El depredador liberado gracias a Trudeau

El homicidio de una joven sexoservidora de 22 años conmocionó a Canadá y también desató la furia contra el primer ministro, Justin Trudeau, porque en 2017, ya en su gobierno, se impulsaron modificaciones legales que posibilitaron la puesta en libertad del asesino para que “pudiera satisfacer sus necesidades sexuales”. Se trata de un hombre de 51 años que ya purgaba una condena de por vida por haber acribillado a su segunda esposa.

MONTREAL, Canadá (Proceso).- La noche del pasado 22 de enero Eustachio Gallese entró a un bar en Quebec y pidió algunos tragos… “Era la primera vez que lo veía. Me pareció un tipo amable. Me dijo que iría a la cárcel, pero no osé preguntarle por qué”, contó a Radio-Canadá Cloey Lachance, una mesera del establecimiento. 

Después, Gallese, de 51 años, se dirigió a una comandancia para confesar que había matado a una mujer en la habitación de un hotel. La víctima era Marylene Lévesque. De acuerdo con el peritaje, fue asesinada con un cuchillo y tenía varias heridas que mostraban que trató de defenderse.

El asesinato de esta joven de 22 años ha causado conmoción y enojo en Canadá, fundamentalmente por decisiones de la Comisión de Liberaciones Condicionales. Gallese contaba con un nutrido historial de violencia contra las mujeres. Las críticas apuntan directamente al gobierno de Justin Trudeau, porque en 2017 realizó una reforma que, según expertos, contribuyó a la muerte de la chica. Varias voces reclaman cambios en las leyes relacionadas con la prostitución en el país. Lévesque era una trabajadora sexual.

En 1997 Gallese tuvo problemas con la justicia por violencia conyugal en su primer matrimonio. Siete años después, en su segundo, fue arrestado por asesinar a su pareja: la mató con un martillo, aunque el cuerpo también tenía heridas por arma punzocortante. 

En 2006 un juez lo condenó a prisión de por vida, pero aclaró que podría solicitar su liberación condicional tras pasar al menos 15 años encerrado y siempre y cuando respetara ciertos lineamientos. 

En los últimos meses Gallese gozaba de diversos beneficios que le permitían vivir en un régimen de semilibertad y obtuvo autorización para tener encuentros con mujeres a modo de satisfacer sus “necesidades sexuales”. Estas decisiones –el gobierno ya ha prometido investigar– han causado lo mismo sorpresa que enojo al tomar en cuenta la peligrosidad de este individuo. 

De acuerdo con el código criminal canadiense, es ilegal pagar por servicios sexuales. Ejercer la prostitución no es un delito, pero el marco legal actual, advierten académicos y organizaciones civiles, pone en riesgo a los trabajadores sexuales.

Estrategia fallida

En 2006 el juez que condenó a Gallese señaló en su fallo que había sido “un asesinato de una rabia y una violencia tan increíbles como incomprensibles”. En marzo de 2019 la Comisión de Liberaciones Condicionales de Canadá autorizó que viviera en una casa de transición, con salidas diurnas. 

Según los miembros de dicha comisión, Gallese participaba en un programa de reinserción desde 2016 y su riesgo de ­reincidencia violenta fue catalogado “entre bajo y moderado”, aunque tenía la obligación de informar sobre cualquier contacto con mujeres. El hombre trabajó algunos meses en una pizzería.

En septiembre, dicho régimen le fue renovado seis meses más. Su agente de liberación condicional subrayó que, pese a que Gallese no estaba listo para entablar una relación seria con una mujer, existía una estrategia con el objetivo de permitirle encuentros a modo de satisfacer sus “necesidades sexuales”. 

Los miembros de la comisión subrayaron que dicha estrategia constituía un factor de riesgo importante, aunque la decisión siguió en pie. Según reportaron medios de Quebec, Gallese había sido vetado del salón de masajes donde trabajaba Lévesque, luego de que varias mujeres se quejaron de sus tratos violentos. Gallese asesinó a la chica en la habitación del hotel donde se habían citado.

El sepelio de la víctima se realizó el sábado 8 en Saguenay, su lugar de nacimiento. Los gastos funerarios fueron cubiertos por donaciones. Gallese tendrá una audiencia ante un juez el próximo miércoles 26. 

Marie-Eve Sylvestre, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, comenta a Proceso: “Las formulaciones de la comisión causan sorpresa. Por un lado, dan a entender que Gallese podía contactar a trabajadoras sexuales, cuando el pago por estos servicios es ilegal en Canadá desde 2014. 

“Por otra parte, se evaluó que no podía aún relacionarse con mujeres, pero hubo una excepción muy peligrosa. Las trabajadoras sexuales merecen la misma seguridad que las demás personas.”

Críticas

La esfera política en Quebec y en Ottawa no tardó en cuestionar el doloroso suceso. “No comprendo que hayan puesto en libertad a ese hombre. Lo dejan libre, con poca supervisión y comete otro asesinato. Es realmente inquietante”, lamentó Francois Legault, primer ministro quebequense. 

La senadora independiente Julie Miville-Dechene escribió en Twitter: “La vida de las mujeres que venden servicios sexuales vale tanto como la de cualquier mujer”. 

Por su parte, Pierre Paul-Hus, diputado del Partido Conservador, acusó directamente al gobierno liberal de Justin Trudeau de haber contribuido a este hecho de sangre. Según el parlamentario, ciertos cambios causaron que los miembros de la Comisión de Liberaciones Condicionales sean cada vez menos experimentados.  

Las opiniones de Paul-Hus van más allá de rencillas partidistas. La prueba es que distintos expertos concuerdan con sus dichos. Jean-Claude Boyer, quien integró dicha comisión de 2012 a 2018, declaró a The Montreal Gazette que los comisionados con experiencia habrían suspendido los beneficios que tenía Gallese por sus antecedentes. “Los miembros de la comisión dijeron que el riesgo se estaba volviendo importante, pero no actuaron”, añadió.

Dave Blackburn es profesor de Trabajo Social en la Universidad de Quebec en Outaouais. Él también formó parte de la Comisión de Liberaciones Condicionales entre 2015 y 2018. Blackburn afirma a este semanario que jamás escuchó sobre un caso parecido. “Hablo de mis años de formación académica, de mi trabajo en centros penitenciarios, de mi papel como miembro de la comisión, de mis pláticas con jueces y abogados, de mis investigaciones. Con los riesgos que existían Marylene Lévesque fue tratada como ciudadana de segunda clase”, sostiene. 

Para Blackburn, la responsabilidad del gobierno de Trudeau es muy alta. “Modificó en 2017 varios aspectos de la nominación y renovación de mandato de los comisionados. Anteriormente había una vía con menos obstáculos para solicitar un nuevo mandato. Esto permitía contar con miembros de experiencia”, manifiesta. 

“Hablamos de la evaluación de riesgos para la población y de la reinserción social. Son elementos que se aprenden sobre todo en el terreno. Los comisarios de experiencia ayudaban mucho a los que llegaban por primera vez al puesto”, añade.  

Blackburn precisa que desde que se dieron los cambios, sólo dos de 16 comisionados en Quebec (provincia donde ocurrió la muerte de Lévesque) consiguieron repetir mandato. 

En 2017, tras el anuncio de las modificaciones, Blackburn y otros miembros de la comisión enviaron una carta a la oficina de Trudeau y al Consejo Privado de Canadá, en la que expresaban sus preocupaciones por estos cambios. “Nunca recibimos respuesta”, cuenta. 

Abren investigación

El pasado 27 de enero, Bill Blair, ministro federal de Seguridad Pública, informó que tanto la Agencia de Servicio Correccional como la Comisión de Liberaciones Condicionales investigarán “toda circunstancia relacionada con la trágica muerte de Marylene Lévesque”; dos criminólogos externos participarán en la pesquisa, además de tres personas que forman parte de estas instituciones. 

Blair precisó que los resultados de la investigación se difundirán públicamente. 

Dos días después los diputados federales votaron de manera unánime una moción que habían presentado los conservadores para reprobar las decisiones de los miembros de la Comisión de Liberaciones Condicionales. Los legisladores también solicitaron que se realicen audiencias frente a un comité parlamentario para hallar respuestas a este crimen.

De igual manera, estas audiencias abordarán los cambios efectuados en 2017 respecto de las nominaciones del órgano encargado de evaluar los criterios y circunstancias de libertad condicional. 

El homicidio de la joven también ha reavivado las discusiones respecto de los elementos relacionados con el trabajo sexual en Canadá. En 2014 entraron en vigor algunos cambios al código criminal. Los conservadores del primer ministro Stephen Harper impusieron un modelo sobre la prostitución inspirado en los países escandinavos. Desde ese año el pago por servicios sexuales está prohibido, así como su publicidad y el lenocinio. No obstante, ofrecer estos servicios no está considerado delito. 

“Las modificaciones realizadas por los conservadores fueron lamentables. Atentan contra el derecho a la seguridad de las personas. Cuando criminalizamos al cliente, estas transacciones se hacen con rapidez, sin tiempo para verificaciones, en condiciones que aumentan el peligro para los trabajadores sexuales. Se debería considerar la descriminalización completa”, apunta Sylvestre. 

Stella, un organismo de Montreal que reagrupa a trabajadores sexuales, ha pedido a las autoridades que realicen cambios de manera pronta, señalando que el asesinato de Lévesque es un ejemplo claro de la necesidad de modificar el marco actual y, a su vez, que la protección a estas personas debe ser elemento prioritario. 

No se sabe cuándo se conocerán los ­resultados de la investigación a cargo de la Agencia de Servicio Correccional y de la Comisión de Liberaciones Condicionales respecto de las circunstancias relacionadas con el asesinato de Marylene Lévesque, tampoco se conoce el calendario de audiencias del comité parlamentario sobre este funesto caso. 

“Lo importante es que se haga algo. Hay que corregir la situación rápidamente. ¿Por qué el gobierno liberal modificó algo que funcionaba bien?”, agrega Blackburn. 

Este reportaje se publicó el 16 de febrero de 2020 en la edición 2259 de la revista Proceso

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