CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 23 de enero, por unanimidad, la Corte Internacional de Justicia (
CIJ) de Naciones Unidas dictó una orden de proteger a la comunidad rohingya de Myanmar de “un peligro real e inminente de ser víctima de un genocidio”. Además, ordenó preservar todas las pruebas que permitan corroborarlo y presentar un informe que demuestre “la aplicación inmediata y eficaz de las medidas cautelares”.
La CIJ, en realidad, resuelve litigios entre Estados. Pero este caso fue presentado por Gambia, apoyada por la Organización para la Cooperación Islámica, la cual alegó que en Myanmar se ha cometido un genocidio contra los rohingyas, e invocó para ello la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), de la cual ambos países son signatarios.
El pequeño país de África Occidental denunció que los rohingya, confinados en el estado fronterizo de Rakhine, “han sido víctimas de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como la quema de sus poblados, a menudo con la gente dentro de la casa en llamas, en una profunda campaña de deshumanización”. Situación que derivó en 2017 en un éxodo masivo hacia el vecino Bangladesh, donde más de 700 mil miembros de esta etnia se mantienen concentrados en campamentos precarios.
La ola de violencia, de la que se responsabiliza a las fuerzas de seguridad birmanas, se desató en 2016, cuando el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA, por sus siglas en inglés) –un grupo minoritario que decidió tomar las armas– lanzó una serie de ataques contra puestos de policía. Pero, en realidad, los rohingya son marginados y perseguidos desde 1970 por las autoridades de la antigua Birmania, que los rechazan como simples inmigrantes bengalíes ilegales y les niegan la ciudadanía. Bangladesh tampoco los reconoce como sus nacionales.
Apátridas
Definidos como apátridas, sin ningún derecho ciudadano; confinados en un territorio fronterizo sin servicios ni opciones de empleo; hostigados por los militares y repudiados como musulmanes por la mayoría budista del país, los rohigya han vivido en Myanmar un infierno contínuo en el que no han tenido otra opción que someterse o huir.
El 2015 hizo aflorar esta situación, cuando decenas de precarias embarcaciones, con miles de ellos a bordo, deambularon semanas por el Golfo de Bengala, porque ningún país los quería recibir. Y la crisis destapó además una red de tráfico de personas, en la que estaban involucrados varios países de la zona, y que continuaba en el exterior los horrores que se vivían en el interior.
Por todos estos antecedentes, los jueces de la CIJ consideraron que “los rohingya cumplen los requisitos de las minorías consideradas protegidas por la Convención”, y agregaron que todas las partes firmantes están obligadas a prevenir el genocidio, por lo que la Corte “tiene jurisdicción para evitar daños irreparables en el seno de una minoría amenazada”.
De nada sirvió la comparecencia en diciembre ante dicha Corte de Aung San Suu Kyi, consejera de Estado de Myanmar y Premio Nobel de la Paz 1991, quien sostuvo que se trataba de “un conflicto interno de lucha contra el terrorismo, sin intención genocida”. Y que su país tenía el derecho a resolver sus problemas “sin injerencias externas”. En 2017 advirtió que su gobierno “no negociará con un grupo terrorista como ARSA”, lo que daba pie a la opción militar.
Pero en su defensa, Suu Kyi fue todavía más allá. Aunque admitió que los militares birmanos podrían haber cometido algunos “excesos” contra los rohigya, consideró en unas declaraciones al Financial Times que aquéllos que están refugiados en Bangladesh “han exagerado los hechos, y Myanmar sufre las acusaciones sin pruebas de organizaciones humanitarias y de los investigadores de la ONU”.
Se refería al informe de una misión mixta de investigación de Naciones Unidas y expertos independientes, que a lo largo de 2018 reunió “suficiente información para sustentar el cargo de genocidio contra los rohingya atribuible a las Fuerzas Armadas birmanas”. Según su queja, las pesquisas se habrían centrado en los desplazados en Bangladesh y no en los actores internos dentro de Myanmar, donde el férreo control militar hace una investigación objetiva casi imposible.
A partir de este informe, el 28 de diciembre pasado la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que condena a Myanmar por “los abusos de derechos humanos cometidos contra la minoría musulmana de los rohingya”. Considera que el flujo masivo y continuado de éstos hacia Bangladesh es “en secuela de las atrocidades llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad birmanas”; y que éstas constituyen “indudablemente los crímenes más graves bajo la ley internacional”.
Por tanto, la resolución pidió un cese inmediato de las hostilidades y de “la discriminación sistemática e institucionalizada” contra los rohingya; el desmantelamiento de los campos de desplazados dentro de Myanmar; y “crear las condiciones necesarias para el regreso seguro, voluntario y digno de los refugiados”. Ya en noviembre, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado previo, dado que el gobierno de Rangún no había hecho ningún preparativo, pese a un acuerdo formal con Bangladesh.
Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero reflejan la postura de la comunidad internacional ante una determinada situación. Sin embargo, el embajador de Myanmar ante la ONU, Hau Do Suan, la descalificó como “otro ejemplo clásico de dobles estándares y aplicación selectiva y discriminatoria de las normas de derechos humanos, diseñado para presionar políticamente a Myanmar”.
Pero ya es algo más que presión política. La orden de protección de la CIJ sí es vinculante, y obliga a Myanmar a cumplirla como miembro de la ONU y signatario de la Convención sobre genocidio. Pero además, el 15 de diciembre de 2019 la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que autorizó a la fiscalía a abrir una investigación formal sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente por las fuerzas de seguridad birmanas contra los rohingya en la frontera de ese país con Bangladesh.
La CPI anunció que examinaría las denuncias sobre estos crímenes desde septiembre de 2018, poco después de la presentación del informe de la comisión mixta de la ONU. Era el primer paso para un posible juicio, pero había dudas de si avanzaría, dado que Myanmar no es signatario del Estatuto de Roma que rige a esta Corte, aunque Bangladesh sí lo es. También se temía que en el Consejo de Seguridad, que debe invocar dicho procedimiento, alguno de sus miembros permanentes (concretamente China) pudiera vetarlo.
Suu Kyi, La Dama
Pero el anuncio del organismo de La Haya indica que no hubo ningún obstáculo legal. Ello, pese a que desde un principio la Consejería de Estado encabezada por Suu Kyi rebatió que Myanmar no es miembro de la CPI y “ésta parece dispuesta a intentar de forma indirecta el ejercicio de una jurisdicción que no tiene”.
La CPI juzga individuos y no gobiernos; por lo que parece poco probable que Suu Kyi sea llamada a juicio, recayendo la responsabilidad sobre la cúpula militar birmana que ordenó y ejecutó la represión contra los rohingya. El que sí ha quedado irreparablemente dañado es su prestigio político y sobre todo moral, que le valió en 1991 el Premio Nobel de la Paz.
La Dama, como se le conoce en Myanmar, fue galardonada debido a su tenaz y pacífica lucha contra la junta castrense que gobernó durante casi medio siglo el país, y que le valió 21 años intermitentes de arresto domiciliario. Pero en 2015, cuando los militares decidieron que había llegado el momento de una “apertura democrática”, y la Liga Nacional por la Democracia (LND) que ella encabeza ganó las elecciones, su postura empezó a torcerse.
Impedida por la Constitución a ejercer la primera magistratura, debido a que estuvo casada y tuvo hijos en el extranjero, se le designó como Consejera de Estado, aunque todos saben que es la líder de facto. También quedaron bajo su mando los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, mientras los militares se reservaron los de Defensa, Interior y Fronteras. El ejército también conserva una cuarta parte de los escaños en el parlamento birmano.
Queda claro que Suu Kyi está muy condicionada por los miltares, tal vez inclusive amenazada. Pero su silencio, cuando no su solidaridad discursiva y política en el caso de los rohingya, la han hecho pasar de víctima a cómplice. Human Rights Watch, por ejemplo, denunció en 2018 que “ella y el partido LND han sofocado a los disidentes con una batería de leyes represivas, y han hecho muy poco por evitar la impunidad de las fuerzas armadas”. Y Aministía Internacional simplemente le retiró el título de Embajadora de la Conciencia, “a la luz de su vergonzosa traición a los valores por los que una vez luchó, visto lo ocurrido con los rohingyas”.
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Las críticas contra la otrora admirada líder birmana empezaron a multiplicarse en medios políticos y de comunicación. Pero ella no rectificó y convalidó la estrategia para acallar los crímenes. Así, cuando dos periodistas locales de la agencia Reuters fueron condenados a siete años de prisión por investigar una matanza de rohigyas a manos de militares y civiles birmanos, ella repitió los argumentos que sus pares castrenses: “No fueron condenados por ejercer el periodismo, sino porque el jurado consideró que incumplieron con la Ley de Secretos Oficiales”.
Los dos reporteros fueron liberados en mayo de 2019 bajo una amnistía presidencial, que se otorgó a otros 6 mil 250 presos. Y aunque detrás se intuye la mano de Suu Kyi para reducir las presiones internacionales, ella nunca dejó de defender la legitimidad del proceso. El político y diplomático estadunidense Bill Richardson, quien se sumó al comité de asesores creado por el gobierno de Myanmar para abordar la crisis rohingya, contó cómo la líder birmana tuvo “una respuesta furiosa” cuando se le planteó el asunto de los periodistas detenidos.
A la postre Richardson renunció porque dijo que “el comité se está convirtiendo en un equipo de animadoras del gobierno, en lugar de proponer las políticas desesperadamente necesarias para garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo de Rakhine”. En consonancia, el Parlamento de Canadá también solicitó la anulación del título de “ciudadana honoraria” a Suu Kyi, a la que ahora calificó de “cómplice”.
Muchas organizaciones y personalidades de distintos ámbitos han solicitado inclusive retirarle el Premio de la Paz que obtuvo, lo cual es poco probable porque no está previsto en los estatutos de la Fundación Nobel. Pero más que el retiro de títulos y premios, lo lamentable es que por debilidad, por complicidad o por ambición, esa figura femenina a la que el pueblo de Myanmar vio en cierto momento como “una madre”, haya perdido la oportunidad de defenderlo genuinamente.
