SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Familias que han participado con personal de la Fiscalía Especializada en búsquedas de restos de personas desaparecidas en predios, ejidos y terrenos particulares en distintos municipios de San Luis Potosí, de noviembre de 2017 a la fecha, aún no cuentan con un solo dictamen de identificación positivo. A pesar de eso, los grupos de civiles siguen regresando a los sitios donde se han reportado fosas, “hasta que hayamos revisado milimétricamente todo”, dice Edith Pérez, representante de la asociación “Voz y dignidad por los nuestros”. “Los laboratorios de la Fiscalía están totalmente saturados, no hay suficientes genetistas. La Fiscalía de San Luis Potosí no tiene la capacidad ni el personal para analizar el ADN de todos esos restos óseos”, subraya en entrevista telefónica con Apro la representante de la organización que agrupa a unas 200 familias con personas desaparecidas, en su mayoría de San Luis Potosí. La semana pasada, personal de la Fiscalía Especializada y los colectivos civiles efectuaron una búsqueda directa en un predio en Soledad de Graciano Sánchez --municipio conurbado con la capital--, relacionado con una averiguación previa por una persona desaparecida, en la que se obtuvieron indicios que llevaron a dicho lugar. Allí se confirmó la existencia de restos óseos y se recabaron alrededor de tres kilogramos. “El ministerial de la Unidad de Desaparecidos de San Luis dijo que era probable que allí se encontraran restos. Así fue, pueden ser de más de dos personas los que se recabaron allí. No sabemos si se va a regresar al lugar o no”, señala la entrevistada. Los restos fueron embalados, guardados mediante cadena de custodia y permanecen en espera de que se cuente con la capacidad de las fiscalías para identificarlos a través del ADN. La organización “Voz y Dignidad por los Nuestros” es una de las muchas que en el país esperan la implementación del Mecanismo extraordinario de identificación forense aprobado por el gobierno federal desde diciembre pasado. “Necesitamos ir sacando adelante la identificación de estos restos óseos que estamos recabando”, puntualiza Edith Pérez, quien busca a su hermano Ignacio, a sus hijos José Arturo y Alexis Domínguez Pérez, y a sus sobrinos Milynali Piña y Aldo Pérez, desaparecidos en un viaje de regreso de Texas a Tamuín, el 14 de agosto de 2012. “De los que hay se han analizado, pero todavía no ha resultado ninguna probable identidad”, insiste. Matanzas, en el municipio de Moctezuma --ubicado a unos 85 kilómetros al oeste de la capital del estado--, será el próximo punto de búsqueda. Lo amplio del terreno donde se han encontrado restos desde 2017 y los indicios o referencias de vecinos de la zona que van saliendo al paso del tiempo, hacen obligado a las familias regresar a ese sitio, identificado como un campamento de exterminio de un grupo criminal, presuntamente Los Zetas. “En Matanzas tenemos desde mayo de 2019. Para mayo de 2020 vamos a tener un año y esos restos creo que van a tardar. Para mayo podríamos tener el análisis de alguno de ellos (…) Estamos batallando bastantísimo”, lamenta. Fiscalías saturadas y con carencias Aunque la fundadora de la organización de familias reconoce el empeño de la fiscal de la Unidad para la atención de personas desaparecidas o extraviadas, Luz María Montes, en los recorridos de búsqueda y aseguramiento de los restos recabados, sostiene, se adolece de la carencia de personal, materiales o reactivos. “Si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una nula capacidad y muchas necesidades del área de periciales, imagínese (cómo están) los estados. La Fiscalía pone todo el empeño, pero hay carencias; tratamos de coadyuvar con los materiales, pero el personal calificado definitivamente lo lleva la fiscalía”, abunda. Para las búsquedas que han realizado en predios dentro del territorio potosino en estas semanas, precisa, “contamos por el momento con dos arqueólogas; nos faltan peritos odontólogos, otro antropólogo, otro arqueólogo, para el equipo multidisciplinario que se mueva a los lugares donde se tenga que ir”. Como el registro de personas desaparecidas de la organización abarca también territorio de Tamaulipas, Veracruz y otros estados vecinos, las familias se distribuyen cuando se agendan dos recorridos en una misma semana. A mediados de marzo, por ejemplo, estarán buscando en Rioverde y en Ciudad Mante. Este fue el último punto donde Edith Pérez tuvo comunicación telefónica con su hermano, hijos y sobrinos desaparecidos en 2012. “Hoy estamos en un sitio del Ejido El Cascabel en González, muy cerquita de Ciudad Mante. Esta es la quinta semana que estamos; estaremos viniendo hasta que terminemos; no podemos dejarlo pasar”. En Ciudad Mante, los familiares son acompañados por personal de la FGR, y en Rioverde por la Fiscalía estatal. Además, volverán al ejido Matanzas. “Pensamos que ya vamos a cerrar el sitio y de repente nos resulta otro hueso por allí; excavamos y nos resultan los demás. Creo que ahí todavía tenemos para continuar por un buen rato. Son fragmentos calcinados, bastante dañados por el tiempo y la erosión”. En ese sitio iniciaron con la revisión de una zona de aproximadamente cuatro por cuatro metros de excavación, pero cuando el grupo creyó que ya iba a terminar, al hacer la limpieza de cactus aparecieron otros restos. “Regresamos hasta que todo quede milimétricamente analizado y descartado. Quizás podamos encontrar un positivo, localizar a la familia de esa persona. Quizás no un cuerpo, solamente un dictamen, pero es algo que nos dará un poquito de calma, paz a una familia”, finaliza Edith.