Caso Lozoya: Garzón-Garrigues, la batalla jurídica que se avecina

Batalla legal: Garrigues vs. Garzón. Foto: Especial / Jorge Sánchez Batalla legal: Garrigues vs. Garzón. Foto: Especial / Jorge Sánchez

MADRID (apro).- El proceso de extradición de Emilio Lozoya deja entrever una fuerte batalla jurídica en España entre dos de los despachos de mayor renombre en el país, el de Garrigues como coadyuvante del gobierno de México en la demanda formal, y el juez Baltasar Garzón como defensor del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), reclamado por la Fiscalía General de la República (FGR) por un delito de blanqueo de capitales en la trama de corrupción Ahmsa-Odebrecht.

La contratación de Garzón –adelantada ayer por Ciro Gómez Leyva en su programa de radio– muestra el propósito de Lozoya de descansar su defensa en un jurista que conoce por dentro los procedimientos judiciales de la Audiencia Nacional, donde fue titular del Juzgado de Instrucción número 6, desde 1988 hasta mayo de 2012 (excepto de mayo de 1993 a mayo de 1994), cuando fue expulsado de la carrera judicial por un polémico fallo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema en la conferencia mañanera, al considerar que Garzón “lo tiene difícil” en la defensa del exdirector de Pemex.

“Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, lo tiene difícil”, opinó.

López Obrador mostró su simpatía a Garzón porque fue quien procesó al exdictador chileno Augusto Pinochet, pero sin mencionar el nombre del exdirector de Pemex, consideró que “cae en la esfera de lo particular. Él es un abogado que trabaja para defender a clientes”, zanjó.

El pasado 13 de febrero, tras ser puesto a disposición del juez Ismael Moreno, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Emilio Lozoya se negó a aceptar la extradición voluntaria, con lo que abrió el camino a la lucha jurídica para evitar ser llevado a México para enfrentar a la justicia.

Nota de interés:

Lozoya busca abogados españoles para su juicio de extradición; Coello lo visita en prisión

Luego de visitar a su cliente en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, el despacho del abogado Javier Coello Trejo emitió un comunicado en el que anunció que por instrucción de su cliente se había entrevistado con diversos letrados en Madrid, y entregó al exdirector de Pemex un listado de opciones para su defensa en el proceso de la extradición en España.

Le fueron entregadas “a nuestro cliente, quien está analizando la propuesta de honorarios de dichos despachos, y será únicamente él quien determinará qué despacho lo representará en el juicio de extradición, toda vez que esto es una determinación estrictamente personal de nuestro cliente”.

Coello, abierto a informar a la prensa sobre el desarrollo del caso de Lozoya, informaba en el comunicado que su cliente les instruyó “que por el momento no demos declaraciones e información alguna respecto a los procedimientos legales”.

De hecho, ni Coello ni el despacho de Garzón quisieron confirmar la información que surgió inicialmente en México sobre la contratación del exjuez español.

Consultado por Apro, el despacho International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), que encabeza Garzón, no confirmó ni negó la información. “Le informamos de que este despacho no va a hacer ninguna declaración sobre este asunto”, respondió.

Garrigues, por su parte, no es un despacho desconocido para el gobierno de México. Al menos dos abogados de esta prestigiada firma han aparecido como “apoderados, no consejeros” de PMI Holdings Petróleos España y de Pemex Internacional España, sociedades de la petrolera mexicana en el extranjero: se trata de Íñigo Bastarreche Sagües y Jesús Fariza Requejo, tal como lo documentó la revista Proceso.

De Assange al “Pollo” Carvajal

Una de las primeras defensas (pro bono) que ha llevado este despacho y, sin duda, la más mediática, es la de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que le refrendó la proyección internacional a Baltasar Garzón.

Pero su despacho ha llevado otros asuntos de gran relieve. En septiembre pasado, el diario español ABC dio a conocer que participó en la elaboración de un “informe independiente” sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos en contra de quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, a quien acusa de tráfico de cocaína hacia aquel país con la ayuda de la cúpula de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Para ello, según el medio, Garzón facturó a la sociedad panameña Maroil Trading un millón 850 mil euros durante la segunda mitad de 2016, una sociedad que pertenece a Wilmer Ruperti, el magnate venezolano del transporte marítimo y medios de comunicación.

En un comunicado del despacho Ilocad se reconocía que Garzón “coordina un equipo multidisciplinar (…) para la elaboración de un informe sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan, entre otros, a Hugo Carvajal”, pero que no darían información “debido al deber de confidencialidad”.

Garzón, del PRI a la 4T

Desde sus años como magistrado, Baltasar Garzón ha tenido una estrecha relación con el entramado jurídico y político de América Latina. Es conocida la asesoría que brindó a la Cámara de Diputados argentina; en Colombia desarrolló estrategias de investigación criminal; en Ecuador encabezó un grupo de expertos para la reforma de la justicia en época del presidente Rafael Correa.

En México hay registros periodísticos de la participación de Garzón en infinidad de foros y conferencias en Veracruz, Chihuahua, Morelos (donde dio asesoría para elaborar el proyecto de Ley de Atención a Víctimas durante el gobierno de Graco Ramírez), Michoacán (foro organizado por René Bejarano), Guanajuato o el Distrito Federal.

En mayo de 2012, por ejemplo, el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, y Antonio Navalón, hombre muy cercano a Garzón, anunciaron la celebración de un Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos que se realizaría días después en Ciudad Juárez y que era presidido por Baltasar Garzón.

El 10 de agosto de 2011, el diario El Universal dejó registro de una fotografía en la que conviven alrededor de una mesa Garzón y el entonces presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, y su hermano Rubén, en ese momento gobernador electo de Coahuila.

El todavía magistrado español participaba en México en el foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (presidida por el PRI), según consigna la nota del mismo medio.

El 30 de agosto del mismo 2011, el juez español encabezó una reunión privada en la sede nacional del PRI con el pleno del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de Moreira, para aportar sus opiniones en materia de seguridad, derechos humanos y lucha contra el crimen organizado, que serían recogidas en su plataforma política de cara a la elección federal de 2012, de la que Enrique Peña Nieto salió ganador. Esa era la tercera ocasión que Moreira y Garzón se reunían.

Proceso documentó que, al ser detenido en el aeropuerto de Madrid, Moreira trató, sin éxito, de contratar los servicios de Garzón. En su lugar, la defensa legal recayó en el jurista Manuel Ollé.

El entramado político tras la liberación de Moreira

En febrero de 2018, Antonio Collado, abogado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, anunció que Garzón se sumaría a la defensa del exsecretario general adjunto del PRI, procesado en Chihuahua por el presunto delito de fraude agravado tras participar en el desvío de recursos públicos de esa entidad, para favorecer las campañas de candidatos priistas en varias elecciones estatales de 2016.

De acuerdo con esa información de Radio Fórmula, Collado afirmó que Baltasar Garzón se encargaría de preparar y presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investiguen los “actos de tortura” cometidos en agravio del operador de Manlio Fabio Beltrones.

Consultado por Apro, el despacho Ilodac no confirmó ese extremo, pero el abogado Collado aseguraba ya haber enviado el expediente a Garzón.

En mayo pasado, el presidente López Obrador mantuvo una reunión privada en Palacio Nacional con Baltasar Garzón, como presidente de la Fundación Garzón, donde el primero le explicó los alcances de la Guardia Nacional en México.

Al término del encuentro, Garzón destacó que coincidieron en la importancia de que este nuevo cuerpo genere proximidad con la sociedad y se garantice el cumplimiento estricto de la ley, no sólo contra el crimen organizado sino con todo aquel que rompa con la legalidad, según consignó La Jornada.

El exmagistrado también señaló que el mensaje de López Obrador es de “firmeza en el combate a la corrupción” a partir de un cambio de paradigma y una perspectiva íntegra.

Los días 13 y 14 de diciembre último, Garzón tuvo encuentros con una de las figuras centrales del gobierno de López Obrador en el combate contra la corrupción, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, según posteó éste en su cuenta de Twitter.

Se trataba de la participación de Nieto en una mesa sobre prevención y combate a la corrupción organizada por el Instituto Mexicano para la Justicia y la Fundación Garzón.

Sólo tres meses después de este encuentro trasciende que el reconocido y polémico jurista español estará al frente de la defensa de Lozoya, sin duda una de las figuras de la etapa de Enrique Peña Nieto en quien la actual administración federal centra su combate a la corrupción en esa etapa priista.

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