Desde las entrañas de OHL, Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza –todos del primer círculo de Enrique Peña Nieto– urdieron complejos esquemas financieros para “inflar” los activos de esa empresa en la Bolsa Mexicana de Valores y obtener ingentes ganancias, que lo mismo sirvieron para enriquecerse que para financiar campañas electorales. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Mediante complejos esquemas financieros y el maquillaje de resultados contables en la constructora OHL, de la que era consejero, Emilio Lozoya Austin participó en esquemas de triangulación de recursos, parte de los cuales sirvieron para financiar las campañas políticas de Enrique Peña Nieto y su grupo político, afirma el abogado Paulo Díez Gargari. En entrevista con Proceso sostiene que estas operaciones se llevaron a cabo entre 2010 y 2012, antes de que entrara al gobierno de Peña Nieto como director general de Pemex y de distanciarse de su amigo Luis Videgaray Caso. Y esas operaciones se articularon en colaboración con Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza, el inamovible secretario de Comunicaciones y Transportes del exmandatario. Los esquemas se basaron en las concesiones carreteras que OHL detenta en el Estado de México, principalmente el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, dos casos que Díez Gargari conoce a la perfección: a lo largo de la administración pasada acumuló una enorme cantidad de documentos sobre dichos proyectos y ha litigado intensamente contra OHL. Por ello, sufrió diversas represalias y amenazas desde el poder priista. “El sistema tiene que ver con las elecciones y los incrementos de plazo de las concesiones y de las tarifas de las concesiones de carreteras. Cada vez que les incrementaban plazos y tarifas en alguna concesión, muy poco tiempo después iban a emitir nuevos bonos en la bolsa y tener liquidez. Es un tema gravísimo, porque si bien en sí la corrupción es grave, en este tipo de proyectos de infraestructura el efecto es mucho más perverso y a largo plazo”, dice. Así, en marzo de 2011, en plena campaña para la gubernatura del Estado de México –en la que Eruviel Ávila Villegas era candidato, y cuyo director de campaña era Videgaray–, Ruiz Esparza autorizó cuatro incrementos sucesivos de 25% a las cuotas de peaje del Viaducto Bicentenario, que OHL cobraría a partir de enero de 2013. Ese año Gabino Fraga Peña, uno de los operadores de OHL en el Estado de México –implicado en el fraude de Monex durante la campaña presidencial de Peña Nieto–, realizó operaciones de liberación de derecho de vía para el Circuito Exterior Mexiquense, una de las actividades que “más se prestan a la corrupción y al lavado de dinero”, según el abogado. “2011 es el año en que más dinero del Circuito se gastó –no se sabe por qué– para la supuesta liberación del derecho de vía”, subraya. Y añade: “Luego viene el 2012; en diciembre de 2012 le amplían el plazo de la concesión al Circuito Exterior Mexiquense, y le autorizan incrementos de peaje bestiales. ¡Todo está ligado al calendario electoral!”. Lozoya fue detenido en Málaga el pasado miércoles 12. Entre los cargos que enfrenta en México destacan los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht, parte de ellos durante la campaña presidencial de Peña Nieto. En España su nombre apareció varias veces en el Caso Lezo; una de las ramas de esta compleja investigación señala que OHL pagó presuntos sobornos a funcionarios con recursos provenientes de filiales en México y que pudieron ser triangulados en sociedades offshore vinculadas con Lozoya.

Esquemas fraudulentos

“No se debe perder de vista que si bien quien tenía el interés final era Peña Nieto, el operador central era Luis Videgaray”, dice y precisa: “Si me preguntas quién en el Estado de México podía entender los esquemas financieros de OHL, pues solo Videgaray. Ni siquiera Ruiz Esparza”. El 22 de octubre de 2010, con apenas 35 años, Lozoya ingresó al Consejo de Administración de OHL México junto con otros tres mexicanos sexagenarios de amplia trayectoria: los tecnócratas Carlos Ruiz Sacristán y Jesús Reyes-Heroles González Garza –exdirectores de Pemex, entre otros– y el banquero Valentín Díez Morodo. Menos de un mes después, el 11 de noviembre de 2010, la filial mexicana del grupo español entró en la Bolsa Mexicana de Valores y ahí empezaron los grandes negocios. “El gran negocio, el gran robo de OHL, no está en lo que se roban en la construcción, no en el sobrecosto, sino en todo el esquema financiero que se construye detrás de esto, con el que se financia y se refinancia”, afirma Díez Gargari. A partir de su entrada en la bolsa, OHL implementó un esquema financiero con el que maquilló sus registros contables e infló el valor de sus activos para captar mayor liquidez en los mercados, estrategia por la cual el grupo fue sancionado en 2016 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con una multa de 71.7 millones de pesos; la dependencia también le ordenó que cambiara la manera de llevar sus registros. Dicho esquema consistió en lo siguiente: en lugar de registrar sus concesiones de carreteras como “activos intangibles”, OHL los reportó como “activos financieros”. Con ello, la empresa inflaba el valor de sus activos con una “rentabilidad garantizada”, es decir, un monto que la propia compañía determinaba a criterio propio, bajo la justificación de que eran posibles ingresos a futuro. Este monto crece año tras año en los resultados de operación de la empresa: hasta 2016 los reportaba como “otros ingresos de operación”, y ahora los nombra “inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje” y “porción de activo intangible recuperable a través de flujos futuros de peaje”. En 2014, por ejemplo, la empresa reportó ingresos totales por 16 mil 911 millones de pesos; de ese monto, sostuvo que 3 mil 728 millones provenían de las cuotas de peaje, otros mil 372 millones del sector de la construcción, y reportó los 11 mil 714 millones restantes como “otros ingresos de operación” de sus concesiones del Circuito Exterior Mexiquense, del Viaducto Bicentenario y de la Autopista Urbana Norte. Las cifras de estos esquemas, según Díez Gargari, no cuadran, pues asegura que una empresa concesionaria de autopistas tiene un solo ingreso: cobrar peaje. “¿Qué otro ingreso que las cuotas puede tener?”, pregunta. “No soy un improvisado en el mundo de la infraestructura, sé que todas las empresas son agresivas y que siempre irán lo más lejos posible en los límites de la legalidad. Pero nadie, por más agresivo que sea, se ha atrevido jamás a hacer una de estas cosas”, sostiene. Según el abogado, estas cifras maquilladas permitieron a los directivos de OHL inflar las utilidades, atraer a más inversionistas en la bolsa y conseguir liquidez con base en activos que no existen. “Hacen líquida la utilidad de muchos años adelante, pero están transfiriendo el riesgo a nuestros inversionistas institucionales: bancos, afores, pequeños ahorradores”, denuncia. En su informe anual 2018, Aleatica –el nuevo nombre de OHL en México– todavía incluyó 111 mil 185 millones de pesos de ingresos futuros de peaje en sus activos; esto es, más de 64% de sus activos totales. Ello es grave, según Diez Gargari, pues los bonos de la empresa fueron emitidos con base en informes irreales y “si el día de mañana alguien viene y aplica la ley, todo esto va a reventar y todos vamos a tener que salir a rescatarlo”.

Máquina

“Lozoya jugaba un papel fundamental, quizás no era el cerebro financiero –porque ése era Videgaray–, pero sí tenía toda esta infraestructura de fideicomisos, y de sociedades offshore en Luxemburgo, en Mónaco, en todos estos lugares donde normalmente se esconden estas operaciones, y a través de las cuales se podía triangular un montón de dinero”, dice.  Recuerda que en enero de 2012 Lozoya acompañó a Peña Nieto al Foro Económico Global de Davos, en Suiza, apenas dos semanas después de que el mexiquense lo nombró coordinador de vinculación internacional de su campaña presidencial. En el exclusivo centro vacacional de los Alpes, Lozoya le presentó a Luciano Coutinho, presidente del Banco de Desarrollo de Brasil –una de las dependencias que financió megaproyectos de Odebrecht en el extranjero–, y Peña Nieto se reunió con Javier López Madrid, un hombre muy cercano a Lozoya y yerno de Juan Miguel Villar Mir, entonces socio principal de OHL. Escasos años después, ya al frente de Pemex, Lozoya concretó el proyecto de gasoducto Los Ramones: en un primer tiempo, Pemex se asoció con una filial de IEnova –de Carlos Ruiz Sacristán, con quien compartía asiento en el consejo de administración de OHL–, encargó su construcción a Odebrecht y para supervisar la obra contrató a la división Oil & Gas de OHL, creada en junio de 2013 sin que la empresa española tuviera experiencia alguna en el sector energético. Según Díez Gargari, las estrategias financieras fraudulentas convirtieron a OHL en una abundante fuente de recursos líquidos, que no sólo sirvieron para las campañas políticas en México, sino también para desviar recursos a España. Recuerda que en el Caso Lezo, las autoridades ibéricas encontraron transferencias de 2.5 millones de dólares de OHL México a una cuenta en Suiza de una empresa panameña, los cuales terminaron en presuntos sobornos pagados a funcionarios españoles. En noviembre de 2010, en paralelo al ingreso de OHL México a la bolsa, se transfirieron más de 3.4 millones de dólares de la filial mexicana a una empresa instalada en Luxemburgo, parte de los cuales fueron a parar a la empresa Infoglobal, fundada por López Madrid, de la que Lozoya era al menos consejero. La misma Infoglobal recibió fondos de Tochos Holding, una empresa que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda vincula con Lozoya, y cuya cuenta bancaria en Suiza recibió pagos –presuntos sobornos– de Odebrecht. Díez Gargari sigue su batalla legal para quitarle a OHL –ahora Aleatica– las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, por todas las irregularidades que detectó en su operación. Señala que el proyecto inicial del Circuito Exterior Mexiquense preveía un costo de 6 mil millones de pesos y un tramo de 155 kilómetros; la obra final mide apenas 110 kilómetros y en sus estados financieros el grupo español sostiene que debe recuperar una inversión de cerca de 90 mil millones de pesos. En el caso del Viaducto Bicentenario la obra se quedó a la mitad.  “Estamos pagando en las cuotas, cada vez que pagamos, la corrupción de estas personas. Le estamos pagando la corrupción y dándole a ganar”, deplora y añade: “El seguro mayor de estos corruptos ha sido ligar su corrupción a los procesos electorales, porque se garantizan dos cosas: que no los molesten durante seis años, pero además, como todo el mundo entiende el juego, cuando viene la nueva campaña, el candidato dice: ‘Oye, échale lanita y te doy más plazo’. Se perpetúan estos esquemas”. La trama de corrupción de OHL en el gobierno de Peña Nieto sigue su camino en el país: el pasado jueves 13, la Secretaría de la Función Pública (SFP) difundió su Informe de Fiscalización 2019, en el que señaló nuevas irregularidades perpetradas por el grupo español en las concesiones carreteras de la Autopista Amozoc-Perote y Libramiento de Perote. Además de detectar sobrecostos de más de mil 442 millones de pesos en la construcción de la carretera, la dependencia observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cargo de Ruiz Esparza amplió la concesión –en 2016– por 30 años, lo que no se puede justificar.  La SFP sostuvo que inició investigaciones sobre “personas servidoras públicas involucradas” y “recomendó” a la SCT actual, dirigida por Javier Jiménez Espriú, que “revoque la concesión” de OHL.  Este reportaje se publicó el 16 de febrero de 2020 en la edición 2259 de la revista Proceso