GUANAJUATO, Gto., (apro).- Cuatro agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía general del estado se encuentran en prisión preventiva, sujetos a un proceso penal como presuntos responsables de cometer concusión y abuso de autoridad, según determinó un juez penal en Salamanca. La Fiscalía general del estado ha mantenido silencio sobre la actuación de estos elementos y el proceso. La causa penal 1P2720 radicada en un juzgado del Supremo Tribunal de Justicia con sede en Salamanca refiere que los agentes Julio César Giles Gallardo, José Martín Sarabia, Luis Gerardo González Sepúlveda y César Eduardo Gutiérrez Vázquez fueron presentados en audiencia de vinculación el 6 de febrero pasado. Se pudo conocer que el juez determinó que se presentaron suficientes datos de prueba para dictar la vinculación a proceso a los imputados, agentes ministeriales, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y concusión, con prisión preventiva por el tiempo en que dure el proceso como una medida cautelar. El Código penal del estado en su artículo 253, establece que comete abuso de autoridad “el servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en detrimento de un particular o de la función pública” y prevé una pena de dos a ocho años de prisión y de veinte a ochenta días multa. La concusión está sancionada en el artículo 249:

“Al servidor público que, con tal carácter, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley se le aplicará de uno a ocho años de prisión y de diez a ochenta días multa. Si lo exigido indebidamente se convirtiera en provecho propio o de un particular, la pena será de tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa”.

El fiscal Carlos Zamarripa Aguirre protagoniza este lunes un evento para presentar el informe del primer año de la FGE en su calidad de organismo autónomo según la ley, aunque el funcionario había sido el procurador de justicia del estado con dos gobernadores anteriores, por casi 10 años, antes de ser designado fiscal a propuesta del actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El viernes, el funcionario acudió al Congreso del estado a entregar el documento de su primer informe la frente de la Fiscalía. El documento incluye un apartado sobre responsabilidades del personal, pero únicamente hace referencia a sanciones administrativas. En un año se iniciaron 153 procedimientos administrativos de investigación, de los cuales se concluyeron 112. En el 13% de esos 112 casos se encontró responsabilidad de los servidores públicos y se aplicó una sanción. Es decir, en 14 de esos casos, aunque no se precisa qué tipo de conductas o qué sanciones se aplicaron. Te puede interesar: Guanajuato bajo fuego: Masacran a tres en taquería y asesinan a dos policías