En el rectorado de Enrique Graue en la UNAM se ha disparado la violencia contra los estudiantes, incluidos los feminicidios. Para el abogado y defensor de derechos humanos Víctor Caballero, los jóvenes son el eslabón más vulnerable de la comunidad universitaria, cuyas autoridades generan un clima de impunidad cuando ignoran las denuncias, ocultan pruebas o no se pronuncian sobre las agresiones hasta que estalla una protesta como la actual del movimiento feminista. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Nadie sabe nada del activista Daniel Rosell. El sábado 8 desapareció del patio frente al Edificio de Humanidades de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, donde mantenía desde el pasado 27 de enero una huelga de hambre en una casa de campaña, bajo un árbol, sobreviviendo con agua, suero y unas cobijas. Consultadas por Proceso, las autoridades del plantel dicen no tener información del sexagenario, quien vendía dulces en esa escuela y se formó como historiador. No saben si está en un hospital o desaparecido. Sólo dejó algunos murales y la constancia de su activismo plasmado en su Acatlense, un impreso que da cuenta de la vida y los problemas de la FES Acatlán. “Son demasiadas las denuncias y las propuestas para cubrirlas todas. Por lo que señalaré las más urgentes e inmediatas y va mi salud a cambio y como lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz: Que me manden a la hoguera por el derecho a pensar”, señaló Rosell en uno de los últimos números de Acatlense. Su pliego petitorio era corto: Transporte seguro para los alumnos de la FES Acatlán al metro Cuatro Caminos, un comedor gratuito y saludable, atender las demandas de violencia y detener el hostigamiento hacia los estudiantes así como la reubicación de los vendedores ambulantes en el plantel. A Rosell le habían quitado su espacio, pero en una charla que tuvo con el alumno Emmanuel Herrera le confesó que “si las causas no van a ser realmente atendidas, ¿de qué sirve que ellos me entreguen el espacio que se me quitó, me adopten de nuevo y se deshagan de lo incómodo de tener un hombre muriéndose de hambre en la explanada?” El caso de Rosell se suma a una larga lista de miembros de la comunidad universitaria desaparecidos sin que las autoridades se pronuncien al respecto, hasta que se ven obligados por protestas de los alumnos o sus padres. De acuerdo con una base de datos elaborada por el colectivo NHF (Nos Hacen Falta, integrado por alumnos y académicos de varias facultades en 2014, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), la comunidad universitaria ha sido víctima de asesinatos, feminicidios y desapariciones, además de acoso sexual y asaltos en el campus. El primer caso registrado por NHF data de 2002, cuando Juan Ramón de la Fuente era rector. Se trata del feminicidio de Cristel Estibalí Álvarez García, a quien su presunta pareja tiroteó en la Facultad de Ciencias. En total, en el periodo de De la Fuente se contaron siete casos de violencia, entre ellos dos feminicidios, otro de los cuales fue el de Areli Osorno Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Museo de las Ciencias Universum en 2002, pero se estableció que perdió la vida en un laboratorio de la Facultad de Ingeniería, donde estudiaba. Los otros casos fueron cuatro asesinatos –como el de Alexis Benhumea– y la desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado. En el rectorado de José Narro Robles (2007-2015) los casos de violencia aumentaron a 22 y todos ocurrieron fuera de las instalaciones universitarias. Los feminicidios de universitarias se incrementaron a nueve y los asesinatos a 10, mientras que se registraron tres desapariciones. Sin embargo, la violencia contra universitarios rompió récord en la administración de Enrique Graue Wiechers, con más de 40 casos: siete feminicidios, 11 desapariciones y el resto, asesinatos. Muchos de esos crímenes tuvieron alta difusión mediática, como el de Lesvy Berlín Osorio, de 22 años, cuyo cuerpo se encontró atado a una caseta telefónica del Instituto de Ingeniería, con marcas de violencia y ahorcamiento. También destacaron en los medios los casos de Mariela Vanessa Díaz Valverde y el doble feminicidio de Graciela y Sol Cifuentes.

Deudas de la autoridad universitaria

“De los integrantes de la comunidad universitaria… el más vulnerable es el estudiantil, en todos los sentidos”, advierte en entrevista con Proceso el abogado y defensor de derechos humano Víctor Rogelio Caballero Sierra, quien acompañó las protestas del colectivo Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, así como a diferentes víctimas de violencia en la UNAM y otras universidades. Agrega: “No nos parece una casualidad, y eso lo vemos como muy grave, que prácticamente todas las escuelas donde hay movilización estudiantil, donde hay asambleas y algunas de ellas que mantienen paros, es una constante en todos los pliegos petitorios que terminen con los grupos porriles. Eso es un reflejo de una enorme carga violenta que persiste en esas escuelas y que las autoridades universitarias ni siquiera los mencionan al momento de dar respuestas: ni niegan su existencia ni la afirman. Es uno de los problemas centrales y una constante en todos los pliegos”. A decir del abogado, el siguiente detonante es la violencia de género, que incluye hostigamiento, acoso sexual a mujeres, contra la comunidad de la diversidad sexual; esto a raíz de que en distintos planteles quedaron impunes hechos muy graves, incluidas violaciones.  El otro punto es la violencia común, prosigue Caballero Sierra: “Lo que ocurre en todo el país también ocurre con universitarias y universitarios: las desapariciones, los feminicidios, los homicidios. Ante estos hechos la actitud y las respuestas de las autoridades universitarias también han dejado mucho que desear en términos de brindar un acompañamiento o hasta en pronunciarse por algún caso.  “La universidad siempre maneja un discurso de abstraer a la institución del hecho, de lamentarlo, pero al mismo tiempo, de hacer a la víctima responsable de lo que les pasa. No lo estamos inventando. Son cuestiones que fueron publicadas por la universidad y que quedan en la ignominia por la afrenta que han acusado, por ejemplo en el caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde.” Caballero Sierra está al frente del Colectivo Aequus. Promoción y Defensa de Derechos Humanos, que en mayo del año pasado interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Existe un número alarmante de casos de feminicidio, homicidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y ­desapariciones forzadas de integrantes de la comunidad universitaria de la UNAM, especialmente estudiantes, y ello ha contribuido directa o indirectamente hacia la impunidad, negligencia, corrupción, ocultamiento de pruebas, criminalización de las víctimas y desdén de autoridades tanto civiles como universitarias, que imponen en investigaciones y procesos ­jurisdiccionales”.  En esa queja (número de expediente CNDH/1/2019/4580/Q) el colectivo puso como ejemplo 10 casos. Por cuestiones de espacio sólo se retoman tres: La desaparición de Mariela ­Vanessa Díaz Valverde: “Estudiante de la FFyL-UNAM desaparecida desde el 27 de abril de 2018, a partir también de una movilización estudiantil la UNAM pagó una inserción en un periódico nacional para referirse al caso, sin embargo en el mismo se hizo pública información que sólo existía en la Carpeta de Investigación, relativa a los lugares que acostumbraba asistir la víctima, con el fin, creemos, de deslindar a la UNAM del hecho, ya que en el mismo afirma que Mariela se dirigió de su casa a la Biblioteca José Vasconcelos y no a la FFyL”. La ejecución extrajudicial de Carlos Sinhué Cueva Mejía: En la investigación se documentó que fue detenido antes por su activismo en Filosofía y Letras, ya que el 20 de noviembre de 2009 fue entregado por personal de Vigilancia UNAM a policías capitalinos, quienes lo trasladaron a una agencia del Ministerio Público. El personal de ese lugar le dijo a la madre de Cueva Mejía que lo remitieron por una “acusación” de la UNAM.  “Resulta que la bitácora de Vigilancia UNAM del citado día fue ocultada por las autoridades universitarias. Así también en este caso la UNAM ha sido poco clara en explicar a las autoridades correspondientes las razones por las cuales dos presuntos estudiantes de la FES Cuautitlán que tienen nexos familiares con militares hacían seguimiento de Carlos Sinhué durante los meses previos a su ejecución”, se indica en la queja. El homicidio de Luis Roberto Malagón de Gaona: “Las autoridades de la UNAM han generado un esquema de encubrimiento a favor de la empresa denominada Ecosistemas Hidráulicos S.A. de C.V., para evitar que se le investigue su probable responsabilidad del hecho por la concesión que le fuera otorgada por las autoridades de la UNAM, para el manejo y mantenimiento del pozo de absorción en el que se ahogó Luis Roberto. “Además las autoridades de la UNAM no han brindado información sobre el fincamiento de responsabilidades a personal de la UNAM, que lo llevaron a la clínica 8 del Seguro Social, indicando que había sufrido un ataque epiléptico, cuando él fue ahogado en el citado pozo de ­absorción.  “En este caso, en el mes de septiembre de 2018 y en medio de una asamblea del movimiento estudiantil del CCH Azcapotzalco, los padres de Luis Roberto asistieron a la misma, con el conocimiento de que asistiría el rector Luis Enrique Graue, y al verlo se le acercaron con el fin de hacerle peticiones sobre el caso, sin embargo esto fue impedido por personal de seguridad personal del rector y además les gritó ‘que él no tenía conocimiento de ese caso’.” La queja del colectivo aún está en trámite en la Primera Visitaduría General de la CNDH, mientras que en la UNAM fue presentada en la Oficina de la Abogacía General, sin que hubiera mayor interés de las autoridades, pues se canalizó a funcionarios de rango menor. “En lugar de dar una explicación o una postura, llevaban copias de según cómo habían actuado en los casos que expusimos en la queja. Trataron de justificarlos… Si la UNAM firma convenios con el gobierno federal, con empresas, con farmacéuticas, para llevar a cabo diferentes actividades de investigación y desarrollo, ¿por qué no hacerlo con la CNDH para que se tuviera atención en dos rubros fundamentales?”, cuestiona Caballero Sierra. Argumenta que es necesaria una obligación real de las autoridades a proporcionar todos los elementos de prueba que pueda tener sobre cualquier situación de violencia contra los miembros de la comunidad universitaria, dentro de las instalaciones y, de ser necesario, también afuera de los planteles. Además, continúa el abogado, la UNAM debe cambiar su forma de informar: “Si van a emitir algún tipo de comunicado de un caso, que el tono no fuera revictimizante ni buscara criminalizar ni estigmatizar, tampoco con contenido ofensivo para las familias”. El pasado miércoles 12, en sesión extraordinaria y por unanimidad, el pleno del Consejo Universitario modificó los artículos 95 y 99 de su Estatuto General para que la violencia de género sea causa “especialmente grave de responsabilidad”, aplicable a toda su comunidad. También determinó que se realicen los cambios necesarios para garantizar la paridad de género en el Tribunal Universitario. –¿La UNAM está actuando de manera tardía? –se le pregunta al abogado. –Sí. Es un fenómeno que ha existido siempre. Esto de condicionar calificaciones por una relación sexual, siempre han existido. Hoy trasciende más por la situación que ha generado el movimiento feminista, se ha replicado en la universidad de una forma organizada, encabezado por mujeres. “Es un movimiento sui generis. No es un movimiento como el de 1987, en el que participé, que fue por pase reglamentado. No es un movimiento como el de 1999-2000, que fue por cuotas. Este movimiento se parece más al de 1968, es una lucha por derechos civiles elementales. Algo tenía que hacer la comunidad en esta situación tan grave que ha estado ­padeciendo.” Este reportaje se publicó el 16 de febrero de 2020 en la edición 2259 de la revista Proceso