TOLUCA, Edomex. (apro).- El Ejido de San Buenaventura, ubicado en la capital mexiquense, reclamó el pago de 300 millones de pesos más actualizaciones por la afectación de 96 mil metros cuadrados que fueron empleados para las obras del Tren Interurbano México-Toluca. Acompañado por algunos de los 283 ejidatarios afectados, Edgar Ocampo, asesor jurídico del núcleo agrario, además solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que sean cesados e investigados por presunto fraude exfuncionarios (algunos todavía en funciones) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Sistema Ferroviario y Multimodal. Precisó que las acciones jurídicas deben ser emprendidas contra Juan Manuel Anaya Medina, exdirector general adjunto de Regulación Económica de la SCT; el director de Asuntos Legales, Fernando de la Rosa Medina; el expresidente de Servicios, Felipe Zambrano de Lucio, actual subdirector de Verificación de Transporte Ferroviario, y el superintendente de Servicios, Osvaldo Hernández. Lo anterior, por suscribir 24 convenios de transmisión de derechos de posesión y/o convenios de transmisión temporal de derechos de posesión de tierras, por un monto total de 28 millones 197 mil 733 pesos, con 11 personas sin calidad agraria dentro del ejido, entre ellos familiares del entonces presidente del comisariado ejidal de San Buenaventura, Hilario Jorge Hernández Garcés. El abogado indicó que aquel comisariado ejidal entró en funciones el 8 de agosto de 2015, pero celebró convenios fechados en 2014, por lo que hubo una simulación de documentos que respaldan el cobro de los más de 28 millones a cambio de “no reclamar la cantidad total” de las afectaciones. Nota relacionada: [embed]https://www.proceso.com.mx/610638/comuneros-denuncian-uso-de-la-fuerza-publica-para-concretar-obras-del-tren-interurbano-en-edomex[/embed] Además, pidieron al diputado morenista Nazario Gutiérrez, presidente de Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Legislatura local, investigar los hechos; a la delegada Delfina Gómez y a Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, el inicio de acciones legales contra los servidores públicos involucrados, contra el presidente del comisariado ejidal y los firmantes de los convenios. Ocampo Hernández advirtió que, de cualquier manera, el ejido ha entablado las denuncias penales correspondientes, y advirtió que el tren no podrá transitar por los terrenos del ejido, debido a que existe una suspensión que se desprende de un amparo promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito.

“El ejido de San Buenaventura quiere ver que realmente la cuarta transformación signifique justicia, que tal y como lo prometió el presidente, no sea tapadera de nadie y no haya intocables, que se limpie la escalera de arriba a abajo”, añadió.