“Si no puede, renuncie”, exigen familiares de jóvenes asesinadas al fiscal de Oaxaca

El fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, en una imagen de archivo. Foto: Twitter El fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, en una imagen de archivo. Foto: Twitter

OAXACA, Oax. (apro).- Familiares de Leslye Wilson Pérez, María del Sol Cruz Jarquín y Silvia Ivanna Mingo López, asesinadas en distintos momentos en la entidad, exigieron la renuncia del fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez por su “clara protección a actores políticos afines al PRI” involucrados en los crímenes.

“Si no puede, renuncié” exigieron a Vasconcelos, en tanto que al gobernador Alejandro Murat Hinojosa lo acusaron de insensibilidad porque “escudado en la ‘supuesta autonomía’ de la Fiscalía no parece inmutarse, y nosotras, las madres y familiares de Ivanna, María del Sol y Leslye, asumimos su falta de respuestas como un acto de complicidad y protección a los responsables”.

Subrayaron: “Las irregularidades en los tres casos revelan con claridad diversos actos de negligencia y omisiones cometidos por la Fiscalía General que encabeza Rubén Vasconcelos y la protección a personas ligadas al PRI, partido político al que ya hemos solicitado deje de solapar a estos criminales”.

Los crímenes de Leslye Wilson Pérez, María del Sol Cruz Jarquín y Silvia Ivanna Mingo López tienen en común la implicación directa o indirecta de personas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional, y al mismo tiempo la impunidad.

A esos casos se suma el de María Elena Ríos Ortiz, la saxofonista atacada con ácido por presuntas órdenes del exdiputado priista Antonio Vera Carrizal.

Las familias de las tres jóvenes señalaron que en los procesos de investigación por parte de elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) ha operado la negligencia, omisión, impericia y hasta dolo para proteger a los responsables de sus asesinatos, directos e indirectos.

En ese sentido, solicitaron “de manera reiterada a la Fiscalía lo que por derecho le corresponde a nuestras hijas y a sus familias como víctimas indirectas: la justicia, que pasa por el ejercicio libre y sin condicionamiento alguno, ni hechos de corrupción, ni de protección a quienes resulten implicados, lo que hasta el día de hoy no ha sido garantizado por el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, a quien le decimos que, si no puede, renuncié”.

En una carta enviada a la opinión pública, las familias presentaron un resumen de los lamentables sucesos en que perdieron la vida Leslye Wilson Pérez, María del Sol Cruz Jarquín y Silvia Ivanna Mingo López.

La primera, de 25 años, fue asesinada el 21 de noviembre de 2011, cuando fue arrojada desde un sexto piso en el Fraccionamiento Punta Vizcaya, en el conjunto habitacional de El Rosario, en un municipio conurbado a la capital oaxaqueña.

Según el relato, en un principio se pretendió disfrazar de suicidio y fue gracias a peritos de la entonces Procuraduría General de la República que se demostró que la joven había sido lanzada al vacío.

De los siete involucrados en el crimen, sólo una está en proceso: Zuilma O.M. Los otros, Ogilvie Berenice M.S., Jael Jair C.M., Cecilia R.S., Eréndira Osiris R.S., Abraham Abdalá R.S., y Edel Jaiver S.V., todos familiares directos de la extinta exsenadora priista Cirila Sánchez, siguen en libertad.

Ogilvie Berenice M.S. fue detenida en febrero de 2014, pero absuelta en mayo de 2015, mientras que Jael Jair C.M. fue arrestado en noviembre de 2015 y liberado en 2018. En mayo de 2019 fue asesinado en una céntrica calle de la capital oaxaqueña.

Cecilia R.S. fue detenida en la Ciudad de México en abril de 2015, y en octubre de 2017 “de manera extraña le fue girada una orden de libertad a las 12 de la noche. Se apeló ante el juez y en noviembre de 2018 le fue revocada la sentencia absolutoria. Le giraron una orden de reaprehensión y recibe una sentencia de 30 años, así como el pago de reparación del daño por 134 mil 378 pesos.

Cecilia R.S., su hermana Eréndira Osiris R.S., Abraham Abdalá R.S. y Edel Javier S.V. se encuentran prófugos de la justicia. La única persona que está recluida es Zuilma O.M.

María del Sol Cruz Jarquín, de 27 años de edad, fue asesinada con armas de alto poder junto con la regidora con licencia Pamela Itamaray Terán Pineda y el chofer de ésta, Adelfo Guerra Jiménez, el 2 de junio de 2018, en Juchitán de Zaragoza.

La fotógrafa y videasta era jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, y en una flagrante violación a la ley electoral fue enviada por el priista Francisco Montero López, titular de la SAI, a cubrir la campaña política de su hermano –entonces regidor de Juchitán y candidato a la alcaldía por el PRI-PVEM-PNA–, so pena de perder su empleo.

La investigación que habría arrojado diversas vertientes sigue en proceso. Hay un solo detenido, a quien no se le ha podido realizar la audiencia intermedia por “errores técnicos de la fiscalía”, aunque se trata tan sólo del “eslabón más débil de la cadena, pues falta por dar con quienes habrían sido los autores materiales y sobre todo los intelectuales de la triple ejecución.

Se abrieron dos investigaciones más. Una en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, misma que se judicializó hasta diciembre de 2019, es decir, un año y medio después de los hechos, y otra por el robo del equipo propiedad de la víctima: una cámara de video y otra de fotografía, así como una computadora MacPro, judicializada un año después.

Silvia Ivanna Mingo López, de 26 años de edad, murió en un accidente automovilístico el 21 de octubre de 2018 en la ciudad de Oaxaca. El responsable es Alfredo D.C., líder juvenil del PRI. Rebeca Leticia C.N., madre del acusado de “homicidio culposo” y en esos momentos delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha sido acusada por obstrucción de la justicia.

Ante la impericia de la FGE, la familia tuvo que efectuar diversas actividades para que se realizara la imputación a Alfredo D.C. “por todos y cada uno de los delitos en los que incurrió”, debido a que el accidente sucedió a las 3 horas y la víctima fue llevada poco antes de las 7 horas al hospital general Dr. Aurelio Valdivieso, aunado a los datos que arrojó la autopsia, que señala que Ivanna murió alrededor de las 5 de la mañana. Es decir, la víctima estuvo casi dos horas sin atención médica.

Entre las actividades solicitadas destacan: entrevistas con el personal del bar le Musique, de donde salieron el imputado y la victima; las declaraciones de las enfermeras y personal de vigilancia del Hospital General Aurelio Valdivieso, ubicado a unas cuadras de donde ocurrió el accidente; los videos de todas las cámaras del hospital; declaraciones y videos de vecinos de la casa de la madre del imputado Rebeca Leticia C.N.; y peritajes de criminalística, entre otros.

El fiscal Vasconcelos se comprometió a realizar las investigaciones, pero el tiempo pasó y no hizo nada. Todas las pruebas con que se cuenta, es porque la familia de Ivana las consiguió.

En diciembre pasado y ante la falta de resultados, la familia solicitó el cambio de la agente del Ministerio Público Roxana Reyes Vásquez, que ocurrió dos meses después.

Otra irregularidad se detectó en la actuación del médico forense Jaime Alfonso Mayoral Vásquez, quien en un primer dictamen mencionó que Ivanna murió alrededor de las 5 horas, pero tres meses después, cuando la familia tuvo las copias de la carpeta de investigación, el dictamen forense –firmado por el mismo médico– señalaba que la muerte de la joven fue instantánea. “¿Cómo es posible esto? ¿Quién le ordenó que hiciera una reconsideración?”.

Las irregularidades en los tres casos revelan con claridad diversos actos de negligencia y omisiones cometidos por la FGE y la protección a personas ligadas al Revolucionario Institucional (PRI), “partido político al que ya hemos solicitado dejé de solapar a estos criminales”, subrayaron las familias de las jóvenes.

Y advirtieron: “Seguiremos exigiendo justicia para nuestras hijas”.

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