CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La filtración de imágenes e información de asesinatos con saña, por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no es nuevo en el gobierno capitalino, pues ya existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) por un caso ocurrido en 2015. Por lo pronto, la CDHCM ya recibió una queja de los familiares de Ingrid Escamilla --asesinada el pasado domingo 9-- contra las autoridades capitalinas por la filtración de las imágenes del cadáver de la joven de 25 años. El 21 de junio de 2017, la entonces CDHDF emitió la recomendación 4/2017 contra la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina --hoy Fiscalía-- y el Tribunal Superior de Justicia local, por la omisión para investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Nadia Dominique Vera Pérez, así como el homicidio de Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotógrafo colaborador del semanario Proceso. El multihomicidio ocurrió el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte. En ese entonces, desde la PGJ, a cargo de Rodolfo Ríos, se filtraron a la prensa fotografías e información de la forma en que fueron hallados los cuerpos de las víctimas, contra quienes sus agresores ejercieron extrema violencia física y sexual. Las imágenes de los cuerpos de las víctimas aparecieron publicadas en al menos uno de los diarios que el pasado lunes 10 replicaron la misma acción con las fotos del cadáver desollado de Ingrid. Para entonces, familiares de las víctimas, así como organizaciones de periodistas y de defensores de derechos humanos, reclamaron a Ríos Garza las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, y le exigieron castigar a los responsables. La presión social fue tal que la Procuraduría inició una investigación penal por la filtración y detuvo a un servidor público de esa dependencia como presunto responsable. Sin embargo, poco tiempo después quedó libre porque no se acreditó delito alguno.

La recomendación

En el séptimo punto, de 17 que incluyó la recomendación 4/2017, la CDHDF --entonces presidida por Perla Gómez-- sugirió a la PGJ que en un plazo no mayor de 90 días naturales diseñara “un mecanismo de control y supervisión que fortalezca los aspectos técnicos y organizativos de las medidas de seguridad y de confidencialidad con las que cuenta esta Procuraduría, acorde a las leyes vigentes en la materia, así como al interior del sistema penal inquisitivo y al nuevo sistema de Justicia Penal Adversarial, para que, en lo subsecuente, se evite la filtración de información contenida en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación”. En el punto 13 pidió que, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la aceptación de la recomendación, “se continúe con las investigaciones para determinar la probable responsabilidad penal y administrativa de otras servidoras o servidores públicos adscritos a esa Procuraduría General de Justicia, relacionada con la filtración de datos contenidos en la averiguación previa y sus desgloses, relacionados con los hechos en materia de esta recomendación”. En el siguiente punto, el organismo de derechos humanos solicitó a la PGJ que diera vista “a la instancia competente para que se inicien las investigaciones administrativas por los actos de vulneración a los derechos humanos de las personas agraviadas atribuidos a personal de esa dependencia”. Otro caso polémico protagonizado por la PGJ en materia de difusión de información e imágenes de víctimas de feminicidio fue el de Lesvy Berlín Osorio, el 3 de mayo de 2017, dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM. El mismo día que ocurrió el hecho, la entonces directora de Comunicación Social de la PGJ, Elena Cárdenas, escribió varios mensajes en la cuenta oficial de Twitter de la PGJ en los que reveló información íntima de la joven e hizo comentarios para suponer que se había suicidado. Poco tiempo después, dicha funcionaria “renunció” al cargo, sin recibir sanción penal o administrativa. En octubre de 2019 el exnovio de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, fue sentenciado a 45 años de prisión por el delito de feminicidio.