Libres 17 personas acusadas de “terrorismo” por incendiar inmuebles tras liberación de un homicida

Familiares de los hombres acusados de terrorismo esperaron por horas hasta la noche del lunes, cuando salieron del Cereso de Irapuato. Foto: Verónica Espinosa Familiares de los hombres acusados de terrorismo esperaron por horas hasta la noche del lunes, cuando salieron del Cereso de Irapuato. Foto: Verónica Espinosa

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Quince hombres y dos mujeres originarios de Cuerámaro acusados de terrorismo quedaron en libertad la noche de este lunes, luego de que una jueza del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aceptó un acuerdo entre la Fiscalía y un defensor de oficio del propio gobierno estatal para ofrecer una salida alterna, y declaró la suspensión provisional del proceso por un plazo de seis meses.

Las 17 personas fueron señaladas por la Fiscalía del estado como participantes en una manifestación para exigir justicia por el asesinato de cuatro jovencitas en Cuerámaro a fines de noviembre, en la que fueron incendiadas la casa de la alcaldesa panista Ana Bueno y otros inmuebles.

Las cuatro menores viajaban en una motocicleta el 24 de noviembre cuando fueron atropelladas y arrastradas por la camioneta conducida por Juan de Dios, otro menor de edad, mismo que inicialmente fue detenido, pero fue liberado por una autoridad administrativa municipal y posteriormente desapareció junto con su familia.

Allí murieron las hermanas Rosa Isela y Juana Michel, de 13 y 16 años de edad; Zicry Anahí, de 14, y María Teresa, también de 14.

Después de las protestas de familiares, amigos y otros habitantes de Cuerámaro enardecidos por estos asesinatos, la Fiscalía detuvo y presentó ante un juez a 17 detenidos, los quince hombres y las dos mujeres -una de ellas, hermana de una de las jovencitas asesinadas- y los acusó de daños, pero también de terrorismo.

Detenciones arbitrarias

Según el Código penal del estado, este delito lo comete “quien por cualquier medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”, y es sancionado con prisión de tres a quince años y de treinta a ciento cincuenta días multa.

No obstante, desde un principio los familiares de la mayoría de las personas detenidas aseguraron que éstas ni siquiera habían participado en las protestas, sino que habían sido detenidas arbitrariamente cuando estaban en la calle por diversas circunstancias: habían salido de su trabajo, estaban afuera de su casa, iban a comprar algo a una tienda…

J. Manuel Landeros, de 69 años, abuelo de Carlos Manuel Oliveros Landeros, de 26 años, asegura que su nieto salía de la fábrica de zapatos donde labora. “Tuvo la mala suerte de que lo agarraron cuando salía de trabajar”, narró mientras esperaba afuera del Centro de reinserción de Irapuato, la tarde del lunes 18.

O Margarita Fernández, mamá de Laura Salazar Fernández, una ama de casa de 32 años y madre de tres hijos que, según narró, había salido de casa a buscar un puerco que serviría para la cena de Nochebuena. “Cuando llegó, traía mucha sed, se fue a La Michoacana y al salir la agarraron”. Las mujeres venden ropa de segunda en la puerta de su casa.

El juez de control admitió los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los vinculó por terrorismo a fines de noviembre pasado. Los hombres fueron ingresados al Centro de reinserción de Irapuato y las dos mujeres, al Cereso Mil en Valle de Santiago.

Allí comenzó otro tortuoso e intrincado camino para los detenidos y sus familias.  Inicialmente contrataron abogados particulares y después, mientras insistían siempre en la inocencia de aquéllos, dejaron la defensa en manos de abogados de oficio adscritos a la Secretaría de gobierno del estado.

Respaldo a la fiscalía del gobernador

En estos meses, mientras continuaba el proceso y los familiares exigían la libertad de los detenidos, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respaldó públicamente en al menos tres momentos la acusación hecha por la Fiscalía.

“No puedes esperar un Estado de Derecho y aplicar la ley en unas sí y en otras no”, dijo en una de esas ocasiones. “Por más justa que sea la causa (sic) que creo que lo es la que reclamaban los familiares, el asesinato de cuatro jovencitas es un tema lamentable, pero nada justifica la violencia, esa justicia con propia mano”, declaró el gobernador el 10 de febrero.

El propio gobernador citó una salida judicial alterna que comenzó a manejarse como una posibilidad para que las personas detenidas por terrorismo  consiguieran salir libres sin purgar sentencias de hasta 15 años -la pena máxima por terrorismo-: que se sometieran a un juicio abreviado para obtener una pena menor, probablemente una que pudieran conmutar por alternativas establecidas en la ley, como la semilibertad o los trabajos comunitarios.

Esta opción requería que todos se declararan culpables de terrorismo.

Aunque se esperaba que en la audiencia del lunes se desahogara el juicio abreviado para los 17 detenidos, en lugar de ello la Fiscalía y la defensoría de oficio acordaron pedir a la jueza la suspensión condicional del proceso para 16 de ellos, misma que fue decretara por seis meses.

Eso les permitió salir este mismo lunes de prisión, pagando tres mil pesos por cada uno de los inculpados por terrorismo. La reparación del daño a cubrir en este acuerdo, según pudo conocerse en medio del hermetismo del Supremo Tribunal y de los defensores de oficio, quedó en poco más de 48 mil pesos en total.

Este acuerdo, según el Código Nacional de Procedimientos Penales- no requiere de una declaratoria de culpabilidad por parte de quienes se sujetan al mismo, sino que se cumplan condiciones como que las personas inculpadas permanezcan en un sitio de residencia durante el tiempo en que sea suspendido el proceso. Además, que paguen una multa económica como reparación y que acudan a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) durante los próximos seis meses.

En seis meses, esta unidad y el Ministerio Público informarán a la jueza si se acataron o no todas las medidas que fijó. Si es así, el proceso se dará por concluido, pero si no, podría reabrirse y continuar para los acusados.

Libres

Al terminar la audiencia, los defensores de oficio de la Secretaría de Gobierno se negaron a hablar con los familiares afuera de los juzgados. Los condujeron al edificio de la Fiscalía regional (a un costado) al que ingresaron todos. Poco a poco fueron saliendo hombres y mujeres, corriendo a conseguir y pagar los tres mil 60 pesos que debían cubrir antes de que vieran salir a los detenidos.  Los defensores de oficio, además, les habían advertido que no dijeran una sola palabra a los medios.

Pasaban las 7:00 de la noche del lunes cuando de las puertas del Centro de reinserción de Irapuato el señor Manuel Landeros vio salir a su nieto Carlos Manuel, al que había esperado durante todo el día y por casi dos meses y medio.

“Estoy contento, es el único que tengo ahorita en la casa. Es el único que se hace cargo de mí”, había dicho Manuel unas horas antes, cuando supo que en cualquier momento Carlos estaría en libertad.

-¿Cómo le hará para pagar la multa?-

–Consiguiendo, aquí y allá, donde dios nos socorra, aunque sea de limosna, pero vamos a pagar…No se me hace justo, pero ya lo que queremos es que estén en libertad”.

El hombre no sabe si su nieto volverá a ser recibido en la fábrica de zapatos.

“Vamos a ver si todavía le dan el trabajo. A ver cómo tratamos de salir adelante”.

Unos minutos más tarde, se supo que las dos mujeres que estaban en el Cereso Mil en Valle de Santiago también estaban fuera.

El sábado 15, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre publicó en su cuenta de Twitter que Juan de Dios, el menor señalado como responsable de atropellar y dar muerte a las cuatro jovencitas, fue capturado.

De acuerdo con el mensaje del Fiscal, estaba escondido con su familia en León, ciudad ubicada a 55 kilómetros de Cuerámaro.

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