Opositores a la extracción de titanio en el Soconusco denuncian amenazas e intimidación

Activistas contra la industria extractiva de titanio. Foto: Especial Activistas contra la industria extractiva de titanio. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Representantes de una empresa minera y funcionarios del gobierno chiapaneco amenazaron a líderes opositores a esta industria extractiva en la región del Soconusco que si no les permiten la explotación de titanio en sus territorios les aplicarán el “estado de derecho”, pues cuentan ya con el aval de las autoridades locales para proceder legalmente contra ellos.

Miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y la organización civil Otros Mundos Chiapas A.C., miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), denunciaron que el gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por Concepción Zavala López, convocó a una reunión de trabajo a miembros de Frente Popular para “dirimir conflictos sociales”.

El encuentro, denunciaron se llevó a cabo sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hubieran solicitado.

Señalaron que la reunión se llevó a cabo con el empresario Víctor Espinoza, representantes de la firma minera El Puntal S.A. de C.V.

El objetivo del encuentro fue para advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará en todo momento el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus trabajos.

En la citada reunión, donde estuvieron presentes funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Procuraduría Agraria, el empresario Víctor Espinoza señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y amagó con presentar denuncias penales en contra de cada uno de ellos.

Ante esto, las organizaciones civiles adheridas a la REMA, expresaron su preocupación ante el evidente respaldo que tiene ahora la empresa del gobierno de Chiapas.

“El gobierno le está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua”, dijeron los activistas.

“Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan el estado de derecho al servicio de una empresa y de intereses privados.

“Por el contrario, ‘el estado de derecho’, en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros”, señalaron.

Recordaron que del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal, misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR.

En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente.

Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario. En este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa, Julio Alfaro; pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, y la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.

Dijeron que desde esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertieron que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos.

Señalaron que el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio es una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes.

Argumentaron que su labor desde 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera, y que sus acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.

Responsabilizaron al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos.

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