CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció que, sin justificación y sin explicación alguna, la Mesa Directiva del Senado de la República devolvió al presidente Andrés Manuel López Obrador su propuesta de magistrados anticorrupción, para que la reformule. En noviembre pasado, el Ejecutivo federal propuso a Eber Betanzos Torres, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Torres como magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y remitió los nombramientos al Senado para su ratificación. Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, acusó un “madruguete” –este jueves-- por parte de Morena y aliados para que, “a través de un acuerdo carente de argumento técnico o justificación legal y sin que hubiera ningún proceso de evaluación a los aspirantes”, el Senado regresara las propuestas al presidente. “Después de casi tres años que el Senado no ha asumido su responsabilidad de completar el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, Morena vuelve a renunciar a su obligación de consolidar el sistema”, denunció en un comunicado de prensa. En la sesión de hoy, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, puso a votación económica de la asamblea si se devolvía la terna para que fuera reformulada. El tema estaba atorado desde noviembre pasado en las Comisiones Anticorrupción y de Justicia. Sin embargo, Castañeda aseguró que se “estaba procesando para avanzar en la evaluación de los aspirantes”. Añadió: “Ningún acuerdo puede estar por encima de la ley. Lo que hoy hizo Morena carece de toda legalidad. No sólo se les negó a los aspirantes su derecho de audiencia, saltándose todo el procedimiento, sino que incluso se violentó la propia Constitución”. Desde que la propuesta fue enviada por López Obrador, los senadores de Morena manifestaron su rechazo a los perfiles de Eber Betanzos y Alfonso Pérez Daza por su cercanía a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), debido a que trabajaron en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.