La SCJN valida impuesto a casinos que cobra Nuevo León

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Octavio Gómez Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó amparar a tres casinos de Nuevo León, los cuales impugnaron el cobro de impuestos por parte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

Al negar dicho recurso, dio luz verde para que los gobiernos de los estados también puedan obtener ingresos por estas actividades.

Entre las empresas que buscaron amparos se encuentran Players Palace, Entretenimiento Mapuche y Apuestas Internacionales.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la empresa quejosa en contra de los artículos 13, 15 a 21 y segundo transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León”, señala la sentencia, cuyo proyecto original fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, y que recibió la aprobación unánime de la segunda sala.

La sentencia reconoce que el Congreso de Nuevo León tiene competencia para establecer contribuciones sobre juegos y sorteos, pues si la facultad para gravar esas actividades no se otorgó en la Constitución exclusivamente a la Federación, ello permite concluir que también la pueden ejercer las legislaturas locales.

En un comunicado de prensa posterior, la SCJN agregó que declaró la constitucionalidad de los artículos que establecen los impuestos, pues no trastocan los principios de justicia tributaria previstos en la Constitución Federal.

En el estado de Nuevo León, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, encabezada por Carlos Alberto Garza Ibarra, reporta una recaudación anual de 900 millones de pesos por esa actividad, que son utilizados en rubros como el Fondo de Seguridad para los Municipios (Fortaseg).

Los quejosos señalaron que el establecimiento de casinos genera una carga fiscal muy pesada, agravados por la Federación, los gobiernos estatales e incluso municipales, por lo que buscaban que se disminuyeran las presiones impositivas.

Especialmente por el efecto que producen gravámenes federalizados como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), recaudados por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en vigencia.

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