Responsabilizan a policías de Guanajuato por la muerte de un migrante

La madre de Leonardo Reyes Cayente. Foto: Especial La madre de Leonardo Reyes Cayente. Foto: Especial

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PDHEG) concluyó que seis elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) hicieron uso excesivo de la fuerza y dejaron morir al joven migrante Leonardo Reyes Cayente, en un supuesto enfrentamiento ocurrido el 13 de diciembre de 2018 en la comunidad de Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende.

La familia de la víctima asegura que se trató de una ejecución extrajudicial.

Ayer, a más de un año de ocurridos los hechos, la PDHEG emitió una recomendación sobre el caso, donde concluyó que la actuación de los seis elementos de las FSPE –cinco hombres y una mujer, presuntamente integrantes de un grupo especial– “pone en duda el uso legítimo de la fuerza empleada con el joven migrante… la privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza”.

Leonardo, de 23 años, visitaba su tierra natal para asistir a las fiestas de la virgen de Guadalupe y de fin de año. Seis años antes se fue a vivir con sus padres a Dallas, Texas (Estados Unidos), donde trabajaba en el área de la construcción.

En San Miguel de Allende, los familiares del muchacho declararon ante el Ministerio Público (MP) que lo vieron tirado y aún con vida, y escucharon a los agentes de las FSPE reírse mientras “acomodaban” la escena y movían la camioneta en la que la víctima había subido al cerro de la comunidad para chatear por internet, como se publicó en un reportaje de Proceso (2199) en diciembre de 2018.

Las dudas prevalecen, porque si bien la Fiscalía General del estado (FGE) inició la carpeta de investigación 129198/2018, por exigencia de los familiares, no ha integrado diligencias por lo menos desde febrero del año pasado y tampoco ha turnado la indagatoria a un Juzgado.

Esta dilación orilló a los abogados de la familia, Mikhail Antonio Ornelas y Jesús Padierna, a recurrir a un juez para solicitar una audiencia de control de derechos, en enero pasado. En esa audiencia, el juez Roberto Arroyo ordenó a la FGE que en un plazo máximo –que vence el 2 de marzo– emita una resolución sobre la carpeta en la que se integraron peritajes, pruebas y testimonios sobre la muerte del joven.

Ayer, la PDHEG emitió recomendaciones al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y al fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, para que inicien procedimientos administrativos en contra de los seis agentes de las FSPE y dos agentes del MP implicados en la queja interpuesta por Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, y para que no haya más dilación para resolver la carpeta de investigación.

Los elementos acusados son: José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo, a quienes se señala como “responsables de la violación del derecho a la vida” de Leonardo Reyes Cayente.

En el caso de la Fiscalía, se adjudicaron violaciones del derecho al acceso a la justicia para los familiares de Leonardo, por parte de los agentes del MP Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende.

En la resolución del expediente 83/18-D, la PDHEG recomendó al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, “que se tomen las medidas necesarias para reparar integralmente los daños ocasionados a los familiares directos de la víctima conforme a derecho corresponda, que incluyan las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición”, por las irregularidades cometidas por los agentes de las FSPE.

Al secretario de Seguridad Pública estatal Álvar Cabeza de Vaca, el organismo recomendó brindar –previo consentimiento– atención psicológica, psiquiátrica o tanatológica a los familiares directos de Leonardo Reyes Cayente.

La PDHEG concluyó que los agentes involucrados en el supuesto enfrentamiento contra Leonardo y otros dos acompañantes (que huyeron y de los que no se ha sabido ni su identidad ni su ubicación), demostraron “no estar capacitados para el uso de la fuerza” ni para discernir sobre el empleo excesivo de las armas.

Entre otras cosas, los elementos no pidieron auxilio médico para atender a Leonardo, lo que reprochó el organismo de derechos humanos: “El artículo 6 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señala que se debe asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia”.

En entrevista telefónica, los abogados de la familia Reyes Cayente, Mikhail Antonio Ornelas y Juan José Padierna, manifestaron que la recomendación emitida por la PDHG es suficiente y satisfactoria para la familia y para ellos en su calidad de representantes legales en el caso, particularmente en la conclusión de que los policías estatales “dejaron morir a Leo”.

“Toda la investigación de Derechos Humanos llevó a denotar la mala actuación de los policías, la duda sobre una legítima defensa y que a Leonardo se le dejó morir. Eso es lo más fuerte”, expresaron.

Y esperan que esta resolución “le meta presión a la Fiscalía General del estado”, que –por orden de un juez– a más tardar el 2 de marzo próximo deberá pronunciarse sobre la carpeta de investigación por la muerte del joven migrante de 23 años.

“Es un paso para lograr la justicia que tanto se ha buscado por la familia, para limpiar el nombre de Leo, quien fue criminalizado. En este tiempo no hemos sabido nada más de la Fiscalía, pero tiene hasta el 2 de marzo para resolver (si procederá o no contra los policías de FSPE). Los actos de la investigación ya los agotó, ya todo está en la carpeta”, subrayaron los abogados.

En un comunicado emitido la noche de ayer, el gobierno del estado anunció que “está en proceso de análisis jurídico de las recomendaciones recibidas” para responder si las acepta o no.

Pero de entrada enmendó la plana al organismo de derechos humanos: “Existe una fe de erratas por parte de la PDHEG… que modifica el número de elementos a solamente seis para la capacitación sobre el manejo de armas, y no a todo el cuerpo de seguridad”.

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