COLIMA, Col. (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, señaló que buena parte de los casos de lavado de dinero en el país se desarrollan en el ámbito portuario, por lo que los puertos representan una prioridad para el trabajo de esa dependencia federal. Dijo que en días recientes se reunió con la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, con quien acordó realizar un trabajo conjunto de revisión de casos de lavado de dinero en las aduanas, particularmente en los puertos, con el apoyo y la coordinación con la Secretaría de Marina. Actualmente, reveló, la unidad a su cargo realiza una investigación relacionada con el tráfico de fentanilo a través del puerto de Manzanillo, aunque no mencionó detalles por el sigilo que debe guardar para no entorpecer las pesquisas y porque aún no presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). El funcionario federal precisó que el tema del fentanilo es una de las prioridades de la UIF durante este año, en virtud de la magnitud de la gravedad de los efectos de esta droga, pues “sabemos que 0.2 miligramos son suficientes para que una persona pierda la vida por sobredosis, y estamos hablando de que los datos estadísticos para Estados unidos sobre el consumo y las muertes por fentanilo solamente en 2018 ascendieron a 72 mil personas”. Nieto Castillo visitó esta ciudad para promover con las autoridades locales la creación de una unidad estatal de inteligencia patrimonial y económica, con el propósito de fortalecer el combate al lavado de dinero. Acompañado de la delegada de programas sociales del gobierno federal, Indira Vizcaíno Silva, el titular de la UIF ofreció una rueda de prensa en la que recordó que desde 2011 se planteó la creación de estas unidades de inteligencia, pero al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, en 2012, sólo se constituyeron 11 en el país, de las que estuvieron funcionando ocho. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, añadió, no se desarrolló una sola, y a partir de llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador ya existen 23 unidades funcionando y se proyecta que para final de 2020 todas las entidades cuenten con una, mientras que Nuevo León y Estado de México tendrán dos. Comentó que en el último año del gobierno de Peña Nieto únicamente se decomisaron 15 millones de pesos, producto de seis sentencias condenatorias logradas en materia de lavado de dinero a nivel nacional, cifra que calificó como “ridícula” en función de que se trata de la decimoquinta economía del mundo. Para 2019, indicó, “aumentamos de seis a 84 el número de sentencias condenatorias, sin embargo, sigue siendo insuficiente y necesitamos presentar un mayor número de casos”. Durante el año recién concluido la UIF presentó ante la FGR 160 denuncias por temas relacionados con lavado de dinero y dio vista a 88 autoridades administrativas y penales en las entidades y a nivel federal, relacionadas con posibles conductas delictivas y de responsabilidad administrativa. “Nuestro punto central es que necesitamos aumentar el número de decomisos y sentencias condenatorias; la única manera es presentando más casos ante la FGR, las fiscalías estatales y acreditando como coadyuvantes en la investigación para poder llevar los casos ante los tribunales”, puntualizó. Nieto Castillo comentó que generalmente el lavado de dinero está vinculado con la comisión de otro tipo de conductas delictivas, pues los recursos provienen de fondos del narcotráfico, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, tráfico de órganos o de especies protegidas, y las investigaciones de la UIF tienen que ver con las formas como ese dinero es introducido al sistema financiero. En los casos de corrupción política, dijo, el dinero se encuentra en el sistema financiero, lo tienen los gobiernos y lo sacan a través de empresas fachada o, como en el caso de la Estafa Maestra, a través de universidades que a su vez contrataron empresas fachada para sacar el efectivo. En cambio, la mecánica relacionada con la delincuencia organizada es inductiva al introducir recursos al sistema financiero para lavarlos, a través de la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, obras de arte, casas de empeño, e incluso casinos han sido usados para lavado de dinero. Nieto se dijo partidario ferviente del tema de la extinción de dominio, porque países como Estados Unidos y Colombia lo han desarrollado y han tenido éxito en el desmantelamiento de las estructuras delincuenciales. Se refirió a la iniciativa que se encuentra en el Congreso de la Unión para modificar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el propósito de que los recursos de cuentas congeladas que nadie reclame puedan mandarse al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y se conviertan en patrimonio de toda la sociedad mexicana. “Es importante que se impulse esa reforma que está en el Senado, porque hoy no tenemos ese mecanismo procesal y el banco es el que se queda con el dinero, a menos de que ya con la denuncia penal el Ministerio Público asegure las cuentas y solicite el decomiso de los bienes e instrumentos del delito al juez, hasta la sentencia condenatoria o vía extinción de dominio cuando no pueda la persona acreditar la procedencia lícita de los recursos”. Al preguntarle si existe alguna investigación contra la Universidad de Colima, luego de una serie de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sostuvo que se encuentra en revisión el tema de la Estafa Maestra, luego de que la Secretaría de Bienestar le hizo entrega de 105 convenios de colaboración de distintas universidades a nivel nacional, donde se transfirieron recursos a empresas que daban las características de ser empresas fachada, que no cumplían con el perfil, con domicilios en colonias populares, en inmuebles deshabitados, y se constituían y eran liquidadas en un corto periodo de tiempo. “Estas características de empresas fachada fue lo que generó el incremento exponencial de la corrupción durante la pasada administración, y uno de los objetivos centrales de este gobierno es eliminar o reducir en la mayor cantidad posible esta práctica”, concluyó.