CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los augurios ante las ratificaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá resultaron favorables: el Congreso de Estados Unidos aprobó la semana pasada el T-MEC. Las muestras de beneplácito en México se han multiplicado, no así en el ámbito de la cultura, y aun cuando ya empezaron a sucederse vaticinios y análisis de diversa índole, sólo de la aplicación de este instrumento podrá colegirse la envergadura de sus consecuencias. El T-MEC es, sin duda, un laurel para Estados Unidos. El texto del T-MEC en su apartado cultural es por sí suficientemente revelador, y el país deberá enfrentar ahora sus secuelas. Su entrada en vigor conllevará serias repercusiones en el ecosistema cultural mexicano que exigirán esfuerzos hercúleos de los actores culturales. En los casos de México y Canadá, ambos países se vieron obligados a concertar el tratado ante el espectro de las represalias comerciales y en una serie de negociaciones que concluyeron en octubre de 2018. Si bien el tratado se concentra en un solo texto, esas dos naciones corrieron con suertes distintas. En cuanto a la vertiente cultural del T-MEC, no nos podemos llamar a sorpresa: la constante en la conducta del Estado mexicano en los diferentes foros comerciales ha sido de nula consideración por el tema. Peor aún, México ha militado siempre en el otro extremo, donde el único interés es el crematístico. El tiempo de la historia es ahora, y por ello es necesario dejar constancia de que factores adversos en el entorno cultural del ­T-MEC no pasaron inadvertidos para la sociedad mexicana.

El pasado reciente

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor el 1 de enero de 1994 y, desde su concepción, el Estado mexicano fue más que omiso en cuanto al capítulo cultural. Esta afirmación no es gratuita; debe inicialmente considerarse que las disposiciones relativas a las industrias culturales provenientes del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá en enero de 1988 (CUSFTA, por sus siglas en inglés) fueron replicadas en el TLCAN.   Los tres países convinieron que esas disposiciones sólo continuarían vigentes para Canadá y Estados Unidos (artículo 2106 y su Anexo). Las industrias culturales protegidas en el TLCAN eran muy extensivas, ya que hacían referencia a la publicación, distribución o venta de libros, revistas, publicaciones periódicas o diarios impresos o legibles por medio de máquina, con exclusión de la actividad aislada de impresión o de composición tipográfica.  También estaban comprendidas la producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones de películas o video, así como las grabaciones de música en audio o video. Finalmente estaban integradas la publicación, distribución o venta de música impresa o legible por medio de máquina y las comunicaciones por radio cuyas transmisiones tuvieran por objeto la recepción por el público en general, y todas las actividades relacionadas con la radio, la televisión y la transmisión por cable, junto con los servicios de programación de satélites y redes de transmisión. Las industrias culturales mexicanas quedaron, por lo tanto, al margen de esta salvaguarda. El dictamen del Senado de la República del 18 de noviembre de 1993 que sirvió de fundamento para la aprobación es farragoso y anodino. No es un exceso calificarlo de glosa efímera del texto del TLCAN; su única conclusión fue determinar, sin mayor pretensión, que en materia de excepciones había coincidencia con los principios de soberanía y seguridad nacionales, que dejaban un margen suficiente de autonomía con los compromisos internacionales del país en materia de comercio. Las industrias culturales mexicanas no le valieron al Senado ninguna exégesis; no hubo ningún atisbo de turbación por la soberanía cultural del país.  A partir de la década de los noventa del siglo XX, y con mayor ahínco en el umbral del XXI, tras la aprobación del TLCAN la estrategia de los Estados Unidos se transfiguró de manera evidente: comenzó a impulsar una liberalización total del comercio electrónico. La restricción al comercio tradicional de bienes y servicios culturales no estaba en sus prioridades; de ahí que las reservas impuestas a las políticas tradicionales culturales que no tuvieran incidencia en ello fueron aceptadas con mayor o menor grado. Se partió de la premisa, que ha probado su bondad, de que el futuro de las industrias culturales está en el ecosistema digital. Esta premisa aseguró incuestionablemente el predominio estadunidense en sectores vitales, como el informático, en el T-MEC. La estrategia incluyó la inteligencia artificial, que permitirá generar productos y servicios transformativos que trastocarán el comercio regional y, sin duda, también el mundial. La otra pinza de la estrategia estadunidense era la propiedad intelectual, que presenta desafíos como los relativos a las licencias de derechos de empleo de contenidos culturales intangibles. En efecto, en numerosas transacciones el producto cultural adquirido no tendrá jamás una representación física; es la propiedad intelectual la que determinará la naturaleza de las transacciones comerciales en materia de propiedad y transferencia de los derechos de utilización del contenido cultural o en cuanto al desarrollo de programas informáticos (software). Las nuevas fórmulas de la propiedad intelectual que regulan la interacción con el comercio electrónico resultaban fundamentales para los intereses estadunidenses. Esto es visible en la música o los filmes que son adquiridos y telecargados en línea.  Las nuevas tecnologías permiten vehicular un número creciente de expresiones culturales desmaterializadas que son de circulación libre y accesibles a un público difuso e ilimitado. El T-MEC va a obligar a México a rediseñar la forma en la que sus expresiones culturales ingresarán al ambiente digital, así como la manera de fortalecer a los creadores con sus respectivas singularidades culturales, en un entorno adverso e inequitativo. La evidente mutación de nuestro ecosistema digital obliga a la urgente adaptación de las políticas culturales a las especificidades del mismo.  El comercio electrónico y la propiedad intelectual son, pues, dos de los principales ejes en materia de cultura dentro del T-MEC.

Las experiencias previas

La nueva dinámica comercial y el desarrollo exponencial de las tecnologías en telecomunicaciones, con el agregado del empoderamiento comercial de la República Popular de China, indujo a Estados Unidos a impulsar un tratado de libre comercio en el llamado Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), cónclave multilateral creado en 1989 y al que México accedió hasta 1993.  En el APEC se aprobó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que fue firmado en febrero de 2016. En enero de 2017, empero, la nueva administración estadunidense anunció su salida del TPP. Los demás países miembros –Brunéi-Darussalam, Malasia, Perú, Japón, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Chile, Canadá y México– debieron negociar en forma apresurada y sigilosa un tratado alterno: el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico o TPP-11 (CPTPP, por sus siglas en inglés), suscrito en febrero de 2018 y ratificado posteriormente por México –el término progresista no deja de ser un eufemismo. El TPP es relevante para este análisis, ya que es el modelo que siguió el T-MEC. En ambos tratados, TPP y CPTPP, el grado de liberalización en el sector de la cultura no conoció límites, y por parte de México la apertura cultural, no solamente aceptada sino auspiciada por el país, no tiene precedentes. La diferencia con Canadá, nuestro socio comercial, es palpable; éste fue el único que formuló reservas y cláusulas culturales de alcance diverso en diferentes capítulos de la materia. México se abstuvo de cualquier intervención por lo que respecta a las tecnologías digitales que producen, transforman y difunden las expresiones culturales mexicanas, como son, entre otras, los libros, la música, el cine y los programas televisivos. La conducta del Estado mexicano fue de una abdicación absoluta en lo que respecta a nuestras expresiones culturales.

La Organización Mundial de Comercio

La fase de la OMC se halla ahora en un cuarto menguante; incluso se ha disertado sobre la existencia de un proceso de desmundialización con un claro énfasis en el mercado interior (Walden Bello). Las encrucijadas del libre comercio, cuyo fundamento ideológico es el neoliberalismo, se han vuelto complejas y paradójicas, por lo que exigen análisis concienzudos. Existe una creciente insatisfacción mundial en numerosas sociedades respecto al libre comercio que la convirtió ya en una estrategia de confrontación. Las predicciones son inquietantes: se ha llegado a prever que, por el efecto de desestabilización que las crisis provocan, son éstas las que servirán de asidero para reafirmar el orden neoliberal, y su consecuencia anhelada sería el debilitamiento de la resistencia social (Naomi Klein). Es precisamente en el foro de la OMC donde se han discutido temas de relevancia que han tenido repercusiones trascendentes en el T-MEC. La OMC fue fundada en enero de 1995 como consecuencia de la llamada Ronda de Uruguay, que concluyó en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 1993. Son dos acuerdos los ejes principales de la OMC: el primero es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) de 1994, que rige la liberalización de las mercancías y quedó configurado bajo el método de listas positivas, consistente en que todas las mercancías quedan liberadas, con excepción de las expresamente excluidas.  El segundo eje es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), estructurado bajo el principio de listas negativas; esto implica que sólo se liberalizan los servicios expresamente consignados. En su agenda está el comercio electrónico, uno de los temas más debatidos puesto que supone el intento de conciliar el libre comercio con el principio de no discriminación informática. El resultado de la undécima conferencia ministerial de la OMC realizada en Buenos Aires en diciembre de 2017, en cuyo breviario estaba el comercio electrónico, fue, por decir lo menos, decepcionante. Con todo, se logró integrar un grupo informal, llamado Amigos del comercio electrónico para el desarrollo, cuyo objetivo es asegurar que este rubro sea un medio que estimule el crecimiento y permita reducir la fractura digital. Hasta la fecha no se ha generado un documento, de dominio público al menos, que pueda servir de base para la discusión.

El modelo europeo 

Uno de los referentes en materia de salvaguarda de las expresiones culturales es la Unión Europea. Con motivo de los últimos avances tecnológicos, esta región revisó su directiva 2010/UE sobre prestación de servicios de medios audiovisuales, a efecto de adaptarlos a las nuevas realidades y hábitos del consumidor, e implementó, por lo tanto, una nueva directiva (UE.2018/1808) cuando paradójicamente se cerraban las negociaciones del T-MEC. Esta última tiene un ámbito material de validez más vasto, ya que incluye las plataformas de videos y redes sociales, como Netflix, Facebook y Youtube, y la difusión directa del llamado livestreaming.  Uno de los puntos de mayor relevancia es la obligación de los Estados miembros de fijar un mínimo de 30% de contenido europeo en los catálogos de las plataformas, así como de desarrollar normas que realcen su valor. Una lectura somera de esta directiva da buena cuenta de su alcance cultural (artículo 13). Más aún, los autoriza a imponer obligaciones para que se contribuya al financiamiento de la producción de obras europeas a fin de apoyar a los creadores y productores europeos.

Epílogo

México perdió la batalla cultural, posiblemente una de las más importantes en su historia, sin haber encontrado la más mínima resistencia social.  La matriz del T-MEC, con sus especificidades propias, responde en el ámbito cultural al TPP y adoptó un régimen libérrimo en esta materia, con claras inequidades para los creadores culturales mexicanos. El contramodelo es el europeo, así como otros tratados y acuerdos comerciales internacionales que atestiguan que las cláusulas culturales son una práctica común. Pero no lo entendió así el Estado mexicano, que, una y otra vez, ha mantenido una insólita narrativa mercantilista en los foros comerciales. Con ello deja a los creadores y actores culturales mexicanos en total ­desvalimiento.   * Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas. Este ensayo se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso