CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las protestas sociales en América Latina fueron la nota dominante en el segundo semestre del año 2019. Uno de los casos más visibles ha sido el de Chile, en donde protestas sociales de larga duración han puesto en duda supuestos, que se creían firmemente establecidos, sobre el éxito económico y político de se país.  Una preocupación recurrente frente a la situación existente ha sido el avance o retroceso en materia de derechos humanos. ¿Se verá en el futuro próximo una mejoría en la situación de los derechos humanos en ese país? ¿o la respuesta del Estado a las protestas sociales conducirá, inevitablemente, a un retroceso en la materia? El Informe recién dado a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a solicitud del gobierno chileno organizó una visita a ese país entre el 25 y 31 de enero proporciona un material interesante para responder a las preocupaciones anteriores.  El documento permite tomar conciencia de la fragilidad de las instituciones democráticas en Chile cuando una protesta social intensa, como ha sido la que se inició el 18 de octubre del año pasado, revive tendencias represivas que subsisten desde los años de la dictadura. Un buen ejemplo para ilustrar ese fenómeno es el comportamiento del cuerpo de Carabineros de Chile que ocupa un papel notorio en la utilización excesiva del uso de la fuerza, así como en prácticas condenables, violatorias de los derechos humanos, al ocurrir detenciones masivas para contener las protestas. La Comisión hace notar que Chile ha registrado elevadas tasas de crecimiento económico y alcanzado logros en la reducción de la pobreza y cobertura de servicios sociales muy notorios. Asimismo, tiene niveles de institucionalización democrática sólidos que han permitido conocer y procesar las demandas que se han presentado con motivo de la represión de las protestas sociales.  Sin embargo, la existencia de tales instituciones no es suficiente para superar problemas ancestrales de desigualdad y exclusión. En efecto, existe un amplio resentimiento, entre los sectores más pobres, así como en amplios sectores de clase media, por las consecuencias de procesos de privatización que han encarecido, o hecho imposible, el acceso a educación de calidad, servicios de salud o pensiones dignas. El tema del medio ambiente se ha vuelto cada vez más difícil de manejar por los habiantes de las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”, que padecen, entre otros problemas, una muy seria escasez de agua.  Las circunstancias anteriores son los “problemas ocultos” de Chile. Por una parte, éstos no se reflejan en los buenos índices de crecimiento que por muchos años han permitido calificar a ese país como uno de los ejemplos más exitosos en América Latina. Por la otra, contribuyen a explicar la profundidad y duración de la crisis social que se desató a partir de octubre del año pasado.  El punto central del Informe de la Comisión, encaminado hacia los problemas de derechos humanos, se encuentra en la sección relativa a la respuesta del Estado frente a la movilización social. De acuerdo con la CIDH, ésta “se caracterizó por la represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de los manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.  Entre otras violaciones, la Comisión detecta detenciones masivas, uso deliberado de perdigones para producir daño –como pérdida de la vista–, apertura injustificada de procesos penales y el envío al Congreso de un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas de algunas modalidades de protesta, en particular las que se ejercen con violencia.  En relación con las detenciones, la CIDH señala el número tan elevado de las mismas a partir del 18 de octubre y hasta finales de enero del presente año, un total de 23 mil 274. Particularmente preocupante es el hecho que, de acuerdo con la información recibida por la Comisión, durante tales detenciones hayan ocurrido abusos sexuales –incluyendo violaciones–, torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes provenientes, principalmente, de los Carabineros. La agresividad durante las detenciones ha estado presente, sobre todo, en los casos de mujeres, adolescentes, niños y niñas. Asimismo, hay información referente a actos de discriminación y violencia en contra de las personas LGBT. Por lo que toca a los grupos indígenas, la CIDH ha monitoreado las constantes denuncias sobre abusos policiales, asesinatos y montajes realizados por las fuerzas de seguridad para inculpar a dirigentes de estos grupos. Las recomendaciones dirigidas al Estado por la CIDH después de su visita tienen diversos grados de profundidad. Entre ellas llama la atención el llamado a llevar a cabo una reforma institucional integral de Carabineros de Chile para adecuar su actuación a los principios de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos; dotar a la Fiscalía de un refuerzo especial para la investigación de los hechos ocurridos en el contexto de las protestas sociales; fortalecer los órganos autónomos y las instituciones del Estado con mandato en la investigación, promoción y protección de los derechos humanos.  Dos elementos se pueden retener de lo expuesto. Lo primero sería el empeño de la CIDH por esclarecer el grado en que la respuesta a la protesta social ha llevado a violentar el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad que en ello tienen grupos específicos; la presencia de situaciones estructurales en Chile que obligan a repensar un modelo de crecimiento que profundiza malestares muy serios en los grupos sociales; la complejidad de las medidas a tomar para recuperar la estabilidad perdida.  Lo segundo tiene que ver con el futuro. El simple retorno al status quo no resolvería los problemas que hoy se advierten en Chile. La vuelta a una normalidad democrática que garantice el respeto a los derechos humanos exige cambios que lleven a enfrentar sectores con fuertes tendencias represivas desde hace muchos años. Sin embargo, la vitalidad de la sociedad civil chilena permite albergar esperanzas sobre el camino que se va a seguir, a pesar de los obstáculos que seguramente encontrará.   Finalmente, la actuación de la CIDH en Chile es un ejemplo más del compromiso de esta institución con los derechos humanos, su profesionalismo, su imparcialidad, su empeño por fortalecer la protección de tales derechos. Confirma su importancia como el órgano que mayor aprecio merece en momentos que los órganos políticos de la OEA, el Consejo Permanente y el Secretariado, atraviesan una seria crisis de legitimidad.   Este análisis se publicó el 9 de febrero de 2020 en la edición 2258 de la revista Proceso