La Corte de EU anula la demanda contra un agente fronterizo que mató a un adolescente mexicano

El sepelio de Sergio Adrián Hernández Güereca en Ciudad Juárez. Foto: Ricardo Ruíz El sepelio de Sergio Adrián Hernández Güereca en Ciudad Juárez. Foto: Ricardo Ruíz

WASHINGTON (apro).– Por 5 votos en contra y 4 a favor, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anuló la demanda en contra del agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Mesa, quien en 2010 mató de un tiro en la cabeza al adolescente mexicano de 15 años, Sergio Adrián Hernández Güereca.

“El caso tiene implicaciones de política exterior y seguridad nacional (estadunidense) y debe ser el Congreso federal el que debe decidir si proceden demandas como la de este incidente”, escribió el juez Samuel Alito, en nombre de los cinco magistrados que anularon el expediente.

El asesinato del mexicano de 15 años de edad ocurrió en 2010 en la zona limítrofe de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.

El recuento de los hechos establece que Hernández Güereca y un grupo de amigos de su edad jugaban a entrar corriendo al punto limítrofe con Estados Unidos para tocar la valla de cemento y tela de alambre, y también corriendo regresar el territorio mexicano.

En uno de esos cruces el agente Mesa capturó a los adolescentes, pero Hernández Güereca logró escapar y fue cuando entonces el federal estadunidense sacó su pistola y con un tiro en la cabeza a sangre fría le quito la vida al niño.

Sergio Adrián era “pollero”, según el gobierno de EU

“Estados Unidos y México deben buscar resolver los asuntos fronterizos por medio de los canales diplomáticos. Los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen la responsabilidad de garantizar la integridad de la seguridad nacional e impedir el tráfico y cruce ilegal”, acotó Alito.

Jesús Hernández y María Guadalupe Güereca, padres del niño asesinado por el agente de la Patrulla Fronteriza, demandaron al gobierno de Estados Unidos buscando una compensación monetaria, respaldados en la cuarta y quinta enmienda de la Constitución política estadunidense.

El cuarto artículo constitucional prohíbe el uso injustificado del uso de la fuerza letal por parte de los agentes federales y el quinto garantiza el debido proceso de un caso con estas características y que fue a lo que aludieron en la demanda los padres de Hernández Güereca.

El Departamento de Seguridad Interior, del que depende el Buró de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), defiende a Mesa con el argumento de que el agente federal estaba siendo atacado a pedradas por los adolescentes mexicanos.

La investigación del gobierno de Estados Unidos sostiene que Mesa actuó en defensa legítima de su integridad física, no obstante que durante la pesquisa nunca se pudo demostrar con evidencias que Hernández Güereca y sus amigos apedrearon al agente.

En nombre de los cuatro jueces que respaldaban a la familia del niño mexicano asesinado, la magistrada Ruth Bader Ginsburg rechazó el argumento de la mayoría de sus colegas de que un caso como éste tiene implicaciones sobre la seguridad nacional.

“El agente Mesa sostiene que usó la fuerza letal en territorio estadunidense, pero eso apenas hace sentido para entender el comportamiento de un agente rebelde que ha sido entrenado para actuar de ese modo”, sostuvo la jueza Ginsburg.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos cerró la puerta a que proceden demandas criminales y civiles presentadas por ciudadanos extranjeros, en caso del uso de la fuerza letal injustificada por parte de agentes federales.

Indirectamente, el fallo de los cinco magistrados también avaló la posición que el presidente Donald Trump adoptó en el caso del niño mexicano asesinado al defender a Mesa diciendo que los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden usar sus armas de fuego en la frontera sur.

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