Libertad para disentir

Foto: Facebook Sergio Aguayo Quezada Foto: Facebook Sergio Aguayo Quezada

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Orwell lo escribió y resuena con fuerza en estos tiempos, en el país y en el mundo: “si la libertad significa algo, significa el derecho a decir lo que algunos no quieren escuchar”. Y Humberto Moreira no quiere escuchar lo que se dice, se publica, se repite y se comparte sobre él. Que endeudó y corrompió y mal gobernó a su estado. Que sobre él se ciernen las sospechas de colusión con el crimen organizado y cómo permitió su fortalecimiento en Coahuila. Que fue arrestado en España y dejado en libertad en México. Cuidado, acompañando, protegido por una clase política unida en la omertá, el pacto del silencio, el pacto de la impunidad. Ese pacto perverso que Sergio Aguayo intentó romper escribiendo sobre Moreira y denunciándolo. Ese pacto perdurable con el cual un juez de la Ciudad de México condena al académico a pagar 10 millones de pesos por “daño moral”.

Como si Humberto Moreira fuera impoluto e impecable. Como si cientos de columnistas no hubieran escrito críticamente sobre sus tropelías, su cinismo, sus abusos. Pero el caso de Aguayo es especial porque nadie como él ha escarbado la dura realidad de Coahuila, la masacre de Allende en la cual Los Zetas acribillaron a todo un pueblo, mientras Moreira miraba, impasible. Y en venganza, Moreira lo demanda, sabiendo que puede poner el Poder Judicial a su servicio, como lo demuestra la sentencia del magistrado Huber Olea Contró, conocido como #HuberLordFerrari por el carro que maneja y con el cual arriba a los tribunales capitalinos. Conocido también porque su hermano fue beneficiario de una notaría otorgada por Rubén Moreira, y por ese solo hecho debió haberse recusado. 

Así ha operado nuestra República mafiosa; así ha permitido los conflictos de interés y doblegado a la justicia y silenciado a los críticos y atentado contra la libertad de expresión. Porque la embestida de Moreira busca criminalizar el derecho a pensar. No demandó a un periodista por información falsa, sino a un académico por una opinión personal. Y por eso es tan preocupante, tan indignante. Sólo los países autoritarios niegan el derecho a pensar; sólo los regímenes dictatoriales lo criminalizan. En el caso de Sergio Aguayo se juega la libertad de disentir, de criticar, de opinar, para todos. La sola existencia de la demanda trae consigo un efecto inhi­bidor. Lleva a que cualquier columnista, cualquier tuitero, cualquier conductor de radio o televisión se vea sujeto a algo similar. De esa manera surge la autocensura, la mordaza colocada por miedo a ser demandado, temor a ser penalizado, angustia ante la posibilidad de perder el patrimonio y ver cómo lo embargan.

Si el poder antes controlaba a la prensa crítica a través de la distribución del papel, o el chayote, o la entrega de publicidad oficial, ahora puede hacerlo en los tribunales. Con magistrados a modo y sentencias parciales o desproporcionadas. Con la utilización de la legislación que no tasa el daño moral y le permite a un juez determinar la compensación de forma arbitraria. Sergio Aguayo ha sido víctima de un exgobernador, pero también de un Poder Judicial al cual la transformación aún no llega. La podredumbre sigue ahí y se expresa con sentencias como la aventada contra Aguayo.

El hedor judicial es una herencia del pasado y un reto del presente. La Cuarta Transformación no debe convertirse en la Cuarta Criminalización y por eso preocupan los documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, filtrados en tiempos recientes. Ahí, en la propuesta de creación de un Código Penal Único hay iniciativas regresivas que ponen en riesgo la libertad de expresión. Ahí se vuelve a considerar la difamación como un delito que podría llevar a la cárcel. Ahí se revive algo que se había derogado después de que Lydia Cacho denunció la corrupción y la pederastia. Además se buscaría “sancionar penalmente a quienes profieran expresiones que dañen la reputación de una persona; imputar a alguien un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que le cause deshonra, descrédito o perjuicio”. Adicionalmente se penalizaría “toda manifestación o expresión dolosa que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país”. A la cárcel, entonces, con cualquiera que dañe el honor de alguien, que critique el comportamiento de un funcionario o de una institución. El poder mismo colocará el bozal.

Con ese tipo de reglas sí empezaríamos a parecernos a Irán, donde hay 400 periodistas encarcelados, o a Turquía, donde hay 500 comunicadores entambados. Un gobierno que se dice progresista resucitaría las peores prácticas del PRI, pero exacerbándolas. Hay que estar alertas por el caso de Sergio Aguayo pero también ante cualquier intento por limitar derechos democráticos que ha constado mucho trabajo expandir. En un país donde se suele asesinar a un periodista cada mes, urge mayor protección, no mayor hostigamiento.

Por eso alienta que la Suprema Corte de Justicia explore atraer el expediente de Sergio Aguayo, ya que sus precedentes suelen desmantelar cercos a la libertad de expresión. Anima el compromiso de Andrés Manuel López Obrador –expresado en una conferencia mañanera– a no apoyar o impulsar leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensen como él. Reconforta escucharlo decir que ya no hará un uso faccioso del aparato del Estado para ir tras una persona, como ha ocurrido con frecuencia desde el púlpito presidencial. Y el propio fiscal general de la República ha pospuesto la presentación del paquete de reformas cuyos borradores evidenciaron cuán punitivas eran. A los que han expresado su compromiso con la libertad de expresión habrá que tomarles la palabra y recordarles siempre que el derecho a opinar y disentir y argumentar pavimenta el camino a la verdad. Aunque no quieran escucharla.

Este análisis se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso

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