GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).– Escoltas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fueron acusados de ordenar la detención ilegal del empresario veracruzano Juan Carlos Vázquez Bonilla de León durante una visita al fraccionamiento donde vive el mandatario de Guanajuato. Vázquez Bonilla de León, excandidato del PAN a la presidencia municipal de San Juan Evangelista, en Veracruz, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y vinculado a proceso por un juez por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, que en realidad portaba uno de sus escoltas, un militar retirado. Tanto el empresario como sus escoltas y abogados denunciaron que fueron hostigados por los escoltas del gobernador en el fraccionamiento Alamedas de Alcázar, donde vive el mandatario. Según su testimonio, Vázquez Bonilla llegó a visitar a unas personas que también viven en el lugar el sábado 1 de febrero con sus escoltas. No tuvo problemas hasta el lunes 3 por la mañana, cuando al salir al bulevar Alonso de Torres, los escoltas del gobernador les marcaron el alto y les pidieron mostrar los permisos de las armas que portaban, entre ellas un rifle semiautomático y una pistola calibre .38. Tras presentar los permisos, pudieron seguir su camino en el fraccionamiento residencial. Pero más tarde ese mismo día, en el bulevar Juan Alonso de Torres fueron interceptados nuevamente por personales de la Ayudantía del gobernador en una camioneta blanca, y por agentes vestidos de civil que viajaban en otra camioneta Tahoe. Los escoltas pidieron la presencia de agentes de la Policía Municipal de León y Fuerzas de Seguridad del estado. Vázquez Bonilla y los dos elementos que lo acompañaban aseguraron haber mostrado las licencias para la portación de armas y la identificación del militar, pero los agentes las desaparecieron y no las presentaron al Ministerio Público Federal. En la audiencia ante el juez, el abogado defensor presentó fotografías tomadas en el momento de la detención del empresario y sus escoltas, en las que se ven las armas y las identificaciones y licencias de portación de los tres. Las fotografías fueron publicadas en diarios locales. [caption id="attachment_617311" align="alignright" width="362"] Una camioneta presuntamente usada por escoltas del gobernador de Guanajuato durante la detención del empresario veracruzano. Foto: Especial[/caption] Pero en la audiencia, celebrada el jueves 6 en la sede del Poder Judicial Federal en Guanajuato, el juez de control federal Efraín Frausto Pérez desestimó las fotografías. El juzgador dijo que creería lo declarado por los policías municipales, que informaron sobre la detención del empresario, consignado en la carpeta que fue inicialmente integrada por personal de la Fiscalía general del estado y turnada por incompetencia al Ministerio Público Federal. En la carpeta no se consignó que los policías municipales detuvieron inicialmente a Juan Carlos Vázquez y a sus dos escoltas por intervención de los guardias del gobernador, y únicamente se adjudica al empresario veracruzano la posesión de un arma calibre 40 Glock de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esta arma, según expuso su defensa, en realidad era portada por el militar retirado que lo escoltaba, el teniente retirado Alberto Valenzuela Rodríguez, cuya declaración corroboró lo dicho por el detenido. “En mi carácter de Teniente de transmisiones retirado de la Secretaria de la Defensa Nacional, acreditado con mi credencial con número de folio 317429, expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional, la cual me fue sustraída por los elementos de la policía municipal y que ignoro donde se encuentra, que en términos de los artículos 128 y 129 Fracción III, letras a) y d)  de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, contempla que ostento el grado de oficial en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana”, dice una parte del testimonio del militar citado por la defensa del detenido. Pero esta declaración del militar también fue desestimada por el juez Frausto Pérez, quien además rechazó los informes de la Plataforma México exhibidos por el defensor, en los que no se registran antecedentes de detenciones de ninguno de los tres. “Yo les tengo que creer a los policías, el día que no les crea vamos a dejar de vivir en un estado de derecho”, fueron las palabras del juez. Al escuchar esto, el empresario pidió ser arraigado en un domicilio o portar un GPS, pues advirtió que se encontraba en riesgo si era recluido en un penal por las amenazas vertidas en su contra por grupos del crimen organizado. Pero, una vez más, el juez se negó a atender su solicitud y ordenó su ingreso al Centro de reinserción estatal en Puentecillas. “Me pueden matar”, advirtió Juan Carlos Vázquez. Sus familiares dieron a conocer que se presentó una denuncia por la desaparición de los documentos con que se amparaba el uso de las armas, así como por el presunto robo de una maleta con ropa y zapatos de diseñador propiedad del empresario que estaba en la cajuela del Mercedes Benz cuando los escoltas y los policías municipales lo revisaron. El actual Secretario de Seguridad Pública Municipal en León, Mario Bravo Arroja, fue jefe de seguridad del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en los primeros meses de su sexenio, y fue él quien lo recomendó para el cargo que ocupa actualmente.