Caen presuntos implicados en la desaparición forzada de activista Tarahumara

Los dos presuntos implicados en la desaparición forzada de Cruz Soto Cruz, integrante del colectivo de familias desplazadas de la Sierra Tarahumara. Foto: Especial Los dos presuntos implicados en la desaparición forzada de Cruz Soto Cruz, integrante del colectivo de familias desplazadas de la Sierra Tarahumara. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos aprehendieron a dos presuntos implicados en la desaparición forzada de Cruz Soto Cruz, integrante del colectivo de familias desplazadas de la Sierra Tarahumara.

Uno de los detenidos era director de Seguridad Pública del municipio serrano de Guazapares en el momento de la comisión del delito.

Un juez de Control libró la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada y fue cumplida en el estado de Sonora, en coordinación con las autoridades ministeriales de esa entidad.

Los detenidos son identificados como Paulino M. R. y Samuel Alejandro B. G., de 51 y 28 años de edad respectivamente.

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, informó que de acuerdo con las investigaciones, Paulino M. R. era director de Seguridad Pública en el municipio de Guazapares al momento de los hechos y actualmente trabajaba en la policía municipal de Navojoa, Sonora.

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Cruz Soto Cruz, fue privado de la libertad el 13 de octubre pasado, cuando circulaba por el municipio de Guazapares.

La Fiscalía General del estado activó una serie de operativos por aire y tierra que se mantuvieron hasta el 20 de octubre del 2019, cuando su cuerpo fue localizado.

Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua, presentados ante un Tribunal de Control para formularles imputación por el delito de desaparición forzada de personas cometido en perjuicio de Cruz Soto Cruz.

Cruz Soto huyó de su municipio junto con su familia y otros integrantes de la comunidad serrana desde el año 2014 después de recibir amenazas de muerte de uno de los grupos delictivos que controlan la Sierra Tarahumara.

Familias de aquella región, los despojaron de sus tierras para sembrar drogas.

Los hechos

El sábado 12 de octubre pasado, Cruz Soto viajó a Témoris, del municipio de Guazapares. Salió de la ciudad de Chihuahua, donde es apoyado con su familia, con una vivienda temporal.

Al siguiente, después de reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de gobierno federal, en la presidencia municipal, lo privaron de la libertad junto con otra persona que lo acompañaba.

Ambos se dirigían en una camioneta a la comunidad Los Llanos, en el mismo municipio, cuando hombres armados que no se identificaron, los obligaron a descender del vehículo, los esposaron y se los llevaron, informó el Centro de Derchos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que lleva el caso de desplazamiento forzado.

De acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) en agosto de 2018, los integrantes de las comunidades de Monterde y de El Manzano, del municipio de Uruachi que también se encuentran desplazados, regresaron a sus casas con resguardo de la Policía Estatal de Chihuahua.

Amenazas

Al siguiente día, cuando regresaron, justo en el lugar donde se habían detenido un día anterior, encontraron a un hombre asesinado que era familiar de la esposa de Cruz Soto.

El cuerpo del hombre asesinado tenía un mensaje escrito, en el que amenazaron de muerte a Soto Caraveo, por acusar de manera activa la situación de la zona de la Tarahumara.

Cruz Soto y su familia huyeron de su tierra en el 2014, cuando un grupo delictivo asesinó al comisario ejidal de Monterde, Alejandro Soto, quien era hermano de Cruz. Posterior al homicidio, dejaron sus casas porque fueron amenazados. Salieron solos, son alrededor de cien personas que dejaron todo para salvar su vida.

La comunidad de El Manzano, que se vio obligada a huir en marzo de 2015, cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La gente de El Manzano, con quienes comparte el desplazamiento forzado la gente de Monterde, dejó su tierra y tampoco cesaron los ataques contra ellos. En total, son 185 personas desplazadas apoyadas por el Cedehm.

El año antepasado, pidieron ir a ver sus propiedades. Cuando regresaron a la capital del estado, les informaron del asesinato de un padre e hijo en Monterde, como represalia de haber ido. Una semana después, visitó Chihuahua la relatoria especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, ahí se entrevistó con las personas desplazadas, incluido Cruz Soto.

El exgobernador indígena de El Manzano y exsíndico del municipio de Uruachi, Cruz Sánchez, ha perdido a dos hijos que intentaron defenderse del grupo delictivo que controla aquella región. Antes de ser desplazados, asesinaron en marzo de 2015 a Benjamín Sánchez, por negarse a ser reclutado por los criminales. En junio de 2016 asesinaron a su otro hijo, Guillermo Cruz.

En el expediente de la CIDH, MC-106/15, detallaron: “El reclutamiento de grupos indígenas rarámuri tiene como fin hacerlos sicarios, para que hagan mal a otra gente y participen en las actividades criminales de esos grupos.

“Somos indígenas de la etnia rarámuri, toda la vida hemos vivido en ese lugar de forma pacífica, somos ejidatarios, nunca hemos tenido problemas”.

En el caso de Cruz Soto, el Cedehm informó que, en diferentes ocasiones, él y “otras personas desplazadas se han entrevistado con autoridades para demandar la aprehensión del grupo del crimen organizado que opera en la zona y así poder regresar en condiciones de seguridad a sus comunidades. La última ocasión fue el 22 de marzo de 2019, en el marco de la revisión de las medidas cautelares de El Manzano, en donde de viva voz (Cruz Soto) denunció las amenazas sufridas y exigió la atención de sus casos”.

La denuncia la hizo frente al titular de la Unidad para la defensa de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, de personal de la Secretaría General de gobierno de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado

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