Detrás de las tomas de instalaciones universitarias no hay “mano negra” ni “intereses oscuros”, dicen integrantes de los colectivos feministas que iniciaron el movimiento contra la violencia sexual y de género en la UNAM. Para ellas, esos señalamientos del rector y del presidente de la República pretenden desacreditarlas como incapaces de realizar acciones coordinadas para presionar a las autoridades a cumplir añejas demandas, que se volvieron urgentes después de varios ataques letales contra estudiantes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El pasado 15 de enero, después de más dos meses desde que un grupo de alumnas agrupadas en el colectivo feminista y separatista Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) tomaron las instalaciones como protesta contra la violencia sexual y de género, se instaló la primera mesa de diálogo con las autoridades.
Fue el primer cara a cara entre las estudiantes paristas y las autoridades. Siete de ellas, encapuchadas y vestidas de negro, leyeron a los representantes de la facultad cada una de las demandas de su pliego petitorio. Cuando exigieron una disculpa pública a la familia de la alumna Mariela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde abril de 2018, por entorpecer las investigaciones para su búsqueda inmediata, el director de la facultad, Jorge Enrique Linares Salgado, se apresuró a disculparse ahí mismo.
“Bien. Aquí está la señora Herminia Valverde y nosotros, yo le ofrezco nuestra disculpa pública, por la dilación que hubo en la facultad. Quiero decirle y decirles a todos que, cuando nos requirieron a todos la información, la autoridad judicial, inmediatamente nos pusimos a su disposición”, afirmó Linares Salgado.
Con la voz entrecortada las estudiantes reclamaron al directivo su falta de sensibilidad al disculparse sin dirigir la mirada a la señora Herminia ni cumplir el protocolo que establece la Ley General de Víctimas, según la cual tiene que ser en una fecha convocada por la autoridad y en un lugar que signifique y dignifique la disculpa pública.
“No se trata de un punto más para cumplir tus intereses y que te entreguemos las instalaciones porque por eso las estamos tomando, y por eso estamos haciendo esta interrupción de la normalidad; si la norma es que nuestras compañeras no estén, entonces nosotras no queremos vivir en la norma”, recriminaron.
Entre aplausos y gritos de “¡no estamos todas, nos falta Mariela!”, el director y las representantes de Rectoría se comprometieron a hacer la disculpa pública. Sin embargo, a un mes de la mesa de diálogo, no se ha convocado para saldar esta deuda pendiente de la UNAM.
Ese episodio es el reflejo de la lentitud en el cumplimiento de esa y otras demandas, lo que ha hecho que crezca el movimiento pese al desgaste que representa una toma de instalaciones de esta magnitud. En solidaridad con sus compañeras, se declararon en paro estudiantes de otras facultades, como la Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
Hasta el cierre de esta edición eran 12 en total, luego que la tarde del viernes 7 se entregaron las instalaciones de los planteles 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, el CCH Azcapotzalco y la Facultad de Arquitectura (FA). Todavía quedan la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Psicología, la de Artes y Diseño, los planteles Sur y Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), las prepas 3, 5, 6 y 8, y de manera indefinida FFyL, FCPyS y la Prepa 9.
El conflicto estudiantil se fue gestando mientras el rector Enrique Graue buscaba la reelección. El 29 de octubre de 2019 se convocó a una asamblea feminista y se decidió tomar las instalaciones por 12 horas a partir del 4 de noviembre, pero el cierre de la facultad se volvió indefinido ante el incumplimiento de las demandas, entre ellas la destitución de Amparo Yadira Coronado Zavala, encargada de las denuncias por violencia de género en FFyL, la disculpa pública de los directivos por haber “normalizado” el acoso sexual y por entorpecer la denuncia legal que las estudiantes querían interponer contra los presuntos agresores.
Cuatro días después del paro, Graue tomó protesta como rector de la UNAM por cinco años más.
“El rector Enrique Graue estaba más preocupado por su reelección que por resolver las demandas”, considera una estudiante de la “colectiva” Mujeres Organizadas de la FFyL.
Seis días después de la reelección del rector, el 14 de noviembre, 11 planteles de la UNAM se declararon en paro en protesta por el acoso y abuso sexual; tres de ellos lo mantuvieron de manera indefinida.
“Es una bola de nieve. En las facultades FFyL y Prepa 7 y Prepa 9, los alumnos transcurrieron las festividades navideñas en la prepa y las vacaciones sin que avanzara el diálogo o la solución a sus demandas. Fue un periodo importante en el que las autoridades apostaron inicialmente al desgaste del movimiento”, opina Sayuri Herrera, abogada feminista cercana a algunas estudiantes.
Varios errores de comunicación mostraron que las autoridades no usan el mismo lenguaje que las manifestantes, en su mayoría feministas que se autodefinen como “separatistas” (excluyen a los hombres de cualquiera de sus asambleas), “anarquistas” y “disidentes”. La pifia más visible fue la serie de promocionales que la casa de estudios lanzó en sus redes sociales, con actores, casi todos hombres, haciendo recomendaciones a las mujeres víctimas de acoso y violencia de género para que presentaran denuncias formales.
La “mano negra”
El pasado martes 4, a las 5 y media de la madrugada, una veintena de mujeres encapuchadas y vestidas de negro, con paliacates verdes y púrpuras, intentó cerrar la Facultad de Derecho colocando cadenas y candados en la reja principal, pero profesores y personal administrativo las confrontaron y les impidieron tomar las instalaciones.
–Los estudiantes tienen derecho a estudiar –gritó un profesor a las encapuchadas–. No queremos delincuentes.
–Nosotras tenemos derecho a estudiar sin ser violentadas –respondió también a gritos, desesperada, una de las activistas al ver frustrada su acción.
Aquellos momentos de confusión, gritos, insultos, jaloneos, empujones, vidrios rotos y pintas quedaron grabados en los teléfonos celulares de los profesores y de las encapuchadas.
En uno de los videos difundidos en la página de Facebook “Mujeres Organizadas-Derecho UNAM”, con más de 11 mil seguidores, se ve cuando el director de esa facultad, Raúl Contreras, empuja a una de las encapuchadas, quien cae al suelo. En otro, divulgado por los profesores, una de las activistas golpea con un tubo una pantalla de televisión a la entrada de la facultad, hasta que un grupo de académicos y personal logra detenerla.
Antes de marcharse, las mujeres arrojaron pintura amarilla a los profesores.
Posteriormente, rodeado por maestros con sus trajes manchados, Contreras le dijo a un grupo de alumnos que llegaron ese día a sus clases que “personal ajeno a la facultad” (porque “hablaban con groserías”) intentó tomarla. “Yo sé que hay muchas quejas y mucha violencia de género, pero las violentas que vinieron hoy vinieron a violentar, no a pedir que no hubiera violencia… Esto tiene que ver con fuerzas externas que quieren paralizar la universidad, no lo permitamos”, arengó el directivo.
Sin embargo, al día siguiente la organización Mujeres en Lucha de la Facultad de Derecho se adjudicó el intento en su página de Facebook, alegando que intentaron tomar las instalaciones por 24 horas “en una respuesta desesperada… a la violencia misógina a la que nos enfrentamos diariamente”.
El grupo añadió que sus acciones “van totalmente separadas de preferencias políticas, partidarias; nadie nos paga para desestabilizar a nadie, ni al gobierno, ni a ninguna autoridad. Esto lo hacemos para y por las mujeres”.
El martes 4, el edificio de Rectoría fue vandalizado por estudiantes encapuchados con pintas como: “encubridores”, “huelga” y “UNAM feminicida”. Rompieron un cristal con martillos, prendieron fuego en la entrada y lanzaron petardos.
Una integrante del grupo que mantiene el paro en la Prepa 9 narra en entrevista, bajo condición de anonimato, que la convocatoria fue pacífica, pero al ver que la Rectoría estaba cerrada y nadie salió a recibir el pliego petitorio decidieron vandalizar el edificio como medida de presión.
Luego que se radicalizaran las acciones, el gobierno federal y las autoridades universitarias instalaron una nueva narrativa oficial en torno al movimiento estudiantil encabezado por mujeres: se repitieron las declaraciones de que grupos ajenos a la comunidad universitaria intentan desestabilizar la institución educativa.
En su conferencia matutina del 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ve “mano negra” detrás de los paros universitarios, “porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos”.
Horas después, en la víspera del 20 aniversario de la irrupción de la Policía Federal Preventiva en la UNAM para terminar con la huelga estudiantil de 1999 a 2000, el rector Enrique Graue defendió la autonomía universitaria y señaló que el movimiento por la erradicación de la violencia de género puso en evidencia dos aspectos antagónicos: universitarias y universitarios que optaron por acciones y propuestas, y por otro lado los provocadores con intereses ajenos.
“A los otros, a quienes sólo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no lograrán que escalemos con violencia lo espurio de sus pretensiones”, amenazó el rector.
El viernes 7 los diarios El Universal y Excélsior amanecieron con la misma nota en portada, que encabezaron respectivamente: “Identifican a 8 grupos que dañan a la UNAM” y “Ocho grupos de choque son la mano negra en la UNAM”. Supuestamente se basaron en un informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Una integrante del colectivo Mujeres Organizadas de la FFyL dice a la reportera que con esta versión el gobierno y los medios de comunicación demuestran que no pueden concebir que las mujeres tengan poder de organización y les crean “la historia de una fuerza externa detrás encabezada por hombres”. Negó la presencia de hombres en “la colectiva” y recordó que se trata de una toma separatista.
También comenta que a través de comunicados y redes sociales ellas han denunciado que son hostigadas afuera de las instalaciones de la facultad por presuntos grupos porriles, que reciben amenazas de muerte y que se han hackeado los teléfonos de algunas.
Otra activista dice que lo que menos le conviene al movimiento feminista en la UNAM es que la protesta siga escalando y se declare la huelga general, porque ello implicaría un riesgo: sus demandas específicas, que por fin comienzan a ser atendidas, se perderían entre otro tipo de reivindicaciones.
Como ejemplo pone los talleres con perspectiva de género y feminista para profesores dentro de la UNAM, uno de los puntos de su pliego petitorio; o que la próxima semana se reunirá el Consejo Universitario para discutir una de sus principales exigencias: la modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM para reconocer la violencia de género como una falta grave.
Una alumna parista de la Prepa 9, quien también es miembro del colectivo Valkirias Negras, de tendencia anarco-feminista, niega que respondan a intereses políticos: “No somos pagadas, no somos porros; somos estudiantes organizadas, todas con diferentes ideologías y formas de ver el mundo”, señala.
Oleada feminista
Detrás de las tomas se encuentran grupos de “colectivas” feministas surgidos desde 2016, luego de una serie de actos de violencias que han sufrido alumnas de la UNAM.
De las 20 facultades de la UNAM, se conocen colectivos de Mujeres Organizadas al menos en ocho, como en Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología, Filosofía y Letras y la Escuela Nacional de Trabajo Social.
La primera “colectiva” surgió en 2016, en la Facultad de Filosofía y Letras. Se llamó Asamblea Feminista, después se politizó y cambió de nombre al de Mujeres Organizadas de FFyL en 2017, después del feminicidio de Lesvy Berlín a manos de su pareja Jorge Luis González en el campus de Ciudad Universitaria. Jorge Luis era trabajador de intendencia de la universidad y en enero pasado fue sentenciado a 45 años de prisión por feminicidio agravado.
En marzo de 2018 surgió la “colectiva” de alumnas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, luego de que denunciaron que una de sus compañeras fue víctima de violación sexual en uno de los baños de la institución. Llamaron a sus compañeras de Mujeres Organizadas de la FFyL y comenzaron a demandar medidas de seguridad.
En 2018 estudiantes de la Facultad de Arquitectura se organizaron tras los feminicidios de Graciela Cifuentes, académica de la UNAM, y de su hija, Sol Cifuentes, quien era estudiante de arquitectura. Sus cuerpos fueron calcinados ese año en su casa.
En un comunicado fechado el pasado jueves 6, los grupos de Mujeres Organizadas de las facultades de la UNAM y otros grupos feministas de bachillerato manifestaron: “Aunque no reconozcan la dignidad de nuestra lucha y nos llamen criminales, e incluso aseguren que tenemos intereses egoístas y oscuros, o digan que no somos estudiantes, nosotras trabajamos desde el amor, ¡reconocemos nuestra digna rabia y nos organizamos y decimos YA BASTA!”.
Este reportaje se publicó el 9 de febrero de 2020 en la edición 2258 de la revista Proceso
