OAXACA, Oax. (apro).- Frente al estiaje y la crisis sanitaria por el Covid-19, la Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos del pueblo mixe en San Pedro y San Pablo Ayutla. Conformada por ocho organizaciones y la Red Todos los Derechos para Todos, la MCO denunció que “la dilación de las autoridades estatales y federales en la reconexión del agua en Ayutla obstaculiza gravemente las labores preventivas ante la pandemia”. Este jueves, los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe cumplieron mil 017 días sin agua por un conflicto con sus vecinos de Tamazulapam, quienes el 5 de junio de 2017 los despojaron violentamente de su manantial. En el ataque murió Luis Juan Guadalupe. Otros seis hombres resultaron lesionados y cuatro mujeres fueron secuestradas por el grupo armado de Tamazulapam que tomó el manantial. Desde entonces Ayutla no tiene acceso al agua. La MCO exigió ayer “la reconexión del agua para Ayutla, porque la crisis sanitaria derivada del Covid-19, sumada al estiaje de la temporada, además de las afectaciones derivadas de los 1016 días sin agua, pueden resultar en graves consecuencias, no sólo para la comunidad de Ayutla, sino para la región Mixe. Esta situación puede ser evitada por las autoridades estatales y federales, si tienen la voluntad para hacerlo”. En el marco del Día Mundial del Agua, que se festeja el 22 de marzo, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en México presentaron el informe “Misión Civil de Observación: La problemática del derecho humano al agua entre las comunidades mixes de Ayutla y Tamazulapam, Oaxaca”, y consideraron que la situación de la comunidad puede tornarse mucho más grave con el tema del coronavirus. Detallaron que en una visita que realizó la MCO --del 5 al 7 agosto de 2019—“documentamos violaciones al derecho humano al agua del que han derivado otras violaciones a derechos fundamentales: el derecho a la salud, a la vida, a la integridad física y seguridad personal, al debido proceso legal y la seguridad jurídica, afectaciones a los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, y a defender derechos humanos”. Además, la Misión pudo constatar “la dilación en la atención institucional y el hecho de que más de 60 mesas de diálogo no han resuelto nada, tampoco las acciones emprendidas por la Comisión Estatal del Agua (CEA), que ha dilatado la reconexión del líquido a Ayutla e incluso la obstaculizan al favorecer a una de las partes”. Adicionalmente, la existencia de procedimientos agrarios (amparos) interpuestos por las comunidades de Ayutla y Tamazulapam han sido utilizados como pretexto --por parte de las autoridades-- para evitar la reconexión, cuando desde una perspectiva de derechos humanos el agua es un recurso natural no sujeto a negociación ni a chantaje. De igual manera, resaltó su preocupación por la criminalización de las personas defensoras que han alzado la voz para denunciar la crítica situación de la comunidad. Incluso las propias organizaciones participantes de la Misión no han escapado a los señalamientos por su labor de documentación, al tiempo que las autoridades de Tamazulapam niegan la existencia del conflicto. En esta visita “constatamos que la violencia, el despojo y desplazamiento, así como el derecho a la vida y la integridad física, han afectado directamente y de forma diferenciada a las mujeres, al mismo tiempo que se mantienen en resistencia y en la exigencia de justicia”. Añadió: “Es obligación de las autoridades estatales y federales garantizar el derecho al agua a la comunidad de Ayutla Mixe, por lo que urgimos la reconexión para facilitar las labores preventivas ante la crisis de Covid-19 que se avecina y el estiaje de la temporada”. Finalmente, hizo un llamado a las comunidades y autoridades municipales y agrarias de Ayutla y Tamazulapam para privilegiar la construcción de alternativas no violentas que den solución al conflicto que atraviesan, privilegiando en todo momento el respeto y reconocimiento de los derechos humanos para que haya acuerdos duraderos y pueda caminar la solución del conflicto.