GUADALAJARA, Jal. (apro).- Pobladores afectados por la construcción de presas en Jalisco y Zacatecas (Zapotillo y Milpillas, respectivamente) tacharon de “mentirosos” a los gobiernos locales y federal porque, subrayaron, buscan imponer esos proyectos a costa de su patrimonio y sus raíces. Abigail Agredano, integrante del Comité Salvemos a Temacapulín, Acasico y Palmarejo, recordó que en agosto de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador les informó que en la presa El Zapotillo se realizaban trabajos de mantenimiento y obras de seguridad para los pobladores. Sin embargo, en una visita de inspección que hicieron el pasado 14 de febrero se dieron cuenta que el Ejecutivo federal les mintió. En 2018, agregó, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó un avance de casi 87% de la presa El Zapotillo y actualmente lleva ya 92.7%. "Esta situación es grave, pues puede usarse de pretexto para argumentar que la presa ya está casi lista", lo que generaría una simulación en el diálogo para solucionar el conflicto socioambiental, sin dejar de lado que las dos comunidades se inundarían y Temacapulín resultaría afectada, refirió Agredano. Por su parte, Roberto Hernández, integrante del club Hijos Ausentes de Temacapulín en Los Ángeles, California, consideró que el gobernador Enrique Alfaro les mintió, pues cuando los visitó en Estados Unidos se comprometió a no inundar su tierra. “Que dé la cara”, pidió. De su lado, la coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia, recalcó que Alfaro Ramírez promueve entre empresarios la construcción del sistema Zapotillo, principalmente del Consejo Consultivo del Agua y del Consejo Empresarial COINCyDES, conformado éste en 2019 por el mismo gobernador. "Estos consejos están integrados por los grandes usuarios del agua a nivel nacional y trasnacional, quienes la contaminan, la acaparan, la privatizan y promueven la construcción de grandes obras de infraestructura, en este caso las presas", apuntó la coordinadora de Imdec. Además, mencionó que en noviembre pasado el gobierno federal ofreció a empresarios realizar en bloque las obras del acueducto Zapotillo, a un costo de 13 mil 717 millones de pesos; la presa El Purgatorio, en 9 mil 75 millones, y el acueducto Milpillas-Zacatecas, en 4 mil 502 millones. A nombre de todos los inconformes, Gabriel Espinosa, también integrante del Comité Salvemos a Temacapulín, Acasico y Palmarejo, exigió a las autoridades que reconozcan los daños y violaciones a los derechos humanos con el sistema Zapotillo. Asimismo, que se busquen otras alternativas para el abastecimiento del agua en Los Altos de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara y León, Guanajuato, y que el proceso de negociación se realice con la presencia de los gobernadores de ambas entidades, así como de las secretarías federales designadas por el presidente de la República. Su reclamo se da previo a la conmemoración del “Día mundial de acción sobre las represas y a favor de los ríos, el agua y la vida”, el 14 marzo.