CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 466 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen que reforma el artículo 140 del Código Penal Federal, cuya finalidad es perseguir y sancionar eficazmente el delito de sabotaje cometido en perjuicio de las empresas productivas del Estado. El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales destaca que se sancionará con dos a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos a quien dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos y funciones de las empresas productivas del Estado, con el fin de transformar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. De acuerdo con el dictamen, en las últimas fechas el sector energético se ha visto gravemente amenazado, y la crisis de seguridad que aqueja a México repercute de igual forma en las empresas productivas del Estado y en su operatividad, a causa de los múltiples sabotajes que padecen. Tal es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos datos demuestran un alto índice de ataques a la red de ductos, dado que entre enero y septiembre de 2019 se registraron ocho mil 700 de ellos, lo que significó un aumento de más de 1.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, María del Pilar Ortega Martínez, señaló que las reformas tienen que ver con ciertos fenómenos dentro de las empresas productivas del Estado, como organismos que durante los últimos años han sufrido constantes afectaciones en sus redes de distribución. Las previsiones normativas del Código Penal Federal establecen entre los delitos denominados contra la seguridad de la nación, el delito de sabotaje, consistente en el daño, destrucción, entorpecimiento ilícito de las vías de comunicación, servicios públicos o funciones de las dependencias de Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones. “La reforma va a combatir directamente la corrupción interna y externa, que menoscaba el patrimonio y la operatividad eficiente de las empresas productivas del Estado mexicano”, afirmó el promovente, Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano (MC).