Los asesinatos de la joven Ingrid y de la niña Fátima, entre otros casos, han sacudido a la sociedad mexicana y desatado la indignación de las organizaciones feministas que exigen seguridad y justicia. En este contexto de violencia contra las mujeres, Proceso recaba la opinión de especialistas que consideran que los recientes hechos atroces reflejan una “epidemia nacional” que encuentra espacios en el fracaso de las autoridades y de sus políticas públicas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con la frase: “El feminicidio de una niña es el fracaso de una sociedad, es un motivo de vergüenza para todxs”, la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas, dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), condenó el asesinato de Fátima, la niña de siete años que el martes 11 fue secuestrada cuando esperaba a su mamá afuera de la primaria, llevada a una casa, violada y torturada. Sus restos fueron hallados cuatro días después en una bolsa de plástico.
¿Qué pasa en una sociedad donde una niña es asesinada? La psicóloga chilena Paula Narváez, oficial a cargo de ONU Mujeres en México, dice en entrevista que el feminicidio es la expresión más brutal de la violación a los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y que estos crímenes se instalan en un sistema cultural patriarcal que las discrimina, violenta e impide el ejercicio de sus derechos.
Quien se desempeñó como jefa de gabinete y asesora de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, considera que “el sistema cultural patriarcal ha construido un conjunto de normas que son reproducidas por los sistemas institucionales de alta tolerancia a los delitos contra las mujeres”.
A ello se suma el fracaso de las políticas públicas y la falta de acceso a la justicia.
“La sociedad mexicana y la del mundo tienen suficiente aprendizaje como para implementar políticas de prevención que impidan que esto ocurra, por lo tanto, cuando esto ocurre es porque estas políticas de prevención han fracasado”, acusa.
Entonces, dice, es cuando se habla de una falla social, de una institucionalidad que no funciona “porque fallaron los mecanismos de prevención y cuidado”.
Narváez recuerda que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoce los avances del Estado mexicano para cumplir con esta norma internacional. Señala como ejemplos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, y la tipificación del feminicidio como delito autónomo en el Código Penal Federal, en 2012, y su posterior incorporación en los códigos penales de las 32 entidades federativas.
Sin embargo expone algunos pendientes: “Se tendría que contar con una legislación que cumpla con los altos estándares internacionales a nivel de los estados. Desde 2012 el feminicidio también está tipificado en las entidades federativas, pero hay desigualdades y variaciones en la manera en que el delito se ha definido y eso se necesita armonizar”.
El CEDAW también ha recomendado al gobierno de México homologar los protocolos de investigación policial, simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba cuando se extravían niñas y mujeres, agilizar la búsqueda de las desaparecidas, adoptar políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos de todo tipo de violencia contra las mujeres, velar por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género, evaluar la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género y armonizarla para garantizar su efectividad.
Una epidemia
Fátima tenía sólo siete años en un país en el que 286 niñas fueron asesinadas durante 2019, de las cuales 98 son víctimas de feminicidio.
Por la saña e inhumanidad de los victimarios, el caso de la menor de edad intensificó la indignación de la sociedad mexicana y la condena mundial ya existentes por la noticia del brutal feminicidio –el domingo 9– de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años que fue desollada por su pareja, Érik, en la Ciudad de México.
El asesinato de Ingrid, así como la filtración y publicación de fotografías de sus restos enardeció a las organizaciones feministas que salieron a las calles para manifestarse con pintas.
Incluso incendiaron vehículos del periódico La Prensa, uno de los medios impresos que exhibió en su portada las cuestionadas imágenes, y rompieron públicamente réplicas de billetes de lotería para expresar su repudio al tema de la rifa del avión presidencial, una de las presuntas prioridades en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a la indignación y a las manifestaciones por los casos de Ingrid y Fátima, entre los días 13 y 19 del presente mes se dieron a conocer los feminicidios en México de Adriana Sofía, de 20 años; María Elizabeth, de 32; Jaqueline, de 17; Gladis, de 62; Ana, de 88, y el de Verónica, de 14. El feminicidio, convertido en una epidemia social.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y diciembre de 2019 se registraron mil seis feminicidios que representan un aumento de 10.3% en los casos respecto de los 912 reportados en 2018.
Si sumamos los registros que fueron clasificados como homicidios dolosos, resulta que en 2019 fueron asesinadas 3 mil 825 niñas y mujeres. Es decir, 10.5 mujeres diariamente en promedio.
También la ONU registra un alza de los asesinatos de mujeres en México: mientras en 2016 reportó un promedio de 7.5 homicidios por día, en 2017 la media fue de nueve, subiendo en 2018 a 10 diarios, en promedio.
Rita Canto, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, dice en entrevista que los feminicidios en el país ya alcanzan la magnitud de una “crisis humanitaria”.
“La mayoría de los casos en México son cometidos por las parejas de las víctimas. Estamos frente a situaciones de tortura que rebasan cualquier imaginario posible. Son crímenes de Estado porque un Estado que no hace prácticamente nada por paliar la situación; genera un sentimiento de completa impunidad y, en ese sentido, todo feminicidio en México es un crimen de Estado para nosotras.”
El más reciente Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos Humanos local, coincide con lo expresado por las especialistas: la violencia contra las mujeres deriva de la desigualdad de género, una desigualdad estructural que las deja en situación de vulnerabilidad.
“Existe un desequilibrio de derechos y oportunidades ya que los estereotipos y roles de género colocan a las niñas y mujeres en una situación de subordinación y discriminación”, afirma el reporte publicado en 2019.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, destaca negativamente un elemento adicional: la violencia suele ser un acto de poder.
Advierte que cuando no se atiende la violencia contra las mujeres ese tipo de conductas y sus crímenes se generalizan hasta convertirse en una epidemia.
“Somos una sociedad que piensa, como en siglos pasados, que los niños no son personas. Se sigue pensando que son propiedad de las familias y, con ello, se justifica que se les maltrate y golpee con fines educativos (…) Al convertirlos en objetos pueden ser protegidos o, igual, pueden ser objeto de deseo”, explica el defensor de derechos humanos.
Ejemplo de ello –lamenta–, ocho de cada 10 abusos sexuales contra los menores de edad ocurren en espacios de “protección” como el hogar, la escuela y las iglesias.
Flagelo histórico
Ya sea en contextos de guerra o paz, los feminicidios han tenido lugar a lo largo de la historia, de acuerdo con la doctora Marcela Lagarde, feminista, antropóloga y quien se refiere a dicho concepto en México en la introducción del libro Feminicidio: una perspectiva global, de Diana E. H. Russell y Roberta A. Harmes.
En su obra, ambas autoras explican que el término “femicidio” ha estado en uso desde hace más de dos siglos y fue empleado por primera vez en 1801 en el libro A satirical view of London at the commencement of the nineteenth century, apareciendo después en la tercera edición de The confessions of an unexecuted femicide, un manuscrito del perpetrador de un feminicidio.
Asimismo exponen que Russell utilizó por primera ocasión el término “feminicidio” cuando testificó sobre el tema en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, en Bruselas en 1976.
Especialista en gobernanza y participación política de las mujeres de la ONU, Narváez dice en entrevista que a partir de los setenta, las feministas fueron quienes comenzaron a denunciar la violencia como un elemento contra ellas, “porque se había padecido siempre, de manera muy silenciosa y sin un apoyo público”.
Sin embargo, señala que ahora los casos son más visibles por el inmediato acceso a la información, gracias a las redes sociales.
Basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la ONU expone que entre 1985 y 2017 se registraron 55 mil 791 muertes de mujeres en México con presunción de homicidio, término empleado para referirse al feminicidio.
Según el reporte Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009 de la ONU, en 1985 se registraron un total de mil 485 “defunciones femeninas con presunción de homicidio”.
“Fátima vive”
Los casos de Ingrid y Fátima causaron en la sociedad mexicana una especie de luto nacional que derivó en acciones impulsadas por organizaciones feministas.
Al menos en Twitter e Instagram, las fotografías del feminicidio de Ingrid Escamilla –filtradas por autoridades– se perdieron en un mar de imágenes de flores, atardeceres en la playa, bosques y noches estrelladas, entre otros paisajes, por la acción de feministas y usuarios que contrarrestaron la narrativa del horror bajo el hashtag #IngridEscamilla.
Frente al Palacio de Bellas Artes, en el llamado “Antimonumenta contra el feminicidio”, varias mujeres colocaron un memorial para Fátima con ropa, juguetes y dulces. Apenas el viernes 21 se reunieron para bordar el rostro de Fátima con el lema “Fátima Vive”.
Así, por los recientes asesinatos de mujeres y contra la respuesta institucional, las protestas se mantuvieron durante tres días en Palacio Nacional y fue lanzado el llamado a una marcha (#8M) y a un paro nacional (#ParoNacionalDeMujeres) para el 8 y 9 de marzo próximos, respectivamente, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Canto dice en entrevista que la salud o la enfermedad de una sociedad se mide en función de la violencia que es capaz de tolerar hacia las mujeres, niñas y grupos más vulnerables.
“Lo de Fátima reafirma un mensaje que se envió desde hace mucho tiempo desde Ciudad Juárez: que la vida de las mujeres para esta sociedad no vale nada. Hay algo de la saña, hay algo de la extrema violencia que está permeando nuestra vida cotidiana y no nos estamos dando cuenta. Creo que la indignación y la rabia es el antídoto. Si la tolerancia es justo la enfermedad, la indignación es justo la capacidad de accionar”, agrega.
Este reportaje se publicó el 23 de febrero de 2020 en la edición 2260 de la revista Proceso
