Pemex, un quebranto lentamente fraguado

Pemex. Foto: Octavio Gómez Pemex. Foto: Octavio Gómez

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto la administración de Pemex fue una calamidad, según se desprende de las auditorías de la Cuenta Pública de 2018, cuando experimentó pérdidas patrimoniales por 1 billón 7 mil millones de pesos, lo que pone en riesgo su contribución fiscal. A las compras fraudulentas de empresas chatarra como Agronitrogenados y el huachicoleo consentido desde en el interior de la empresa, se suma la corrupción desmedida que hoy tiene en prisión a varios exdirectivos.  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las promesas de la Reforma Energética, implementada durante la administración de Enrique Peña Nieto, quedaron en letra muerta: entre 2013 y 2018 los indicadores financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desmoronaron, la producción de hidrocarburos cayó y prácticamente todas las filiales de la petrolera sufrieron pérdidas. Lo anterior, con sonados casos de corrupción en esa dependencia como trasfondo.

Pemex cerró 2018 con pérdidas patrimoniales de 1 billón 7 mil millones de pesos y una deuda de 2 billones 82 mil millones –85% más que en 2014–. La empresa “no fue líquida”, tuvo un endeudamiento por encima del saldo de sus activos totales y un capital contable negativo; “no fue rentable” e incluso presenta posibilidades de “quiebra”.

El riesgo es real: de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “de continuar con las tendencias negativas (en Pemex), se pone en riesgo su contribución fiscal, lo cual repercutiría negativamente en el crecimiento económico del país y limitaría los recursos que pueden ser utilizados en beneficio de la población”.

El jueves 20 la ASF terminó la entrega de auditorías a la Cuenta Pública 2018, correspondiente al último año de administración de Peña Nieto; entre ellas, el ente fiscalizador dio a conocer 13 informes detallados sobre el desempeño de Pemex y sus filiales en el marco de la Reforma Energética.

La reforma, que la administración priista consiguió mediante el Pacto por México, terminó de abrir el sector energético mexicano al capital privado y catapultó la popularidad de Peña Nieto en el ámbito internacional. Fue operada por los sucesivos directores generales de Pemex –Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina–, así como Luis Videgaray Caso, el exsecretario de Hacienda.

Sin embargo, las auditorías muestran que la situación de Pemex se degradó a lo largo del sexenio, tanto por malas decisiones como por la escasez de recursos o el auge del huachicol: sus costos de venta se dispararon 40%; el valor de sus activos se redujo 18.5% y el costo financiero de la deuda pasó de 32 mil 600 millones de pesos en 2013 a 122 mil 56 millones en 2018.

La Reforma Energética escindió Pemex en un corporativo y siete empresas productivas sucursales, que entraron en operación a finales de 2015. La ASF constató que esas empresas “carecieron de un plan de negocios específico” y encontró una evidente “falta de interés” de los sucesivos directores generales de Pemex en ellas.

En 2018, por ejemplo, Treviño nunca asistió a sus consejos de administración, ni siquiera a las de Pemex Exploración y Producción (PEP), que aporta 9.2% de todos los ingresos del gobierno mexicano.

A pesar de los repetidos escándalos de corrupción ocurridos en Pemex durante el sexenio pasado –por los cuales Lozoya se encuentra detenido en España, en espera de su extradición a México–, la ASF observó que las filiales todavía carecen de coordinación con la Unidad de Responsabilidades “para conocer y dar seguimiento a la posible existencia de casos de corrupción, por lo que no existieron garantías sobre la efectividad de los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción”. 

PEP: Rondas fracasadas

Una gran promesa de la Reforma Energética planteaba que, gracias a la entrada del sector privado en las actividades petroleras –mediante las llamadas “rondas”–, se dispararían las inversiones en la exploración y la producción de hidrocarburos; ello detonaría los hallazgos de campos petrolíferos y revertiría la disminución de las reservas probadas en el país.

De nuevo esa promesa quedó en letra muerta: al analizar el desempeño de PEP –la filial más rentable de Pemex, que pagó 469 mil 669 millones en impuestos en 2018–, la ASF determinó que “la reforma no tuvo los efectos esperados” y que “al ritmo de explotación actual, y si no se incorporaran más reservas, las reservas totales de petróleo crudo durarían 23.2 años y las reservas probadas, 8.1 años”.

Si bien la Reforma Energética planteaba que en 2018 se producirían 3 mil millones de barriles en México, solamente se extrajeron mil 813 millones –20% menos que en 2015–; en materia de gas natural, la proporción es prácticamente idéntica: PEP produjo 40% menos de lo esperado. 

De acuerdo con la ASF, entre 2015 y 2018 PEP “fue omiso en los compromisos mínimos de trabajo de los títulos de asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos que obtuvo con la Ronda Cero, en 2014”, y no cumplió con la “perforación de pozos ni con las inversiones previstas”.

En otros dos informes de auditoría –números 462 y 458–, la ASF encontró que PEP realizó pagos indebidos por 223 millones de pesos a empresas del grupo Protexa, del empresario regiomontano Enrique Dávila Treviño, y otros 178 millones a la empresa Cotemar, de María Cristina Lobo Morales y Mario Dávila Dávila.

Fertilizantes: desastre anunciado

En Pemex Fertilizantes la ASF confirmó el desastre industrial que provocó la compra a sobreprecio –con actos de corrupción de por medio– de las empresas Agronitrogenados y Grupo Fertinal: en cuatro años despareció 99.2% del patrimonio que Pemex invirtió en esta filial, el cual pasó de 28 mil millones de pesos en 2015 a apenas 227 millones en 2018.

De acuerdo con la ASF, Pemex Fertilizantes nunca generó un peso de ganancia para la empresa, y en 2018 perdió otros 2 mil 839 millones de pesos en su operación. 

La empresa sobrevive gracias a préstamos y enfrenta un riesgo de quiebra, por lo que la ASF exhortó al Consejo de Administración de Pemex a que analice la posibilidad de simplemente deshacerse del mal negocio, “toda vez que no está generando valor económico ni rentabilidad para el Estado”.

Ambas adquisiciones se llevaron a cabo durante la gestión de Lozoya: en enero de 2014 Pemex compró Agronitrogenados a Altos Hornos de México –de Alonso Ancira Elizondo, detenido en España–, y en diciembre de 2015 adquirió Grupo Fertinal –del que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego controlaba 29% de acciones–. Para concretar las compras, la petrolera contrató créditos –con Nacional Financiera, principalmente– por mil 25 millones de dólares.

En ambos casos la ASF estimó que los avalúos utilizados para calcular el precio de las empresas fueron inflados y basados en cifras irreales. Para 2018 el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales había estimado que Agronitrogenados generaría flujos netos por mil 453 millones de dólares, pero en realidad perdió 9.4 millones.

En el caso de Grupo Fertinal, la consultora PricewaterhouseCoopers había asegurado que en 2018 se generarían 83 millones de dólares de flujos, y aunque por primera vez la empresa generó flujos positivos, las cifras reales resultaron cinco veces inferiores.

Importaciones al por mayor

En la reforma de Peña Nieto, Pemex Transformación Industrial (Ptri) tuvo el encargo de la refinación, la transformación y la comercialización de gasolina, gas natural y petroquímicos “con la finalidad de generar valor económico y rentabilidad para el Estado y contribuir al abastecimiento de dichos productos en el país”.

De acuerdo con el informe, a Ptri le salió más caro producir gasolina que importarla, por lo que entre 2015 y 2018 se dispararon 47% las importaciones del combustible; a la par, la participación de la empresa pública en el mercado de gas natural se desmoronó 20%.

Según la ASF, la filial “no logró revertir el decremento en el volumen de petróleo crudo refinado y gas procesado, lo que provocó una disminución en la producción nacional de petrolíferos, gas natural y petroquímicos, situación que condujo al aumento de las importaciones para abastecer la oferta”. 

Abundó: “dichos resultados se debieron, principalmente, a la falta de suministro de crudo y gas natural por parte de PEP y a los problemas de confiabilidad y subutilización de la capacidad instalada en la infraestructura de Ptri que repercutieron en el aumento de mantenimientos correctivos y de los paros no programados, que provocaron la utilización de sólo 37.6% de la capacidad instalada en refinerías, 49.9% en los centros procesadores de gas, y 69.8% en el complejo petroquímico Independencia, así como de los retrasos en la modernización de la infraestructura”.

La sombra de Odebrecht

Durante la administración de Peña Nieto el negocio del etileno de Pemex resultó otro fracaso –Pemex Etileno (Petil), ahora integrada a Ptri, registró un “desempeño y financiero nulo” en 2018–, marcado por las huellas de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a Lozoya.

De acuerdo con la ASF, en 2018 Petil “destruyó valor económico en su operación por 4 mil 861 millones de pesos”, debido a la degradación de sus activos –el mal estado de las plantas derivó en 160 paros, por una duración en conjunto de 509.5 días–, la subutilización de 61% de su infraestructura productiva, y por falta de gas natural. Como resultado, la empresa “no fue liquida, ni solvente”; tampoco “generó valor económico, ni rentabilidad para el Estado mexicano”.

Parte de la operación de Petil fue saboteada a causa del complejo Etileno XXI, operado por el consorcio formado por las empresas Braskem –filial de Odebrecht– e Idesa, de la familia política de Javier Jiménez Espriú. Este pésimo negocio para Pemex nació de un desastroso contrato celebrado durante la administración de Felipe Calderón y ratificado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este contrato, Pemex se comprometió a entregar 66 mil barriles de etano diario a Etileno XXI por un precio inferior al del mercado. La petrolera nunca produjo tal cantidad de gas, por lo que entre 2016 y 2018 pagó 2 mil 813 millones de pesos de penalizaciones al consorcio privado; aparte, la petrolera perdió 3 mil 642 millones de pesos en 2016 y 2017 por vender etano a Etileno XXI a un precio inferior al de su producción y transporte y, por si fuera poco, desatendió sus propias plantas de etileno.

Lucro “offshore”

La ASF también puso la lupa sobre Petróleos Mexicanos Internacional (PMI), que maneja de manera opaca la red de 21 sociedades offshore de la petrolera, instaladas en España, Holanda, Estados Unidos, China, Irlanda y México, cuya misión consiste en controlar acciones en empresas, prestar servicios, realizar alianzas estratégicas o servir como vehículos financieros.

Según el informe de auditoría, las sucesivas administraciones de Pemex han utilizado PMI a su conveniencia, fuera de la vigilancia del Consejo de Administración y a sus órganos de vigilancia internos. 

La ASF encontró por ejemplo que, en 2018, las filiales de PMI generaron utilidades por 21 mil 348 millones de pesos, pero que solamente cinco de ellas entregaron dividendos a Pemex por apenas 7 mil 721 millones de pesos. Entre 2008 y 2017 estas empresas acumularon utilidades por más de 133 mil millones de pesos; de ellas solamente entregaron 26 mil 665 millones de pesos a Pemex. 

De hecho, durante el sexenio de Peña Nieto, el nombre de PMI salió a flote en varios escándalos de corrupción que mancharon a Pemex: una de sus filiales adquirió Agronitrogenados, otra prestó 120 millones de dólares para Grupo Fertinal, y, en 2013, otra compró 51% del capital de la empresa naviera española Hijos de J. Barreras, SA, que motivó una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Lozoya.

La ASF observó que el astillero –que “desarrolló actividades que no se vincularon a la cadena de valor de Pemex”– no pagó dividendos a la petrolera mexicana entre 2013 y 2015, a pesar de que reportó utilidades por más de 139 millones de pesos. 

Asedio del huachicol

A lo largo del sexenio pasado se disparó el robo de combustible y Pemex Logística (Plog) resultó su principal víctima: en 2018 la filial de Pemex encargada de transportar gasolinas y diésel reportó 12 mil 581 tomas clandestinas en su red de ductos, con robos por más de 39 mil 439 millones de pesos –58% más que en 2017–.

El huachicol llevó a esta filial de Pemex a subutilizar en 63% sus ductos, a transportar millones de litros de gasolina en pipas –27% más que en 2013–; ello provocó que Plog “no fue rentable y destruyó valor económico”, con pérdidas de operación de 21 mil millones de pesos, 760% más que en 2017 y una pérdida neta de 85 mil millones de pesos.

La ASF también recordó que entre 2016 y 2018 Plog emitió siete convocatorias para que el sector privado se dedicara al transporte y almacenamiento de combustible, pero a ninguna empresa le interesó “por la falta de confiabilidad en relación con el tema de tomas clandestinas derivado del mercado ilícito de combustibles”.

Este reportaje se publicó el 23 de febrero de 2020 en la edición 2260 de la revista Proceso

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