CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A treinta años de distancia –desde la instauración del neoliberalismo hasta el inicio de la 4T–, los crímenes de género, hoy sujetos a la mezquindad de una disputa política, continúan sumando día tras día cadáveres de niñas y mujeres al listado luctuoso de la barbarie que carcome las entrañas del país. Con el fenómeno de las muertas de Juárez inició en México, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el recuento sucesivo de feminicidios y, con ello, la socialización de la impunidad imparable hasta el día de hoy. Quizá nada más elocuente para significar la agreste crisis actual que el metafórico personaje del horror a perpetuidad creado por el genio profético de Augusto Monterroso en su insigne microrrelato, El dinosaurio. Cuando despertó, la persistencia feminicida todavía estaba allí… Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y la consecuente precarización y cosificación social y laboral del sector femenino a partir de la instauración del neoliberalismo en los años 90, hasta el inicio de la guerra anticárteles en 2007, los crímenes de género se extendieron como ráfaga depredadora por cada rincón de México. En el recuento del flamante gobierno, la dolorosa inercia cotidiana de 10 feminicidios por día encontró un cauce catártico. Cientos de mujeres, la mayoría jóvenes, sucesoras de movimientos feministas fragmentados en el tiempo, irrumpieron durante 2019 en las calles de la ciudad de México y de otros puntos del país con un renovado aliento de radicalización que permeó en el ánimo comunal y se sobrepuso a la indiferencia que observamos transcurrir durante décadas de implacables embates. No fueron las únicas. El coro de voces femeninas volcado en reclamos ante la indolencia de un país encumbrado como abrevadero a perpetuidad del salvajismo que se ejerce cotidianamente en contra de niñas y mujeres, mostró su amplitud y diversidad ante la expectativa de vientos transformadores. El Estado mexicano fue sorprendido por la incipiente creación femenina de escenarios inéditos de empoderamiento ciudadano, emancipación y organización antisistémica. Una lozana respuesta popular frente al dolor y la rabia atragantada por años de ferocidad machista. La construcción de un movimiento social articulado desde muy distintas concepciones culturales y políticas –acompañado de formas insólitas de manifestación–, sigue causando desconcierto y malestar tanto en escenarios privados como en el primer gobierno paritario del país que, irónicamente, pareciera no haber interpretado a cabalidad las señales de reclamo de los feminismos renovados que comenzaron a expresarse con mayor crudeza desde agosto de 2019. En tanto prosigue el debate en las estructuras patriarcales sobre el monopolio masculino a la agresión, la pauta de las nóveles generaciones de mujeres de cara a la violencia, la muerte, el menosprecio y la discriminación de género reclaman en la plaza pública el legítimo apoderamiento de la ira como instrumento de sobrevivencia ante el comportamiento amenazante del Otro, o, quizá como herramienta para generar la transformación de conductas avasallantes de poder y propiciar por fin condiciones de equidad y justicia en el entorno cotidiano. De tal magnitud resulta la indignación de organizaciones feministas que, por vez primera desde que inició el sexenio, la trama del feminicidio y de la violencia de género se impuso a la agenda política gubernamental. El presidente de la República, interpelado enérgicamente por el movimiento feminista –precisamente porque él mismo proviene de la lucha social y no por lo contrario–, se abstuvo de articular una pronta y contundente respuesta institucional para apoyar y sumarse a la cruzada contra el sistema patriarcal que agobia a más de la mitad de la población del país. Al cuestionar la legitimidad de la convocatoria al paro nacional de mujeres a la que precede la gran marcha del 8 de marzo, Andrés Manuel López Obrador no sólo confrontó a su gabinete femenino con las demandas justas de los colectivos, lanzando un movimiento anti parista, sino que desaprovechó la oportunidad de enarbolar la bandera precursora para enfrentar la crueldad del machismo feminicida. El pasmo de la 4T, de Morena y sus paritarias bancadas legislativas, que sólo atinaron a incrementar las penas contra los delitos de abuso sexual y feminicidio, en un país donde existe una epidemia crónica de impunidad, tampoco se mostraron a la vanguardia de la premura social que exige desmontar las vetustas estructuras patriarcales y detener el exterminio por razones de odio de niñas y mujeres. Salvo afortunadas excepciones de diputadas –que frenaron la iniciativa de la Fiscalía General para modificar el tipo penal de feminicidio–, y funcionarias defensoras de los derechos femeninos, no se construyó una narrativa empática para las luchadoras de a pie fuera de la visión racional de la política concebida como un campo del estricto dominio de las cúpulas ideológicas y partidistas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió en una reunión privada con académicas, servidoras públicas y representantes de organizaciones de mujeres, que el gobierno llega tarde para enfrentar la crisis feminicida que fustiga a la nación, debido a limitaciones y políticas públicas ineficaces. La ministra en retiro reconoció la responsabilidad ineludible del Estado para hacer frente a los crímenes de género y dijo a las mujeres de los feminismos diversos que la secretaría mantiene puertas abiertas para seguir escuchando y aprendiendo de su discurso y sus planteamientos. En la batalla por la visibilización y la sobrevivencia cotidiana, el amplio y heterogéneo movimiento femenino, cuyas concepciones ni siquiera concuerdan en la conveniencia, la equidad, la legitimidad o improcedencia del 9M, lo que no se pierde de vista es la demanda de una vida equitativa y libre de violencia para todas. Desde estrategias, concepciones y miradas diversas, las organizaciones plantean, entre otras cuestiones, la creación de una fiscalía para la atención de feminicidios y agresiones contra mujeres y niñas; la homologación del tipo penal del feminicidio; la equiparación del código penal en todo el país para revertir la criminalización de la población femenina en materia reproductiva; romper con la perpetuación de la impunidad; promover el acceso equitativo a la seguridad y la justicia; la capacitación, sensibilización y formación de policías en general y ministeriales en particular, lo mismo que de funcionarios y jueces con perspectiva de género y la urgente puesta en marcha de políticas públicas educativas, laborales, culturales y de movilidad que incidan en la cimentación de una sociedad equitativa y vayan acompañadas de recursos,  hoja de ruta, línea de tiempo y metas mesurables. En esta trama inédita de interpelaciones de “ida y vuelta”, el presidente López Obrador lanzó un improvisado decálogo para refrendar su vocación feminista y dijo ser experto en el tema de la violencia de género, aunque más adelante evitó referirse a la contrapropuesta de 10 principios revirada por los colectivos de mujeres y eludió el planteamiento de la activista Verónica Villalvazo, conocida como Frida Guerrera, para crear una fiscalía especializada en atención a feminicidios. Y es que parecieran existir resistencias a estas demandas porque desde una visión de la 4T, se debe proteger la vida de todos los seres humanos por igual, sin diferenciación alguna. Sólo que el movimiento feminista requiere del compromiso urgente concertado y genuino del Estado para desterrar la atrocidad misógina, porque nacer o ser mujer en este país significa correr riesgo per se. La población femenina vive insegura en las calles, en sus comunidades, en el trabajo y en su propio hogar. No hay estrategia civilizada o ira contestataria que pueda o deba enfrentar aisladamente este entorno fiero e irracional. La realidad es elocuente. En la medida en la que las mujeres conquistan más espacios sociales, políticos, familiares o laborales, es en la misma dimensión en la que resultan discriminadas, violentadas, agredidas y masacradas. Es cierto que, en la vorágine de violencia persistente, los hombres también se matan entre sí, pero nunca por su condición de género. El domingo 8 de marzo, desde Fresnillo, Zacatecas, se dará a conocer el replanteamiento de la estrategia gubernamental para hacer frente a la situación de horror que ha colocado a un mayoritario sector de la sociedad en el blanco del exterminio y la devastación. Si las perspicacias que se ciernen sobre la legitimidad del movimiento prevalecen y no se atiende la violencia en contra de niñas y mujeres de manera particular, los depredadores seguirán carcomiendo a la nación y se agotará entonces cualquier atisbo de paz.