CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El académico y articulista Sergio Aguayo Quezada refrendó la denuncia sobre la existencia de una red de complicidad entre algunos jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México para favorecer al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. En conferencia de prensa vía telefónica, el periodista acusó que, pese a las declaraciones y oficios aportados por parte de sus abogados, el TSJ capitalino siguió fallando en su contra y acosándolo, hasta que finalmente el magistrado José Huber Olea Contró lo condenó a indemnizar con 10 millones de pesos al exgobernador por daño moral. El académico explicó que su caso no se trata sólo de una disputa entre particulares, sino de las reglas fundamentales del periodismo y su relación con los personajes públicos, por lo que agradeció la solidaridad del gremio. “Estoy muy conmovido, sacudido anímicamente por la reacción de solidaridad que he recibido de infinidad de colegas, incluso con quienes no tengo muy buena relación”, afirmó. El académico atribuyó esta muestra de solidaridad a la comprensión que existe en el ámbito periodístico sobre los acontecimientos recientes que atentan contra la libertad de expresión, como la filtración de una iniciativa de reformas legales que permitiría la posibilidad de castigar con cárcel alguna presunta difamación. A ello, indicó, se sumaron las agresiones que recibió la caminata por la paz con justicia y dignidad en su arribo al zócalo capitalino, por parte de simpatizantes de la Cuarta Transformación, y “mostró la fragilidad de los espacios para la libertad de expresión”. Aguayo consideró éste como un momento propicio para reformar las leyes y corregirlas, con el objetivo de definir las circunstancias en que se puede presentar una demanda por daño moral o al honor, y evitar así, las demandas “tan frívolas y extravagantes por difamación”, en las que el presunto agraviado puede fijar el monto que deberá pagar el presunto agresor. Luego de que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció que atraería el caso, el articulista se dijo tranquilo y confesó que la noticia ha sido para él “como una liberación de la mazmorra en la cual se ha convertido el Poder Judicial de la Ciudad de México.” Aseguró que por primera vez en casi cuatro años su caso va a ser revisado por un juez de manera objetiva, profesional y rigurosa para determinar si se agredió el honor del exgobernador o si fue un pretexto que Moreira utilizó para acosarlo por investigar la violencia en el estado de Coahuila. Columna de Aguayo, la más cara en la historia de México Sara Mendiola Landeros, abogada de la organización Propuesta Cívica, aseguró que la columna de Sergio Aguayo sobre Humberto Moreira ha sido la más cara del país: “10 millones de pesos demandados por opinar, eso es lo que cuesta opinar en nuestra democracia mexicana”. Asimismo, subrayó que este tipo de demandas con sanciones económicas “irrisorias” no busca el lucro económico, sino generar temor en quien está investigando e informando, a fin de inhibir la labor periodística y coartar la libertad de expresión. La abogada indicó que existen alternativas menos lesivas para los periodistas, como el derecho de réplica, que deberían ser obligatorias antes de interponer una demanda por daño moral, y acusó que en el caso de Sergio Aguayo existe una valoración “inadecuada” sobre el trabajo periodístico. En este tipo de casos las autoridades deben determinar primero si se trata de una investigación o de una columna de opinión, debido a que estas no pueden ser criminalizadas o judicializadas por ningún motivo, abundó. “Sin atender el sentido correcto, el magistrado Olea decidió que, en atención al sistema dual, el periodista no debió criticar la detención de Moreira en España, ni generar juicio, ni opinión, de su función como gobernador de Coahuila, concluyendo que la columna de Aguayo violaba la presunción de inocencia del exgobernante. Un argumento falaz, toda vez que el autor de la columna comunicó un hecho cierto y noticioso”, subrayó. Por su parte, Héctor Beristain Souza, abogado de Sergio Aguayo, afirmó que el de su cliente es un caso de “acoso judicial pocas veces visto”, en el que hubo dolo y corrupción para amedrentarlo y censurarlo. La demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, dijo, no sólo está plagada de irregularidades, sino que refleja una dualidad operativa por parte del TSJ, pues por un lado las peticiones del exgobernador son resueltas de manera expedita, mientras que las promovidas por el articulista son presas del letargo y el aplazamiento. Beristaín precisó que, para revivir el caso, Olea Contró aplicó disposiciones derogadas y con ellas exigió un resarcimiento de 10 millones de pesos por presuntos daños morales que excede las disposiciones legales en la materia, establecidas en un tope máximo de 25 mil pesos. Además, remarcó que el magistrado no sólo “torció el derecho”, sino que se encuentra en un claro conflicto de interés, pues en 2017 el hermano de Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila, le otorgó al hermano del magistrado una notaría pública en Saltillo, Coahuila. Por lo anterior, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Comité para la Protección de los Periodistas, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, acusaron la existencia de acoso judicial en contra de Sergio Aguayo, que resulta en un retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México. Y solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el amparo directo 906/2019 a favor de Aguayo, así como la queja 11/2020, a fin de que el magistrado Francisco José Huber Olea Contró sea investigado por presuntos actos de corrupción en la sentencia y en su función judicial.