En Guanajuato piden eliminar la categoría “persona no localizada” de ley sobre desaparecidos

Reunión de legisladores de Guanajuato con colectivos de familiares de desaparecidos. Foto: Twitter @CongresoGto Reunión de legisladores de Guanajuato con colectivos de familiares de desaparecidos. Foto: Twitter @CongresoGto

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Académicos y colectivos de familiares de desaparecidos solicitaron al Congreso local eliminar de la iniciativa de ley de desaparición de personas la categoría “persona no localizada”, con la que inicialmente se clasifican la mayoría de las denuncias ante la Fiscalía General del estado (FGE), “porque le dan mal uso y así se justifican para no investigar y no buscar a las personas”.

“Lo están usando para no decirnos la verdad, para no entregarnos cuentas. Seamos realistas, aquí en el estado nos damos cuenta de cuántas personas no localizadas hay. Casi todas son desaparecidas, bueno fuera que anduvieran de fiesta las chamaquitas, pero no es así”, soltó Bibiana, cuyo hermano desapareció desde 2018 y la FGE lo tiene clasificado como “no localizado”.

Manuel Ojeda Negrete desapareció de su domicilio en Irapuato el 8 de enero de 2018. Ante las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, su hermana insistió que se elimine tal categoría del dictamen que se prepara. “Se justifican con eso para no ayudarnos a las familiares, y es algo que frustra y da coraje”, señaló.

En la mesa se hizo una revisión del articulado del proyecto de ley de desaparición de personas en Guanajuato, uno de los pocos estados que aún no cuentan con esta normatividad. Entre las peticiones centrales expresadas por las representantes de los colectivos y los dos académicos asesores de las organizaciones destaca la eliminación de la categoría “persona no localizada”.

Además, asentar un concepto o definición de fosas clandestinas “para que la Fiscalía dé la información, porque siempre dice que aquí no hay tales”, dijo Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana en León, que acompaña a los colectivos. Y establecer en la ley un mecanismo de alerta inmediata a nivel de autoridades municipales.

Tras mencionar que los municipios deben asumir el problema, los representantes de los colectivos expusieron que el Estado puede mandar un fuerte mensaje si hay una alerta “inmediata y fuerte”.

El académico y activista Raymundo Sandoval Bautista pidió al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con mayoría en el Congreso local, que se pronuncie sobre la primera solicitud, luego de que diputados de Morena manifestaron su acuerdo con la eliminación de aquella figura en la ley que se apruebe.

“Por la propia experiencia de las familias, no estamos de acuerdo con esta categoría. La iniciativa ha incorporado avances, estándares internacionales, pero en este tema sí creemos que es una cuestión que define procesalmente la ley, el futuro que podría tener la búsqueda de personas desaparecidas”, sostuvo Sandoval Bautista.

Sin embargo, las diputadas del PAN integrantes de las Comisiones Unidas evitaron asumir una postura al respecto, aunque sí se comprometieron a revisar la solicitud o buscar alternativas para ponerle candados a la ley y sancionar a aquellos funcionarios que no investiguen o no clasifiquen correctamente a una víctima en una denuncia.

Con las participaciones, las comisiones integrarán un proyecto de ley que será presentado para avanzar en su promulgación.

“Que no se nos siga mintiendo”.

Armando, papá de Armando Isaac Rodríguez García, quien a sus 29 años fue sustraído violentamente por hombres armados de su tienda de mascotas, en León, el 18 de septiembre del 2019, soltó:

“Me doy cuenta de que ni siquiera la Fiscalía sabe la categoría en la que está el caso. El tener (sólo) esta categoría como persona desaparecida provoca una gran diferencia en el actuar de las autoridades y en las acciones de búsqueda e investigación”.

Posteriormente, en entrevista, explicó que en la carpeta que la FGE inició tras la denuncia de la desaparición de su hijo, hay oficios de distintos funcionarios de esa instancia donde se refieren a él como no localizado, pero otros lo citan como persona desaparecida.

“Es fecha que no sabemos si por eso no han seguido un protocolo o no han hecho muchas cosas”, apuntó.

Fabrizio Lorusso explicó a las y los diputados de las comisiones dictaminadoras que los colectivos esperarían que la FGE determine, después de investigar y buscar a una persona, si ésta desapareció por una autoridad, por el crimen organizado o si se extravió y efectivamente no estaba localizada.

“A fin de cuentas lo tendrá que hacer porque un registro estatal de personas desaparecidas –que también se prevé en la ley estatal que se redacta– incluye a todos los que a la fecha no han sido localizados”, y ese registro tendrá que incluir qué tipo de desaparición se presume.

Los académicos y familiares de desaparecidos recalcaron que, si bien en la Ley General quedó establecido que la clasificación de una persona como “no localizada” a “desaparecida” debe hacerse en un plazo de 72 horas, a partir de la denuncia, “en los hechos eso no es así y se fomentan prácticas inadecuadas de investigación.

“Yo creo que desaparecer esa categoría contribuye en cierta parte a la verdad y a la justicia. Por la violencia que hay en el estado, por los levantones, secuestros y demás, es fundamental que no se nos siga mintiendo… si esta ley se va a hacer para ayudar a las personas, tienen que eliminar esto”, manifestó Bibiana Ojeda.

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