Caso Iguala: Detienen a exagente ministerial por su presunta participación en tortura

martes, 17 de marzo de 2020 · 20:44
CIUDAD DE MËXICO (apro).- Ezequiel Peña Cerda quien fuera director de área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y mano derecha del anterior titular Tomás Zerón, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo señala como responsable de la presunta tortura infringida a varios implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Junto con Peña Cerda, quien fue aprehendido en la FGR, fue detenido Isidro Junco Barajas, quien fue director de Servicios de Protección a Personas de la Policía Federal Ministerial. De acuerdo con la investigación ministerial, Peña Cerda estaría involucrado en actos de tortura contra Carlos Canto Salgo, uno de los detenidos que al parecer formaba parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, señalado como responsable de la desaparición de los normalistas. En 2015, Canto Salgado denunció formalmente que fue torturado. El año pasado, circulo un video que evidencia la tortura a la que Canto Salgado fue sometido y también, que esta fue la técnica que los funcionarios emplearon para obligarlo a declararse culpable por la desaparición de los estudiantes. Peña Cerda, fue trasladado al estado de Guerrero, en donde fue puesto a disposición del juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales, quien giró la orden de aprehensión en su contra. Por su parte, Isidro Junco Barajas, quien actualmente se desempeñaba como Subdirector de Control Operativo de la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, fue detenido afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, bajo el mismo cargo de presunta tortura al integrante de Guerreros Unidos. De acuerdo con la FGR, el 26 de septiembre de 2014, el grupo de Guerreros Unidos participó en la detención y desaparición del grupo de normalistas. En septiembre de 2019, a cinco años de la desaparición, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reveló que 53 de los 142 presuntos delincuentes que se detuvieron por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ya se encuentran en libertad. Entre ellos, Gildardo López Astudillo, conocido El Gil, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos, quien fue señalado como la persona que ordenó el levantamiento y asesinato de los estudiantes. De ello responsabilizó al Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, el cual, dijo, desestimó 63 de las 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Señaló:
“Se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad, al detectarse: 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia; 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación; 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular; 13  casos de dilación indebida en la puesta a disposición; seis casos de violación al derecho a la defensa adecuada, y un caso de incomunicación”.
El video de la tortura
El 21 de junio de 2019 circuló en redes sociales un video donde se muestra el interrogatorio a Canto Salgado –detenido el 22 de octubre de 2014, acusado de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa– por parte de exfuncionarios de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Tras la difusión del material, donde se ve a Carlos vendado de los ojos y maniatado, y con una bolsa de hule en la cabeza, se logró identificar la voz de dos exfuncionarios públicos: Ariel Agustín Castillo Reyes, de la Semar, y Ezequiel Peña Cerda, de la PFM. Luego de conocerse la grabación, Peña Cerda renunció a la Subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán. [embed]https://www.proceso.com.mx/599826/liberan-a-24-personas-mas-ligadas-al-caso-ayotzinapa-quedan-solo-65-detenidos-de-142[/embed] Por su lado, organizaciones sociales destacaron que el video en el que se observa la tortura contra Canto Salgado muestra que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encubrió esos actos. Señalaron que en la recomendación 15VG/2018, por la que la CNDH se tardó más de cuatro años, el organismo analizó 72 casos de detenidos que acusaron ser víctimas de tortura, pero concluyó que sólo en ocho hubo tal práctica. “La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles, casos donde la tortura es manifiesta y flagrante, por ello, (el video) confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación”, precisaron el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh); Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña; Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz).
“Acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable”, recalcaron tras conocer la grabación.
Al ser cuestionado por reporteros sobre esos hechos, el entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que existía una recomendación para profundizar en la investigación.
“La Comisión Nacional no ha encubierto y rechazo esa afirmación falaz. Esta persona es víctima de violación a derechos humanos, está señalado en la recomendación, por eso vamos a exigir que se profundice la investigación y, además, se investiguen las razones por las cuales no quisieron proporcionar esa información”, dijo entonces el ombudsman.
Y adelantó que interpondría una denuncia penal contra funcionarios de la PGR por el video donde se expone la tortura en contra de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Peña Cerda, quien actualmente trabajaba para la AIC como director de área, fue aprehendido en las instalaciones de esa corporación, en la Ciudad de México, y trasladado a Guerrero para que comparezca ante un juez federal.

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