Gobernador emite declaratoria de emergencia para Colima “ante la inminencia de un desastre sanitario”

José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima. Foto: Twitter @gobiernocolima José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima. Foto: Twitter @gobiernocolima

COLIMA, Col. (apro).- Tras la aparición del primer caso confirmado de Covid-19 en la entidad, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez emitió una declaratoria de emergencia para Colima “ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un desastre sanitario derivado de la pandemia provocada por el coronavirus”.

La declaratoria considera la posibilidad de ordenar “medidas atingentes, a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión, incluyendo la clausura temporal de locales comerciales, centros de espectáculo, locales de fiesta, bares, restaurantes o cualquier otro de convivencia social”, así como “el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier otro que genere la concentración de personas”.

Asimismo, establece que en caso de ser necesario se llevarán a cabo acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención, como “el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la pandemia”.

Entre otras medidas se contempla la inspección de personas que ingresen al territorio y que puedan ser portadoras del virus, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o vehículos del agente.

También se faculta a las autoridades a “ordenar y aplicar sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial, y arresto hasta por 36 horas a la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, o que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad, provocando con ello un riesgo a la salud de las personas”.

El documento fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil (CEPC) –del que es presidente el propio gobernador–, con la asistencia de representantes de diversas instituciones estatales, federales y municipales, así como de organismos empresariales, con la ausencia de la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez.

Entre otras cosas se dispone que las autoridades podrán adquirir equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla.

En el aspecto económico, las autoridades estarán en posibilidad de dictar medidas de beneficios fiscales a los contribuyentes y empresas radicadas en el territorio del estado, así como disponer libremente de todos los medios de transporte propiedad del Estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal al que estén sujetos estos últimos.

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Antes del anuncio de la declaratoria, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, ofreció una rueda de prensa en la que dio a conocer algunas medidas preventivas contra la transmisión del coronavirus, entre ellas la cancelación de las Fiestas de Mayo, la Kermés del mar, el Pacific Bike Week Manzanillo 2020, el Lunes con tu presidenta y las ceremonias cívicas, entre otras actividades que impliquen concentración de personas.

Por su parte, el diputado morenista Vladimir Parra Barragán, presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso local, declaró que el Poder Legislativo no fue invitado a la sesión del CEPC, de la que los diputados se enteraron a través de los medios de comunicación.

Consideró importante atender la crisis sanitaria, pero dijo desconocer si la declaratoria de emergencia es la herramienta adecuada, pues “lo mismo puede ser dañina una medida anticipada que no emitirla a tiempo”.

El legislador se pronunció a favor de que las autoridades sean muy responsables en lo relativo a cuidar la economía de la población, con el propósito de que las consecuencias de la pandemia no sean pagadas por los sectores vulnerables desprotegidos.

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