por otro familiar, quien exigió una “prueba de vida” para poder “negociar” el regreso de Luisa a casa. La comunicación se cortó desde entonces.

El 11 de octubre sonó el celular de un familiar de Ciro Álvarez Cantor –desaparecido el día 8 de octubre, cuando fue detenido en un retén policíaco entre Zapoapan y Campo Chico, zona rural de Ixtaczoquitlán–, y la voz del otro lado fue más enfática: “Hijos de su puta madre, si quieren volver a ver con vida a sus seres queridos (Ciro desapareció junto con Fernando José Trejo Aguilar y Martín Flores Medina) tienen que depositar 150 mil pesos”.

“Pídeles prueba de vida”, aconsejó un familiar de Fernando.

“¿Quieren prueba de vida, hijos de la chingada? Les vamos a mandar en bolsas negras los restos de sus maridos e hijos, ahí en la batea de una camioneta en la carretera, ahí los van a encontrar”, fue la respuesta, supuestamente de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los familiares de Ciro Álvarez “juntaron” 80 mil pesos: 50 mil los depositaron en una sucursal de Citibanamex y luego hicieron seis pagos de cinco mil pesos en una tienda Oxxo. Hecho el pago, los secuestradores insistieron en que querían más dinero. Un día después también cortaron la comunicación.

En Ixtaczoquitlán, cabecera enclavada en las montañas de Veracruz, con más de 75 mil habitantes, 17 personas desaparecieron en 2019. Diez casos fueron reportados en octubre pasado. Familiares de las víctimas responsabilizan a la policía municipal de Ixtaczoquitlán.

Según la carpeta de investigación FEADPD/ZCC/1/098-2019, se indagan posibles lazos de ese órgano policíaco con el CJNG, célula criminal que disputa con Los Zetas el trasiego de droga, cobro de piso, robo de combustibles, secuestro y extorsiones, en las altas montañas de Veracruz, en los municipios de Ixtaczoquitlán, Fortín de las Flores, Orizaba, Nogales, Acultzingo, Zongolica, Córdoba, Ixhuatlán del Café, Huatusco, Rio Blanco, Coscomatepec, Chocaman y Ciudad Mendoza.

Sobre las 17 desapariciones, familiares dicen al reportero que han recibido amenazas de la policía municipal y telefonemas intimidantes del crimen organizado (CJNG), y en la mayoría de los casos la indiferencia de la fiscal especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas en la zona centro, Fabiola Melo González.

La desaparición de 7 comerciantes

Siete comerciantes oriundos de Río Blanco y Ciudad Mendoza “desaparecieron” el 26 de octubre, luego de haber sido detenidos en un retén de policías municipales y estatales.

La desaparición forzada se realizó en varios actos: Por “conducir con temeridad”, Joel Reyes fue detenido junto con tres de sus trabajadores (Humberto Gil García, Daniel García Reyes y Ricardo Montesinos Núñez), además de un chofer, cuando viajaban en un taxi después de dejar la camioneta Van en Ciudad Mendoza, repleta de mercancía.

Al día siguiente, Luis Carrera y Jorge Reyes –hermano de Joel– acudieron a pagar la multa de los comerciantes. Los acompañó Jorge Alducin, trabajador, y el abogado Eloy Servín López. Llegaron a la comandancia municipal, pagaron la multa y avisaron a sus familiares que ya había acabado todo y que iban de regreso a casa. Hasta ahora ninguno de los siete comerciantes ha vuelto.

“No entendemos por qué detuvieron a todos y no sólo al conductor”, lamentan familiares de Joel, Jorge y Luisa. Afirman que el taxista –de nombre desconocido– y el abogado Eloy lograron escapar de la policía, llegaron a sus casas, hicieron maletas y huyeron de la ciudad sin dar explicación alguna.

Joel, desde la comandancia, le marcó a su cuñada, Luisa Carrera, quien no quiso ir sola y le pidió a Jorge Reyes –su esposo– que la acompañara. En Río Blanco llegó un trabajador más (Jorge Alducin) y el abogado para viajar a Ixtaczoquitlán. Tras pagar la multa y firmar la papeleta de salida, los hermanos Reyes hablaron a casa, les dijeron a sus padres: “Ya pagamos todo, ya acabó esto. Nos vemos en un rato”.

Durante un mes, la familia Reyes y amigos se han dedicado a buscar por sus propios medios a sus familiares. Ya pidieron videos y sábana de llamadas, y ya declararon a la Fiscalía –paso a paso– todos los indicios de la desaparición que hizo huir al comandante de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán.

“Hay videos editados. Tardan 10 minutos Jorge y Joel platicando con el abogado. Salen con ellos, se vienen según rumbo a casa en la camioneta del abogado. Se pierde el contacto con ellos a unas cuadras de la comandancia. Hay videos que no entregaron a la Fiscalía. Nos gustaría que el abogado y el taxista declararan y dijeran qué fue lo que paso”, dicen familiares de los comerciantes.

En las diligencias ministeriales realizadas hasta el momento no hay rastro alguno de la camioneta Van con mercancía de ropa americana. Tampoco se ha podido dar con el paradero de la camioneta del abogado, ni del taxi en que fueron detenidos cuatro comerciantes. No hay registros en ningún corralón cercano, pese a que en las bitácoras de la policía municipal se confirmó la detención de todos ellos y la consignación de vehículos.

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