La industria del blindaje arquitectónico crece de manera acelerada. No sólo son dependencias públicas las que protegen sus inmuebles, sino particulares que, ante la creciente espiral de violencia, refuerzan paredes, ventanas y puertas de sus viviendas con materiales capaces de resistir descargas de fusiles AK-47 o de los poderosos R-15. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La industria nacional del blindaje arquitectónico –para casa habitación y negocios particulares– creció de manera acelerada en los últimos tres años. En la capital y el Estado de México los particulares suelen proteger sus viviendas con blindaje tipo cuatro, que detiene descargas de AK-47; en lugares más violentos, como Tamaulipas, Veracruz o Guanajuato, se instala el nivel siete, que no pueden penetrar los disparos del R-15, potente rifle de asalto empleado por el ejército de Estados Unidos y arma preferida de los narcotraficantes mexicanos. Esa industria rebasó niveles de protección que en América Latina sólo se vieron a principios de los noventa en Colombia, después de que el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar edificios gubernamentales. Actualmente, acaudalados mexicanos recurren al nivel siete o hasta el 10 para proteger su casa o su familia. Muchos mandan construir los llamados safe rooms (habitaciones seguras). Uno de estos recintos, con un área de nueve metros cuadrados, blindado con nivel tres, tiene un costo mínimo de 45 mil dólares (casi 900 mil pesos). Los costos van de acuerdo con el nivel de violencia de la zona en que se encuentra la casa, negocio u oficina. René Rivera, presidente del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB), quien en 2014 fabricó estructuras blindadas para las puertas de Palacio Nacional, comenta a este semanario: “Mi primer trabajo fue blindar las oficinas de la PGR en Reforma 75. Traje un producto muy novedoso, que impedía que los disparos desde fuera penetraran los ventanales, pero los disparos desde dentro sí salían. “Al principio el contrato lo tenía otra empresa. Su gente llevaba los cristales en camiones y usaban montacargas o plumas para levantar los vidrios que pesaban 150 kilos por metro cuadrado, mientras que el que yo ofrecía pesaba la mitad, tenía menos grosor y mayor resistencia. Al ver estas ventajas, el procurador Jorge Carpizo le rescindió el contrato a la otra empresa y me dio mi primera oportunidad.” En aquella época, en 1993, el porcentaje de blindaje arquitectónico era incipiente. Los servicios de inteligencia, previendo que ocurriera algún atentado de alto impacto contra un funcionario de alto nivel del gobierno “decidieron empezar a poner este tipo de blindaje en las oficinas del titular de la PGR, del procurador capitalino, así como las de los secretarios de Marina y Defensa Nacional”.

Fragmento del texto publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, actualmente en circulación.