En la lista negra de la ONU, 112 empresas que hacen negocio en territorios ocupados por Israel

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para derechos humanos. Foto: Twitter @UNHumanRights Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para derechos humanos. Foto: Twitter @UNHumanRights

GINEBRA (apro).- La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos publicó una lista largamente esperada sobre 112 empresas que operan y hacen negocios en asentamientos de Israel en territorios palestinos, lo que la ONU considera ocupación ilegal y entre las que destacan Airbnb, Expedia, Trip Advisor, Booking, Opodo, eDreams (con domicilio social en Luxemburgo), Alstom y Motorola Solutions.

El informe dado a conocer en esta ciudad ha causado revuelo en la escena internacional pues fue dado a conocer un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU discutiera el plan de paz propuesto por el presidente estadunidense Donald Trump y que fue concebido por su yerno Jared Kushner hijo de inmigrantes rusos de origen judío.

El documento afirma tener “motivos razonables” para concluir que dichas empresas han estado involucradas en actividades relacionadas con los asentamientos.

La lista ha sido elaborada de conformidad con una resolución del Consejo de Derechos Humanos aprobada en 2016, como una base de datos ampliable que por ahora incluye a 112 compañías (94 de ellas israelíes) y otras 206 se han quedado fuera de la clasificación pues fueron consideradas “para una evaluación adicional”.

En un informe provisional presentado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018 por el entonces Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que había revisado información que estaba a disposición del público, o había sido recibido de una variedad de fuentes, con alrededor de 307 compañías iniciales.

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El informe asegura que “las conclusiones surgen de nuevas comunicaciones con entidades comerciales, así como una revisión y evaluación exhaustivas de toda la información disponible”.

De las 112 entidades comerciales identificadas en el informe, 94 están domiciliadas en Israel y 18 en otros seis estados.

Durante el complejo proceso de elaboración de la base de datos, el ACNUDH consultó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y mantuvo amplias discusiones con numerosos estados, organizaciones de la sociedad civil, grupos de expertos, académicos y otros, además de mantener amplias interacciones con los las propias empresas

El informe deja en claro que la referencia a estas entidades comerciales “no es, ni pretende ser, un proceso judicial o cuasi-judicial”.

“Si bien los acuerdos como tales se consideran ilegales según el derecho internacional este informe no proporciona una caracterización legal de las actividades en cuestión ni de la participación de las empresas comerciales en ellas.

“Cualquier paso adicional con respecto a la continuación de este mandato será responsabilidad de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, que considerarán el informe durante la próxima sesión del Consejo, que comenzará el 24 de febrero”, explica ACNUDH.

“Soy consciente de que este tema ha sido y seguirá siendo muy polémico”, afirmó la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Sin embargo, después de un proceso de revisión extenso y meticuloso, estamos satisfechos de que este informe basado en hechos refleja la seria consideración que se le ha dado a este mandato sin precedentes y altamente complejo”, remarcó.

Prevalece situación de ocupación militar

En su resolución, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer una misión internacional independiente de investigación con respecto a las implicaciones de los asentamientos israelíes sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén del Este.

El 6 de julio de 2012, el presidente del Consejo nombró a tres expertos de alto nivel como miembros de la misión de investigación: Christine Chanet (presidenta), Asma Jahangir y Unity Dow.

Para el propósito de su trabajo, la misión aclara que los “asentamientos israelíes” abarcan todas las estructuras y procesos físicos y no físicos que constituyen, permiten y apoyan el establecimiento, expansión y mantenimiento de comunidades residenciales israelíes más allá de la Línea Verde de 1949 en los territorios palestinos ocupados.

La misión no distinguió entre “asentamientos”, “bloques de asentamiento”, “puestos de avanzada” o cualquier otra estructura que se haya erigido, establecido, expandido y / o apropiado o cualquier tierra o recurso natural apropiado.

Guiada por los principios de “no hacer daño”, independencia, imparcialidad, objetividad, discreción, transparencia, confidencialidad, integridad y profesionalismo, la misión analizó cuidadosamente toda la información disponible que se considera relevante y creíble, precisa el informe.

Los asentamientos israelíes se encuentran más allá de la Línea Verde de 1949 e incluyen estructuras en Jerusalén del Este y en el Área C de Cisjordania.

Los Acuerdos de Oslo establecieron el Área A, que comprende aproximadamente el 18 por ciento de Cisjordania y abarca áreas urbanas palestinas bajo el control total de la Autoridad Palestina; Área B, que representa alrededor del 22 por ciento de la gran mayoría de las áreas rurales palestinas, bajo control civil palestino, en el cual el ejército israelí tiene control de seguridad y el Área C, que comprende aproximadamente el 60 por ciento del territorio, “bajo control total israelí con fines de seguridad, planificación y construcción”.

Los asentamientos generalmente se ubican entre los sectores más vulnerables de la sociedad palestina, predominantemente pueblos agrícolas.

El primer asentamiento establecido fue Kefar Ezyon, en septiembre de 1967. En los primeros años, el establecimiento de asentamientos siguió un patrón típico.

Los colonos tuvieron acceso a los funcionarios gubernamentales de más alto rango, jugaron con sus lazos emocionales con la tierra y alentaron a estos funcionarios a liderar y participar en el establecimiento y la expansión de los asentamientos a través de, entre otras cosas, la confiscación de tierras para “fines militares”, indica el informe.

Hasta la fecha, prevalece una situación de ocupación militar en el territorio palestino ocupado, observa el documento.

Como potencia ocupante, Israel está obligado por el derecho internacional humanitario a cumplir un conjunto de obligaciones establecidas en el Reglamento de La Haya de 1907 con respecto a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, que se reconocen como parte de derecho internacional consuetudinario y el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra de 1949 (Cuarto Convenio de Ginebra), del cual Israel es una Alta Parte Contratante.

La aplicabilidad de la Cuarta Convención de Ginebra al Territorio Palestino Ocupado fue establecida decisivamente por la Corte Internacional de Justicia y ha sido reconocida y reafirmada constantemente por, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.

En virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, los palestinos que viven bajo la ocupación son “personas protegidas” y, por lo tanto, son el centro de las obligaciones de Israel en virtud del derecho humanitario.

El derecho internacional humanitario establece obligaciones para Israel en relación con el trato humano y la integridad física de los palestinos como personas protegidas; respeto por sus derechos básicos a la educación, a un juicio justo, familia, salud, religión y trabajo, entre otros.

Además, Israel, como potencia ocupante, debe velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad; respeto a las leyes existentes; respeto y protección de bienes muebles e inmuebles y la gestión de la propiedad pública, incluidos los recursos naturales.

En un informe sobre el tema, el secretario general de la ONU advirtió que se ha puesto en riesgo la demografía por la transferencia continua de la población de Israel al territorio ocupado, observando que Israel había transferido aproximadamente el 8 por ciento de sus ciudadanos en el territorio palestino ocupado desde la década de 1970.

También recordó que la Corte Internacional de Justicia concluyó que la construcción del muro, junto con el establecimiento de asentamientos israelíes, estaba alterando la composición demográfica del territorio palestino ocupado y, por lo tanto, obstaculizaba gravemente el ejercicio del pueblo palestino de su derecho a la libre determinación.

Finalmente, el informe remarca que “a pesar de todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas declarando que la existencia de los asentamientos es ilegal y pidiendo su cese, la planificación y construcción de los asentamientos israelíes continúa en aumento”.

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