CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La próxima llegada de cuatro nuevos consejeros electorales al Instituto Nacional Electoral (INE) constituye una oportunidad de oro para equilibrar la integración del máximo órgano de decisión de esta importante institución del Estado mexicano. Desde la creación en 1990 de su predecesor, el Instituto Federal Electoral, este instituto ha contado con muy pocos consejeros con un compromiso irrestricto con la defensa de la justicia social y una verdadera democratización de la vida política del país. Entre 1994 y 1996 Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti y Ricardo Pozas Horcasitas fueron quienes pusieron de pie al nuevo instituto electoral al defender con fuerza su autonomía, aun en condiciones muy adversas. Entre 1996 y 2003 los consejeros Jaime Cárdenas y Jesús Cantú libraron una batalla heroica contra el sistema autoritario de aquella época, tal y como exponemos a detalle en el libro Organismos autónomos y democracia: el caso de México (IIJ-UNAM/Siglo XXI, 2007). Y más recientemente el consejero Roberto Ruiz Saldaña ha demostrado gran valentía al defender la institucionalidad democrática contra las triquiñuelas de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.  Todos los otros consejeros nombrados a lo largo de las últimas tres décadas han jugado un papel de cómplices, en mayor o menor medida, del viejo sistema de corrupción estructural. Existen casos particularmente escandalosos, como el de Luis Carlos Ugalde, quien fue directamente responsable por el fraude electoral de 2006, o Marco Antonio Baños, quien siempre se ha considerado a sí mismo un fiel soldado del PRI.  También ha habido muchos consejeros cuya obsesión con la supuesta “neutralidad”, malentendida como “llevarse bien” con absolutamente todos, incluyendo los fraudulentos, los sujetó a los chantajes del viejo régimen. Es el caso, por ejemplo, de José Woldenberg, Leonardo Valdés, Alfredo Figueroa y Pamela San Martín, entre otros.  Hay también casos de consejeros que se presentan en sociedad como paladines de la transformación democrática, pero en realidad operan sistemáticamente a favor de sus intereses personales y políticos dentro de la institución electoral. Córdova y Murayama son los ejemplos más claros de este fenómeno. Estos dos militantes del dispendio y el derroche son los equivalentes de Aurelio Nuño y Emilio Lozoya dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, fue precisamente Nuño quien operó desde la Oficina de la Presidencia de la República el nombramiento de Córdova como consejero presidente del INE en 2014. Es importante recordar y repetir, una y otra vez, que la victoria ciudadana de 2018 no la debemos a los consejeros electorales actuales sino a la enorme dignidad del pueblo mexicano, que logró derrotar al viejo régimen a pesar de la implementación de las muy conocidas estrategias de fraude electoral. En lugar de defender la democracia, los consejeros evidenciaron la misma indolencia y complicidad de siempre con las viejas prácticas del PRIANRD.  Y la persecución de parte del INE a Morena por el fideicomiso Por los demás, junto con la más absoluta impunidad para la Operación Berlín, constituye solamente un botón de muestra de la falta de autonomía e imparcialidad de la mayoría de los actuales consejeros electorales. Para una revisión integral de las irregularidades cometidas en la más reciente elección presidencial se puede consultar el informe universitario sobre Los Claroscuros de las elecciones de 2018 (véase: https://bit.ly/39zW8y6). Ahora bien, si queremos cambiar el modus operandi del INE habría que asegurar que los cuatro nuevos consejeros electorales electos en las próximas semanas por la Cámara de Diputados tengan un perfil totalmente diferente a los ­anteriores. En primer lugar los nuevos consejeros deben tener experiencia directa en las luchas ciudadanas contra el viejo régimen. Los candidatos deben poder demostrar con hechos concretos su compromiso irrestricto con los principios democráticos y su valentía frente al sistema autoritario y los poderes fácticos, preferentemente desde las organizaciones populares o comunidades en lucha. Segundo, se debe seleccionar a personas que no tienen relación alguna con los consejeros actuales. Sólo evitando este tipo de conflictos de interés tendrá el nuevo grupo de consejeros la independencia y la autonomía necesarias para poder transformar al INE desde dentro. De lo contrario, se repetirá el viejo modelo de negociaciones en los oscurito para acomodos y prebendas institucionales.  Tercero, es importante, desde luego, que los integrantes del máximo órgano de dirección del INE tengan una formación técnica y profesional básica. La fracción 1. d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que los consejeros deben tener título de licenciatura y “contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones”.  Sin embargo, más allá de este requisito básico e importante, los diputados no deberían dejarse deslumbrar por aquellos candidatos que tengan muchos posgrados o hayan memorizado cada letra de la LGIPE. La abultada estructura del INE está llena de expertos y expertas en la ­legislación electoral y al llegar a sus cargos, los nuevos consejeros contarán con un amplio presupuesto para contratar a todos los asesores necesarios para resolver asuntos técnicos.  Lo más importante no es la formación académica de los nuevos consejeros, sino su compromiso irrestricto con luchar sin tregua desde sus nuevas posiciones para arrancar de raíz el sistema de corrupción estructural y establecer por fin una verdadera democracia en nuestro país. En este sentido, es recomendable que los diputados dejen a un lado las instrucciones que un grupo de académicos y empresarios cercanos a los consejeros actuales pretenden girar a la Junta de Coordinación Política. El documento Diez buenas prácticas para asegurar un proceso de designación de Consejeros Electorales transparente y equitativo, firmado por Ricardo Becerra, María Amparo Casar y Gustavo de Hoyos, entre otros, no tiene otro propósito que intentar presionar a los diputados para que nombren nuevos consejeros que sigan en la misma línea que los anteriores.  Es hora de que el INE recupere su vocación original de servicio a la sociedad civil y a la plena participación ­democrática. www.johnackerman.mx Este análisis se publicó el 16 de febrero de 2020 en la edición 2259 de la revista Proceso