TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa exigieron una investigación exhaustiva sobre el desalojo del domingo 16, en esta ciudad, en el que fueron reprimidos estudiantes normalistas de Ayotzinapa y Mactumatzá, así como padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El Frayba manifestó que le preocupa la situación de las personas heridas, entre ellas Hilda Legideño Vargas y María Martínez Zeferino, madres de los normalistas; una niña de tres años; Isael Rosales Sierra, defensor de derechos humanos del Centro Tlachinollan, y los estudiantes Daniel López Bernal y Alex Alberto Álvarez Hernández, entre otros. Juan Antonio Flores García, normalista de Ayotzinapa, está hospitalizado a consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. “Un policía disparó un escopetín a una distancia aproximada de un metro. El proyectil impactó en el cráneo de Juan Antonio, desvaneciéndose al instante. Sus compañeros lo auxiliaron llevándolo al Hospital Rojas en Tuxtla Gutiérrez. Al momento su vida pende de un hilo. Los médicos han informado que tiene fractura de cráneo y en unas horas será operado para ver si salva la vida”, puntualizó. El Frayba condenó el uso desmedido de la fuerza por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes –subrayó-- violaron el derecho a la protesta y pusieron en riesgo la vida, seguridad e integridad física y psicológica de quienes defienden los derechos a la justicia y a la verdad. Asimismo, pidió al gobierno estatal garantizar la vida, seguridad e integridad personal de quienes conforman el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Comité de Padres y Madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, durante las actividades nacionales en búsqueda de los estudiantes desaparecidos. De igual forma, investigar y sancionar a quienes resulten responsables de las violaciones a derechos humanos que se cometieron ayer, y respetar la defensa de derechos humanos, entre ellos el derecho a la protesta, a la libre expresión y a la manifestación, sin ser objeto de criminalización ni represión. El Comité Digna Ochoa también expresó su rechazo a la represión ordenada por el gobierno de Chiapas en contra de padres y madres de Ayotzinapa y normalistas, y exigió una investigación exhaustiva y pública para sancionar a los responsables. “Nos sumamos al repudio e indignación nacional e internacional y exigimos una investigación exhaustiva y pública para sancionar a los responsables, siendo la FGR (Fiscalía General de la República) quien debe atraerla por su impacto y la grave vulneración de derechos humanos por parte del gobierno estatal. No son suficientes las condenas de palabras de la Secretaría de Gobernación y de la CNDH, debe haber una sanción a los responsables, y el gobernador de Chiapas no puede evadirla”. Ante estos reclamos, la Fiscalía General del estado (FGE) informó que inició carpeta de investigación por los hechos ocurridos el pasado domingo en Libramiento Norte y bulevar Vicente Fox de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de lograr su esclarecimiento y determinar responsabilidades por los delitos cometidos en agravio de tres manifestantes y dos elementos de la Policía Estatal que resultaron lesionados. [embed]https://www.proceso.com.mx/618274/un-normalista-agredido-en-chiapas-operado-y-con-pronostico-incierto-cedh[/embed]