En México persiste el riesgo para defensores del medio ambiente: Cemda

El informe abunda que las medidas adoptadas por el Estado Mexicano no obedecen a un enfoque amplio y comprensivo. Foto:Benjamin Flores/Procesofoto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) alertó sobre el persistente riesgo en que desarrollan su labor los defensores del medio ambiente en México, 83 de los cuales perdieron la vida de enero de 2012 a diciembre de 2019, 15 de ellos sólo el año pasado.

“En muchos casos de asesinatos se ha identificado que la persona defensora había sido objeto previamente de distintos tipos de agresiones, como amenazas de muerte y descalificaciones públicas, entre otras”, destaca la organización en el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. México 2019.

De acuerdo con el documento, “la estigmatización en los discursos y que posteriormente se refleja en los medios de comunicación y en la opinión pública, puede generar contextos de hostilidad y agravar el riesgo”.

El informe, presentado este martes, se basó en el análisis de notas periodísticas publicadas en 200 medios impresos y digitales a nivel local y nacional, aunado a la información que surge de las asesorías que da habitualmente la organización civil.

Las personas defensoras normalizan la violencia en su contra al considerar que las agresiones son “consecuencia natural” de su labor, de ahí que el informe es sólo una muestra de los ataques, sostiene el reporte.

De acuerdo con el monitoreo de la situación de los defensores en México, de 2012 a 2019 han ocurrido 499 ataques a ambientalistas, con mayor incidencia en 2015 y 2016, con 207 y 85 casos, respectivamente.

Para la organización resulta relevante que la violencia contra los defensores del medio ambiente se disparara a partir de la reforma al sector energético, en 2013.

Del primero de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, el Cemda registró que de 460 denuncias 175 correspondían a amenazas, 84 a agresiones físicas, 82 a criminalización, 70 intimidación y 68 homicidios.

Del total de acciones violentas en contra de los defensores, 29% de los casos estuvieron relacionados con proyectos de energía, de ellos, 66 con proyectos hidroeléctricos y 53 con eólicas.

En ese periodo, la entidad con mayor incidencia fue Oaxaca, con 79 ataques, seguida de Sonora, con 49, y Estado de México, con 48.

Del análisis de las agresiones, el Cemda considera que en 179 agresiones cometidas en este periodo podría identificarse a autoridades como responsables de los ataques: 114 estatales, 42 municipales y en 22 presuntamente la federación fue la responsable.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cometieron 39 agresiones a personas defensoras de la tierra, y aunque aparenta ser una cifra baja, “casi un tercio fueron homicidios, resultando 15 personas defensoras ambientales asesinadas y un intento de homicidio”.

Para el Cemda “es altamente preocupante que el homicidio siga apareciendo como una de las principales agresiones contra quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”.

Uno de los casos más emblemáticos fue el homicidio de Samir Flores Soberanes, el 27 de febrero de 2019, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó “a las y los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al que pertenecía Samir, como contrarios al proyecto termoeléctrico impulsado por el Estado”.

El caso de Samir Flores es un ejemplo claro de los impactos que puede tener la estigmatización contra los defensores de la tierra, el ambiente y el territorio, destaca el Cemda, y menciona que la descalificación que hizo el presidente López Obrador de los opositores a un megaproyecto en la región, de “ultra radicales conservadores”, contribuyó a crear “un ambiente de impunidad y futuras agresiones en contra del movimiento, resultando en el asesinato de Samir”.

Tras destacar que el homicidio de Flores sigue impune, el informe sostiene que “realizar este tipo de declaraciones perpetra la estigmatización y deslegitimación de la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, propicia impactos negativos para las demás personas defensoras que siguen luchando en contra del proyecto, ya que se genera un ambiente hostil y de intimidación”.

Otros casos relevantes son los homicidios de los líderes rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, el 1 de mayo de 2019, con lo que suman al menos una docena de defensores rarámuris asesinados en los últimos años; el 10 de junio fue ejecutado en Chiapas Luis Álvarez Flores, defensor del río Usumacinta y del territorio donde vive el mono saraguato; el 11 de octubre fue ultimado el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Paraje Montero –comunidad del municipio de Malinaltepec–, Isaías Cantú Carrasco, quien acompañaba una lucha comunitaria contra la explotación minera en la región.

En 2019, Oaxaca se posicionó como el estado con más ataques a defensores, con seis casos, seguido de Puebla, Morelos, Chiapas y Estado de México, con cuatro cada uno.

De los 39 ataques registrados en 2019, en ocho casos “estuvieron dirigidos a personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente”, cuatro de ellos específicamente relacionados con el Proyecto Integral Morelos (PIM).

En cuanto a los 15 homicidios de personas defensoras ocurridos el año pasado, Cemda identificó que en la mayoría de los casos las víctimas sufrieron estigmatización, amenazas y agresiones físicas.

Otras agresiones registradas son las amenazas, en 11 casos; criminalización, en nueve, y la intimidación, en ocho, mientras que como autores de las agresiones se identificó en 40.5% de los registros a agentes del gobierno, entre ellos “las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal”.

En su informe, la organización plantea 10 recomendaciones para ser ejecutadas en corto, mediano y largo plazos, a fin de garantizar la labor de los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente.

Como una de las recomendaciones más importantes destaca la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como Acuerdo de Escazú.

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