CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) brindar protección a “mujeres que han denunciado públicamente haber sufrido violencia sexual en su niñez”, como alumnas de un colegio administrado por la congregación de Legionarios de Cristo, en Quintana Roo. El organismo informó que emitió medidas cautelares a favor de las mujeres denunciantes de los abusos sexuales ante el temor de sufrir represalias, de ahí que solicitó a la SSyPC brindar protección “y prevenir cualquier trasgresión a sus derechos que pudiera suscitarse por exponer sus casos ante la opinión pública”. En un comunicado, el organismo dio a conocer una serie de oficios enviados a distintas dependencias para atender el problema de la pederastia, a la par de que en el Congreso de la Unión se propone “la imprescriptibilidad del delito de pederastia, con lo cual se busca mayor protección de las víctimas quienes podrían denunciar los hechos en cualquier momento, incluso aunque hayan transcurrido años desde su ocurrencia”. El organismo envió oficios a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública, para que las dependencias trabajen con las instituciones de educación estatales así como con “con las organizaciones religiosas en la prevención y atención de casos de violencia sexual contra niña, niños y adolescentes”. Notas relacionadas: [embed]https://www.proceso.com.mx/615030/el-halo-de-impunidad-de-los-legionarios-de-cristo[/embed] La CNDH envió una comunicación al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que diseñe “estrategias para que todas las escuelas públicas y privadas del país adopten medidas para prevenir esa violencia, y establezcan mecanismos para la denuncia oportuna de los casos que se susciten”. Según el organismo, en sus comunicaciones exhortó a favorecer la denuncia y evitar que los agresores queden en la impunidad, por lo que sugirió la creación de “protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes deben ser un requisito normativo que se exija para autorizar el funcionamiento de las escuelas, aunado a su constante supervisión”. Agregó que la SEP debería ser la dependencia que implemente una estrategia de prevención y atención a la violencia sexual, para lo cual deberá incluirse la opinión de los menores “en todo tipo de asociación, institución, albergue, grupo o instalación dedicada a actividades educativas conforme a la Ley General de Educación, incluyendo, las que se encuentran a cargo de organizaciones religiosas, los albergues-escuelas y estancias infantiles, entre otras”.